En Colombia, problemas estructurales relacionados con las desigualdades profundas, la pobreza multidimensional, los bajos niveles de educación, el conflicto armado y las normas tradicionales impulsadas por la cultura machista han puesto a las mujeres en situación de vulnerabilidad manifiesta. A lo anterior, se suman factores diferenciales como la nacionalidad, la pertenencia étnica, la edad y la orientación sexual y de identidad de género, que llegan a aumentar las probabilidades de sufrir algún tipo de violencia.
En diversos territorios del país se han profundizado las brechas en el acceso a los servicios de atención en salud por razones asociadas a los flujos migratorios mixtos, la pandemia de la COVID-19, el conflicto armado y las emergencias humanitarias. En este contexto, la respuesta al fenómeno de las violencias, reconocido como un problema de salud pública, ha generado impactos diferenciados en las mujeres, adolescentes y niñas colombianas, retornadas y migrantes.
En los contextos asociados a flujos migratorios mixtos se han identificado cientos de casos de violencias de género. Violencias físicas, psicológicas y sexuales han sido identificadas como recurrentes, afectando en mayor proporción a las mujeres, adolescentes y niñas. Así mismo, se identifican dificultades en las atenciones a las violencias desde el sector salud, asociadas a la alta rotación de personal, el desconocimiento de las rutas, la deshumanización de las atenciones y los procesos constantes de revictimización. Lo anterior profundiza los desafíos de acceso a la atención de las personas víctimas teniendo en cuenta el rol del sector salud como primer respondiente al fenómeno de las violencias y con responsabilidades clave en la articulación intersectorial para los servicios de justicia y protección.
Con el fin de reducir los impactos en la salud física y mental de las mujeres sobrevivientes de las violencias de género, y fortalecer las capacidades instaladas del sector salud, el proyecto “Institucionalización y fortalecimiento de capacidades para hacer frente a la violencia de género en el clúster de salud y en la respuesta a las emergencias de la OMS”, financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE. UU, ha fortalecido las capacidades de funcionarias y funcionarios de salud frente a el abordaje integral a los casos de violencias de género, el acompañamiento humanizado con enfoque basado en las personas sobrevivientes y la atención en primera línea.
El proyecto, que se desarrolla en un marco de activa participación y coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, el clúster salud, las autoridades departamentales y municipales, y las organizaciones comunitarias, ha priorizado los departamentos de Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Nariño, zonas geográficas con necesidades y desafíos particulares asociados a las dinámicas de la migración. Así, altos niveles de flujos de personas migrantes y refugiadas, cifras preocupantes de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, fenómenos como la trata de personas con fines de explotación sexual, violaciones, acosos sexuales, entre otros, y su ubicación en diferentes puntos de frontera, resultaron ser factores clave para su priorización.
El proyecto implementó diversas acciones encaminadas a acompañar y apoyar la respuesta a las violencias en contextos de flujos migratorios mixtos, y que se asocian a fortalecer capacidades de funcionarias y funcionarios de la salud, las mesas de salud lideradas por el clúster y los espacios comunitarios y de la sociedad civil. Así mismo, se construyeron herramientas complementarias a los procesos de aprendizaje presenciales. Finalmente, se lograron pilotear herramientas para la aplicación de una evaluación rápida de los servicios de salud en algunas instituciones de I, II y III nivel, ejercicio que facilitó identificación de necesidades, desafíos y buenas prácticas de la respuesta institucional a la violencia sexual.
Mas de 400 funcionarios y funcionarias de la salud han acompañado las metodologías planteadas por la OPS/OMS en Colombia, han participado en el desarrollo de espacio de formación y han construido herramientas que permiten reconocer su rol en las atenciones en primera línea a las violencias de género, transformando estereotipos asociados a las discriminaciones.
En las actividades asociadas a la identificación de necesidades, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades, impulsadas en el marco del proyecto han participado centros de salud e instituciones de primer, segundo y tercer nivel como los hospitales Erasmo Meóz en Cúcuta, Emiro Quintero Cañizares en Ocaña, Divino Niño en Tumaco y Julio Méndez Barreneche en Santa Marta, entre otros.
En el marco del ejercicio de trabajo institucional persisten creencias, acciones y normas sociales que tienen como base estereotipos de género, que profundizan las discriminaciones contra las mujeres, niñas y adolescentes migrantes. En dicho contexto, la OPS/OMS Colombia ha reiterado el compromiso para acompañar y trabajar de la mano de las autoridades de la salud, nacionales y territoriales y comunidades, buscando generar espacios seguros para quienes pueden estar en riesgo o sufrir algún hecho de violencias de género – VBG.
Así mismo, la organización continúa trabajando en el cierre de brechas institucionales del sector salud frente a la respuesta integral a las VBG. Resulta fundamental que las acciones de fortalecimiento dirigidas a funcionarias y funcionarios de la salud estén acompañadas de un abordaje integral para la transformación de estereotipos de género y las masculinidades no normativas, que faciliten la detección de casos y la prevención de este tipo de hechos.
Finalmente, las instituciones nacionales y territoriales han reconocido y llamado la atención sobre la importancia del rol que tienen las y los funcionarios de la salud en las atenciones y acompañamientos a las violencias de género, en especial las violencias sexuales. Así, la atención en salud resulta ser, en muchos casos, la puerta de entrada a la ruta de atención y a la articulación con todos los demás sectores (justicia y protección). Dicho esto, resulta fundamental continuar el trabajo de acompañamiento, sensibilización e instalación de capacidades para disminuir los riesgos de victimización y aportar a la garantía del derecho que tenemos todas y todos a vivir una vida libre de violencias de género.
