Respuesta posterior al siniestro

Mensajes clave

Política y marco jurídico:

6 países de la Región notifican tener una ley de provisión de acceso universal que obliga a la protección financiera o requiere la atención gratuita de emergencias.
17 países cuentan con una ley nacional que exige a los centros de atención médica atender a cualquier persona con una emergencia de salud.
3 países (Canadá, Estados Unidos y Panamá) cuentan con una ley nacional delbuen samaritano.
12 países notificaron que tienen una legislación que garantiza la atención médica de rehabilitación “sin excepción” y 6 países lo hacen con “algunas excepciones”.
18 países notificaron que tienen acceso gratuito a los servicios públicos y gubernamentales para la asistencia psicológica.
27 países notificaron que contaban con una legislación nacional que exige el seguro de responsabilidad civil para todos los vehículos de motor.
25 países cuentan con una oficina, organismo o área líder dentro del Ministerio de Salud u otro ministerio que es responsable de la atención de emergencias.
2 países incluyeron una meta sobre el tiempo de respuesta en minutos en sus estrategias de seguridad vial; aunque ninguno de los 2 notificó este indicador, otros 14 países si lo cuantifican a nivel nacional y 5 a nivel subnacional.

Evaluación integral: 5 países (Belice, Costa Rica, Jamaica, Paraguay y Trinidad y Tabago) han llevado a cabo una evaluación integral del sistema nacional de atención de emergencias y cuidados críticos, con el objetivo de identificar brechas y acciones prioritarias para fortalecer la atención de emergencias. Para ello, han empleado la herramienta Evaluación del Sistema de Atención de Emergencias y Cuidados Críticos (ECCSA, por su sigla en inglés) de la OMS.
Número telefónico: 13 países notifican que disponen de un número único de acceso a los servicios de atención de emergencias con cobertura para todo el país. Barbados, Colombia y República Dominicana avanzaron con respecto a lo notificado en el 2018.
Recursos humanos:

Certificación de proveedores:

11 países notificaron que disponían de una vía de certificación oficial avalada por el gobierno de su país para los proveedores de atención prehospitalaria. El avance observado con respecto al 2018 se produjo en Canadá, Jamaica y Uruguay.
5 países cuentan con legislación nacional que exige capacitar, otorgar licencia o certificar al personal que brinda la primera respuesta en salud.

Especialización de posgrado:

14 países notificaron que ofrecen cursos de especialización de posgrado para el personal de enfermería en atención de emergencias o atención traumatológica. Argentina, Paraguay, El Salvador y Uruguay notificaron haber avanzado en este tema con respecto a lo documentado en el 2018.
23 países notificaron que poseen una especialización en medicina de emergencias. El Salvador notificó avances con respecto a lo informado previamente en el 2018.
19 países notificaron que poseen una especialización médica en cirugía de trauma, entre los que se incluyen Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guyana, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tabago, que no poseían esta especialización en el 2018.

Fortalecimiento de la capacidad (formación continua):

Con la articulación de esfuerzos de la OPS, la OMS y la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, se certificó a 164 profesionales como proveedores de atención básica de emergencia (BEC, por su sigla en inglés) y se logró preparar a 58 facilitadores para difundir este curso en la Región.
2 países han avanzado en la institucionalización para el impulso de una estrategia de capacitación en cascada del curso de BEC para la formación continua y la certificación del personal de salud.

Registros traumatológicos: 15 países notificaron que llevan registros traumatológicos con datos aportados por los distintos establecimientos a nivel nacional. Se notificaron mejoras en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Dominica y Guyana con respecto a lo notificado en el 2018.

La información recabada para la preparación de este informe permite dar seguimiento a las recomendaciones para fortalecer la atención de emergencias traumatológicas (20) y con ello atender el mandato que la OPS ha recibido de los Estados Miembros a través de distintas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud. Las dos más recientes, aprobadas durante el 2023, buscan impulsar esfuerzos adicionales para consolidar, a escala mundial, los que se han venido promoviendo durante los últimos 20 años.

En mayo del 2023 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Resolución 76.2: Integración de la atención quirúrgica y los cuidados intensivos y de urgencias para la cobertura sanitaria universal y la protección frente a emergencias sanitarias (21). Más adelante, en octubre del 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 78.4: Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal, en la que se busca intensificar los esfuerzos por atender las necesidades específicas de salud física y mental de todas las personas, entre las que se incluyen las lesionadas por el tránsito, mediante el fortalecimiento de los sistemas integrados de atención de emergencias,⁵⁸ quirúrgica y de cuidados intensivos (22).

Diseño de una política

Se ha recomendado la necesidad de establecer una política que favorezca el financiamiento sostenible, la gobernanza eficaz y el acceso universal a una atención de emergencias, quirúrgica y de cuidados intensivos, de forma segura, con altos estándares de calidad y basada en las necesidades de la población (20). Es siempre deseable que esas políticas estén, a su vez, sustentadas en marcos legales o regulatorios, lo que permitiría a la gobernanza, a la que indisolublemente se asocia con la capacidad de liderazgo de las autoridades nacionales, ser explícita. La existencia de normas legales y obligatorias explícitas para el financiamiento sostenible también promoverían la existencia de recursos financieros suficientes. Para este informe, 6 países de la Región⁵⁹ notifican que ya tienen una ley de provisión de acceso universal que obliga a la protección financiera o requiere la atención gratuita de emergencias. Otros 15 países cuentan con la existencia de una ley que garantiza el acceso a la atención de emergencias y que asegura que no se tenga que pagar antes de recibir atención.⁶⁰ Dos países (Belice y México) notifican que existe legislación para brindar acceso a servicios de emergencia y que el costo de la atención depende de la capacidad de pago; solo en algunos casos, la gente debe pagar de su bolsillo antes de recibir atención. Por otro lado, 1 país (Haití) notifica que, si bien cuenta con algún tipo de legislación sobre el acceso a la atención de emergencias, prácticamente todas las personas deben pagar de su bolsillo antes de recibir atención. Finalmente, 2 países (Dominica y Trinidad y Tabago) notifican que no existen leyes para garantizar el acceso a los servicios de atención de emergencia.

Durante el proceso de validación, la OMS tuvo acceso a instrumentos legales de los países de la Región participantes y determinó que 17 de ellos⁶¹ cuentan con una ley nacional que exige a los centros de atención médica atender a cualquier persona con una emergencia de salud. En 3 de estos países (Argentina, Costa Rica y Cuba), el mandato aplica únicamente a centros de salud públicos, lo que no lo limita, pues sus sistemas de salud se basan en servicios públicos, mientras que en 8 países aplica tanto a centros públicos como privados.⁶² Como antecedente, el análisis realizado en el 2015 identificó que solamente en 2 países (Ecuador y Nicaragua) la ley estipulaba que los hospitales debían proporcionar servicios de estabilización gratuita a todas las personas lesionadas que se presentaran en los servicios de emergencias.

Se ha destacado que brindar el servicio de rehabilitación en etapas tempranas disminuye la estancia hospitalaria y los costos de forma importante, lo que hace que la atención de emergencia sea aún más efectiva en función del costo (23). Doce países de la Región⁶³ notificaron que tienen una legislación que garantiza la atención médica de rehabilitación “sin excepción” y 6 países con “algunas excepciones”⁶⁴ (cuadro 15). A partir de la revisión de distintos instrumentos legales, la OMS determinó que 8 países⁶⁵ cuentan con una ley nacional de acceso a la rehabilitación sin importar la capacidad de pago de las personas. Mientras que 18 países notificaron que tienen acceso gratuito a los servicios públicos y gubernamentales para la asistencia psicológica,⁶⁶ la revisión de los instrumentos legales realizado por la OMS concluyó que 3 países (Argentina, México y Suriname) cuentan con una ley nacional de atención psicológica para las víctimas y familiares, independientemente de su capacidad de pago. Ambos servicios son clave para la respuesta posterior al siniestro integral (24).

Cuadro 15. Excepciones en la garantía de atención médica de rehabilitación a las personas lesionadas

De los países participantes, 18 notificaron que tienen fondos específicos asignados en el presupuesto del gobierno para la atención médica y el tratamiento de las lesiones sufridas como resultado de un siniestro de tránsito,⁶⁷ 15 más para la rehabilitación de sobrevivientes⁶⁸ y 13 para los cuidados paliativos de las personas sobrevivientes.⁶⁹

Por otro lado, 27 países⁷⁰ manifestaron que contaban con legislación nacional que exige el seguro de responsabilidad civil para todos los vehículos de motor. Con excepción de Bolivia (Estado Plurinacional de), que notificó que su legislación no aplica para autobuses de pasajeros, en estos 27 países se cubre a todos los vehículos de motor de dos a cuatro ruedas, autobuses y vehículos para el transporte de carga. En Bahamas, Guatemala, Perú y Trinidad y Tabago, la legislación aplica a bicicletas y en Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Guyana, Perú y Santa Lucía también a vehículos de movilidad personal (incluidos los escúteres eléctricos). La protección de daños a terceros cubre lesiones personales en 22 países, la muerte en 21, la discapacidad en 20 y el apoyo legal en 5. En cuanto a la protección de los ocupantes de los vehículos asegurados, en 17 países se notificó que incluían las lesiones personales, en 18 la muerte, en 16 las discapacidades y en 5 el apoyo legal (cuadro 16).

Sin embargo, es evidente la necesidad de avanzar con el aseguramiento universal de los vehículos de motor, especialmente aquellos vinculados a servicios de transporte de personas, públicos o no. La relación porcentual entre el total de vehículos asegurados y el total de vehículos registrados varió en un 25% o menos en Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana; del 26% al 50% en México y Uruguay; del 51% al 75% en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Costa Rica; y en más del 100% en Chile y Nicaragua.⁷¹

Cuadro 16. Cobertura del aseguramiento obligatorio de responsabilidad civil para vehículos notificada por los países participantes

Oficina responsable de la atención de emergencias en el ministerio de Salud

Los países deben disponer de una política con un mecanismo de gobernanza que permita la coordinación de los servicios habituales de atención de emergencias y la vinculación con organismos de otros sectores para responder a desastres y brotes. Un elemento clave que recomienda la OPS para lograrlo es que cada país de la Región designe una oficina o un área responsable de la atención de emergencias dentro del ministerio de Salud.

Según la información notificada por los países participantes, 25 de ellos⁷² ya cuentan con una oficina, organismo o área líder dentro del ministerio de Salud u otro ministerio gubernamental responsable de la atención de emergencias (cuadro 17). Sería importante analizar con más detalle cuántas de esas entidades tienen competencias y atribuciones para toda la atención integrada, desde la recepción de la llamada en los centros de despacho hasta los servicios de atención prehospitalaria, las unidades de emergencias hospitalarias, los cuidados críticos y operatorios, de esas entidades los servicios de rehabilitación. Estas competencias y atribuciones propiciarían una gestión efectiva. Para ello, la realización de un ejercicio nacional de la ECCSA es de gran ayuda.

Cuadro 17. Nombre del área del ministerio de Salud u otro organismo responsable de la atención de emergencias

Nota: Se hace notar que Belize Emergency Response Team (BERT) es una organización no gubernamental (ONG) que recibe financiamiento del Ministerio de Salud y Bienestar del país para apoyar con la atención prehospitalaria principalmente de la ciudad de Belice, pero no es parte del ministerio. Mientras que la Cruz Roja de Belice también es una ONG, la National Emergency Management Organization (NEMO) es el único departamento del gobierno de Belice y la autoridad responsable encargada de mantener a Belice en estado de preparación para cualquier emergencia que pueda requerir una respuesta nacional (como un desastre), y es responsable de la capacitación y la coordinación entre el sector público y el privado. El Ministerio de Salud y Bienestar está trabajando en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer la atención de emergencias y cuidados críticos en el país.

Análisis situacional

Una de las recomendaciones de la OPS para fortalecer la atención de emergencias traumatológicas es identificar las áreas susceptibles de mejora y la priorización de acciones de fortalecimiento a través de un diagnóstico situacional realizado con la herramienta ECCSA. En años recientes, se ha logrado avanzar en la Región de las Américas en el uso de la herramienta estandarizada que la OMS diseñó para facilitar el desarrollo de hojas de ruta que permitan fortalecer, de forma integral, la atención de emergencias.

Si bien para el 2018 5 países (Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México y República Dominicana) notificaron que habían realizado una evaluación estandarizada del sistema de atención de emergencias, solo República Dominicana notificó que había empleado la herramienta de la OMS.⁷³ En el cuadro 18 se presentan las herramientas empleadas por los otros cuatro países. Para el 2023 otros cinco países notificaron que habían llevado a cabo este ejercicio; sin embargo, Costa Rica, Paraguay y Trinidad y Tabago tomaron ventaja de la herramienta ECCSA. Durante el 2023, Belice y Jamaica completaron este ejercicio, luego de haber concluido la recolección de información para este informe (recuadro 12). Estas últimas evaluaciones se tradujeron en un plan de acción prioritario para la atención de emergencia, lo que permitirá a los ministerios de Salud y demás instituciones involucradas de estos países avanzar de forma más estratégica.

Cuadro 18. Otras herramientas para una evaluación de los sistemas de atención de emergencias prehospitalarios

Recuadro 12. Evaluación de los Sistemas de Emergencias y Cuidados Críticos en las Américas

A partir de que la Asamblea Mundial de la Salud aprobara la Resolución 72.16 en el 2019, en la que se solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) brindar orientación y cooperación técnica para fortalecer los sistemas de atención de emergencias, 5 países han sacado provecho de la herramienta de Evaluación del Sistema de Atención de Emergencias y Cuidados Críticos (ECCSA, por su sigla en inglés), desarrollada por la OMS: Trinidad y Tabago (2019), Paraguay (2022), Costa Rica (2022), Belice (2023) y Jamaica (2023). Más recientemente se está avanzando en el diálogo para impulsar este tema en otros países de la Región.

La ECCSA es una herramienta estandarizada que facilita la planificación estratégica basada en las características locales y que se diseñó para ayudar a los responsables de formular políticas, y a los planificadores, a evaluar de forma integral el sistema nacional o los sistemas regionales de atención de emergencias (incluidos los cuidados críticos), identificar las brechas o deficiencias y facilitar el establecimiento de prioridades. Se basa en el marco de referencia del sistema de atención de emergencias desarrollado por la OMS junto con un grupo de expertos.

Con el apoyo coordinado de los tres niveles de la Organización (la sede de la OMS en Ginebra, la oficina regional y las oficinas de la Representación de la Organización Panamericana de la Salud en los países), los ministerios de salud lideran este ejercicio de reflexión en el que se convoca a profesionales y expertos locales responsables de formular políticas, proveedores o administradores de servicios prehospitalarios y hospitalarios públicos o privados, e investigadores o epidemiólogos con experiencia en emergencias buscando que representen los distintos niveles y regiones del país. A través de este ejercicio, se promueve el consenso sobre el diagnóstico y las acciones prioritarias que se pueden (o deben) llevar a cabo para fortalecer la atención de emergencias y cuidados críticos. Así, este ejercicio facilita el desarrollo de hojas de ruta o planes de acción para implementar estas medidas en el corto, medio y largo plazo, para identificar oportunidades de trabajo conjunto y cooperación técnica.

Nota: Para mayor información sobre estas actividades realizadas en distintos países:

Fuente: Elaboración propia, con base en Organización Panamericana de la Salud. Fortalecimiento de la respuesta post-siniestro en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2023; Organización Panamericana de la Salud. Marco de referencia de la OMS del sistema de atención de emergencia. Washington, D.C.: OPS; 2022.

Fortalecimiento del marco legal y normativo

Es necesario garantizar un marco legal y normativo⁷⁴ que incluya distintos elementos esenciales. La obligatoriedad de proporcionar atención integrada de emergencias, cuidados críticos y operatorios, rehabilitación y asistencia psicológica, sin importar la capacidad de pago de las personas lesionadas, así como la protección legal de las personas que de buena fe asisten a quienes se lesionan a través de las llamadas leyes del buen samaritano,⁷⁵ son temas importantes y prioritarios. La revisión de los instrumentos legales llevada a cabo por la OMS para este ejercicio concluyó que solo Canadá y Estados Unidos ⁷⁶ cuentan con una ley nacional delbuen samaritano. Luego de la publicación del informe mundial del 2023 (3), se notificó que Panamá también contaba con una ley del buen samaritano (recuadro 13). Se documentó además que 7 países (Bolivia [Estado Plurinacional de], Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana) cuentan con una ley nacional que exige que los transeúntes ayuden a cualquier persona involucrada en una emergencia o siniestro de tránsito. De estos países, 4 (Ecuador, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana) incluyen la definición de siniestro de tránsito en dicha ley, aunque solo República Dominicana define claramente lo que es una emergencia de salud.

Finalmente, la revisión de instrumentos legales permitió documentar que 5 países (Ecuador, Jamaica, México, Paraguay y República Dominicana) cuentan con una ley nacional que exige capacitar, otorgar licencia o certificar al personal que brinda la primera respuesta en salud.Otros elementos de clave de importancia que no fueron incluidos en la revisión pueden consultarse en publicaciones previas (20, 25).

Recuadro 13. Ley del buen samaritano de Panamá

Tras la evitable muerte del doctor Kreslyn Rodríguez, de 43 años, que circulaba en su motocicleta el 29 de julio del 2016, la Asamblea Nacional de la República de Panamá publicó la Ley 57 el 30 de noviembre del mismo año. Esta ley (conocida también como “ley del buen samaritano”) establece protección legal para las personas que auxilian y atienden a otras que presentan una situación de emergencia. El 26 de diciembre del 2017, el Ministerio de Salud publicó el Decreto Ejecutivo N.º 346 que reglamenta dicha ley.

Al igual que otras muertes que ocurren en la vía pública, un aspecto clave fue la demora de la atención médica. Según informes locales, el tiempo de respuesta registrado en este caso pudo haber sido de entre 50 y 77 minutos. De ahí que los países adoptaran la meta 12 del Plan Mundial 2021-2030, en la esfera de la prestación de atención de emergencia en un siniestro de tránsito, con la que se comprometen a que “para 2030, todos los países habrán establecido y alcanzado metas nacionales con objeto de reducir al mínimo el intervalo de tiempo transcurrido entre un accidente de tránsito y la prestación de atención de emergencia por parte de profesionales”.

Este caso evidenció, además, lo importante que habría sido contar con una ley que hubiera protegido a las personas que podían haber brindado asistencia al doctor Rodríguez en el lugar. Más aún, la historia se hizo viral en las redes sociales precisamente porque el doctor Rodríguez, como médico, pidió ayuda a distintos transeúntes, sin que nadie se acercara para asistirlo. Incluso el personal de seguridad, con habilidades básicas y siguiendo las instrucciones de un médico, podría haber salvado su vida. Hasta antes de esta ley, los habitantes de Panamá tenían temor de informar o brindar asistencia a personas lesionadas en el tránsito por la posibilidad de ser imputados en procesos judiciales por los resultados de sus acciones, o la obligación de acudir como testigos durante el proceso de investigación policial.

Además de la ley del buen samaritano, que brinda protección legal a quienes intentan salvar la vida de las personas que padecen siniestros de tránsito, también deberían revisarse o simplificarse los procedimientos correspondientes, así como favorecer su divulgación al público y la capacitación de todos los servidores públicos que otorgan servicios directos.

A raíz de este evento, también se reconoció la importancia de capacitar en primeros auxilios a los grupos de personas que se encuentran vinculadas al sistema de atención de emergencias, con el objeto de contribuir a la prevención de este tipo de accidentes. Para apoyar a los países en este tema, la Organización Mundial de la Salud está a punto de lanzar un programa de capacitación para apoyar la respuesta comunitaria de primeros auxilios (CFAR, por su sigla en inglés), que será impulsado en la Región de las Américas en un futuro cercano.

Fuente: Elaboración propia, con base en Asamblea Nacional de la República de Panamá. Ley 57, de 30 de noviembre del 2016, que establece protección legal para las personas que auxilian y atienden emergencias y urgencias. Gaceta Oficial Digital N.º 28169-A, Año CXV, 1 de diciembre del 2016. Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28169_A/GacetaNo_28169a_20161201.pdf; Ministerio de Salud. Decreto Ejecutivo N.º 346, de 26 de diciembre del 2017, que reglamenta la Ley 57, de 30 de noviembre del 2016, que establece protección legal para personas que auxilian y atienden emergencias y urgencias. Gaceta Oficial Digital N.º 28439, Año CXVII, 5 de enero del 2018. Disponible en: http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28439_2018.pdf; Zeballos E. Nuevas medidas tras la muerte del médico Kreslyn. El Siglo, Nacionales, 4 de agosto del 2016 [consultado el 24 de octubre del 2023]. Disponible en: https://elsiglo.com.pa/panama/nacionales/nuevas-medidas-tras-muerte-medico-kreslyn-FVES23954363; Organización Mundial de la Salud/Naciones Unidas. Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030. Washington, D.C.: OMS/ONU; 2021. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030

Acceso efectivo a la atención prehospitalaria de emergencias

En todos los países se debe garantizar el acceso a la atención prehospitalaria de emergencias a todas las personas lesionadas a través de sistemas informales o formales; al final, cada país instrumenta tales sistemas según los recursos que tiene disponibles. Brindar atención formal prehospitalaria de emergencias supone necesariamente contar con un número telefónico único de acceso universal y gratuito para activar el sistema y la respuesta oportuna.⁷⁷

Para el 2023, 13 países notifican que cuentan con un número único de acceso a los servicios de atención de emergencias con cobertura para todo el país.⁷⁸ Cinco países disponen de un número de acceso a los servicios de atención de emergencias con cobertura para todo el país, y de otros números con cobertura parcial (Canadá, Cuba, Haití, Santa Lucía y Trinidad y Tabago). Nueve países continúan con múltiples números de acceso a los servicios de atención de emergencias que, en conjunto, proporcionan cobertura a todo el país.⁷⁹ Por último, 5 países notifican que tienen uno o más números de acceso a los servicios de atención de emergencias, pero con cobertura parcial (hay zonas del país sin cobertura) (Bahamas, Brasil, Guyana, Perú y Suriname). El cambio observado en este indicador del 2018 al 2023 se presenta en la figura 33.

Los países que notificaron avances en este tema son Barbados, Colombia y República Dominicana (que contaban con múltiples números durante el 2018), así como Panamá y Uruguay (que contaban con otros números para el informe del 2018). Trinidad y Tabago pasó de tener múltiples números de emergencias a contar con un número único de acceso, con cobertura para todo el país (el 811), aunque siguen existiendo otros números. Argentina y Bolivia (Estado Plurinacional de) avanzaron en cuanto a la cobertura nacional, pero siguen contando con múltiples números (9).

Figura 33. Disponibilidad de un número telefónico único para emergencias de acceso universal, 2018 y 2023

Nota: A diferencia del 2023, en el 2018 no participaron Bahamas, Haití, Islas Vírgenes Británicas y Nicaragua; mientras que sí participaron Granada y Venezuela (República Bolivariana de).

En 11 países,⁸⁰ la cobertura efectiva de la atención prehospitalaria formal ⁸¹ para todas las personas es del 96%; 4 países (Brasil, Dominica, Islas Vírgenes Británicas y Uruguay) notifican una cobertura efectiva de entre el 76% y el 95%. La cobertura es de entre el 51 % y el 75% en 3 países (Chile, Haití y Nicaragua) y de entre el 25% y el 50% en otros 4 países (Ecuador, El Salvador, Guyana y Paraguay). Belice y Jamaica tienen el trabajo pendiente de ampliar la cobertura, pues notifican que menos del 25% de las personas cuentan con cobertura efectiva de atención prehospitalaria. El análisis de la evolución de la cobertura de este servicio en el tiempo se presenta en la figura 34.

Figura 34. Informe de la cobertura de la atención prehospitalaria notificada para distintos años: 2013, 2015 y 2023

Nota: De los países participantes en el 2023, no participaron en el 2013: Antigua y Barbuda, Haití e Islas Vírgenes Británicas; en el 2015 no participaron Haití ni Islas Vírgenes Británicas. A diferencia del 2023, en el 2013 sí participaron: Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela (República Bolivariana de); en el 2015 sí participó San Vicente y las Granadinas. Lospaíses que no especificaron este porcentaje para 2013 fueron: Brasil, Chile, Guyana y República Dominicana; en el 2015: Belice y Chile; en el 2023: Colombia, Honduras y Suriname. La información del 2013 y el 2015 se refiere a lesionados graves llevados al hospital en ambulancia, mientras que la correspondiente al 2023 hace referencia a la cobertura efectiva por un sistema formal de ambulancia prehospitalaria (incluye atención en el lugar y durante el transporte) para todas las personas y condiciones.

Acceso efectivo a la atención médica especializada en centros hospitalarios

Para que el sistema funcione, es necesario asegurar que los hospitales de todos los niveles tengan una unidad de emergencias en funcionamiento las 24 horas del día y los siete días de la semana, donde se pueda atender a las personas lesionadas para su adecuado diagnóstico y manejo final (20).

En cuanto al acceso a las unidades de emergencias hospitalarias, ningún país consideró que existe una atención de emergencias adecuada en todo el país, esto es, que el número, el nivel, la distribución y el acceso a las unidades de emergencias hospitalarias no satisfacen las necesidades de la población tanto en entornos urbanos como rurales.⁸² Diez países consideraron que la distribución y la coordinación entre unidades de salud o el acceso a dichas unidades aún propicia brechas en el acceso.⁸³ Otros 10 países⁸⁴ notificaron que hay atención de emergencias adecuada en la mayoría de los entornos urbanos y disponibilidad moderada de atención de emergencia en entornos rurales. En estos contextos, el número y el nivel de las instalaciones de atención de emergencias son inadecuados o no están bien distribuidos para las necesidades de la población en general. Finalmente, 8 países)⁸⁵ notificaron que hay alguna atención de emergencias en entornos urbanos, aunque no adecuada a las necesidades de la población; en entornos rurales, no hay disponibilidad de atención de emergencias o es mínima.

Por otro lado, de los 18 países que notificaron que contaban con una ley que garantiza el acceso a la atención de rehabilitación con o sin excepciones, El Salvador notificó que menos del 25% de su población con lesiones de tránsito recibe atención de rehabilitación, mientras que este porcentaje osciló entre un 75% y un 100% en Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana, Nicaragua y Uruguay.

Finalmente, con respecto al acceso a la asistencia psicológica de víctimas del tránsito o sus familiares, de los 18 países que notificaron que habían garantizado este servicio de forma gratuita, Barbados, Colombia, Guyana, El Salvador y Uruguay notificaron que menos del 25% de la población que sobrevive a una lesión causada por el tránsito recibe atención psicológica; Cuba, Nicaragua e Islas Vírgenes Británicas notificaron que entre el 75% y el 100% accedía a este servicio. Es importante destacar algunos avances que se han llevado a cabo en países como Argentina y Belice (recuadros 14 y 15).

Recuadro 14. El apoyo psicológico, elemento esencial de la respuesta posterior al siniestro de las víctimas y sus familiares: el caso de Argentina

Ser víctima de un siniestro de tránsito es una experiencia traumática de gran impacto para las personas. Además de las posibles lesiones físicas, existen consecuencias a nivel emocional, familiar, sociolaboral, administrativo y legal. Esas consecuencias perduran más allá del impacto inicial e inmediato del siniestro y pueden afectar notablemente a la calidad de vida de las personas. Por ello, la respuesta posterior al siniestro debe contemplar un enfoque integral de las necesidades de las víctimas y sus familiares y crear estrategias para atenderlas. En el 2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina creó el Centro de Atención a la Víctima y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Se trata de un servicio de orientación que funciona a nivel nacional mediante una línea telefónica gratuita (149) disponible las 24 horas del día durante todo el año. El centro ofrece atención integral a las víctimas y a sus familiares, ya que orienta y asesora sobre aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y de asistencia médica. A partir de la recepción de las llamadas, no solo se pone a disposición toda la información existente, sino que también se facilita el acceso a distintas prestaciones y servicios. El protocolo de actuación supone un trabajo coordinado con otros organismos e instituciones. La articulación con instituciones locales permite hacer efectivos los servicios profesionales (atención psicológica, asesoría legal, etcétera) requeridos en cada caso y disponibles en el lugar de residencia de la víctima. El protocolo también contempla dispositivos de seguimiento de los casos.

Nota: Más información sobre esta experiencia:

Fuente: Elaboración propia, con base en Organización Panamericana de la Salud. Implementación de medidas de seguridad vial prioritarias en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: OPS; 2023:63.

Recuadro 15. Programa de capacitación en emergencias psicológicas en Belice

Entre abril del 2022 y septiembre del 2023, en colaboración con el Gobierno de Belice, se implementó el proyecto de salud mental y psicosocial para víctimas de siniestros de tránsito. Este proyecto tuvo como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de salud mental y apoyo psicológico para víctimas de siniestros de tránsito y sus familias.

En Belice, las lesiones causadas por el tránsito son una preocupación importante, pues constituyen la octava causa de muerte. El país tuvo por esta causa una tasa de mortalidad de 23,6 por 100 000 habitantes en el 2019, lo que señala un problema de salud pública significativo. Las lesiones causadas por el tránsito tienen consecuencias negativas significativas, efectos emocionales y psicológicos en las víctimas y sus familiares, suponen una carga financiera y un incremento en el número de años de vida saludable perdidos, pérdida de productividad e ingresos para las víctimas y sus cuidadores, y un aumento en la tasa de mortalidad y morbilidad del país.

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en colaboración con el Gobierno de Belice, a través del Ministerio de Finanzas, Desarrollo Económico e Inversiones, y con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB, por sus siglas en inglés), acordó proporcionar cooperación técnica en la implementación del Proyecto de Servicios de Salud Mental y Apoyo Psicosocial a Víctimas de Siniestros de Tránsito como parte de la implementación de la fase II del Proyecto de Seguridad Vial que es una iniciativa a largo plazo del Gobierno de Belice con el apoyo del CDB para mejorar la seguridad vial en el país.

El proyecto tuvo en cuenta importantes recomendaciones que surgieron del análisis de la situación. Es importante destacar el establecimiento de un grupo de trabajo técnico de servicios de salud mental y apoyo psicológico en Belice. El propósito principal del grupo de trabajo es discutir aspectos técnicos de la programación de emergencia en Belice, armonizar intervenciones, evitar duplicaciones, facilitar la referencia y contrarreferencia, e incorporar el marco de OPS y las Directrices del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por su sigla en inglés) para la salud mental y el apoyo psicosocial.

Además, más de 120 trabajadores de respuesta a emergencias fueron equipados con las habilidades y los recursos necesarios para brindar primeros auxilios psicológicos de emergencia a las víctimas del tránsito y sus familiares, sin estigma ni discriminación. De las personas capacitadas, 25 son capacitadoras y pueden realizar continuamente capacitaciones dentro de sus distritos y campos de trabajo respectivos para garantizar la continuidad y sostenibilidad del aspecto de desarrollo de capacidades del proyecto.

El desarrollo y la implementación de materiales clave de comunicación y visibilidad contribuyeron además a aumentar la conciencia sobre los servicios de disponibles en el país y aumentar la visibilidad del proyecto, del socio donante y de otros socios implementadores clave. Por último, la exitosa implementación y finalización del proyecto fue posible gracias al apoyo y la relación de trabajo con la OPS y las partes interesadas clave en Belice. La finalización y aprobación de todos los documentos por parte del Gobierno de Belice y la exitosa implementación de la sección de desarrollo de capacidades de este proyecto son demostraciones visibles de los avances que Belice está haciendo en el campo de la salud mental y el apoyo psicosocial.

Nota: Para mayor información sobre estas actividades, accédase aquí

Formación, certificación y profesionalización de recursos humanos

Los recursos humanos son un elemento indispensable para el éxito de la atención de emergencias traumatológicas. Por ello, es necesario que los países instrumenten estrategias de capacitación y actualización periódica sobre la atención clínica de las emergencias traumatológicas en distintos niveles. Esto permitirá que las personas que ofrecen esa atención tengan la oportunidad de acceder a la información más actual sobre las estrategias recomendadas para ofrecerlas con calidad (20).

Para este informe, 11 países⁸⁶ notificaron que contaban con una vía de certificación oficial avalada por el gobierno de su país para los proveedores de atención prehospitalaria.⁸⁷ Esto se refiere a la trayectoria que deben seguir los paramédicos, los técnicos, el personal de enfermería y otros profesionales para recibir la certificación específica de proveedores de atención prehospitalaria. El avance observado con respecto al 2018 ocurrió en Canadá, Jamaica y Uruguay, países que habían notificado que no contaban con esta certificación oficial (9). Países como Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Santa Lucía, habían notificado que contaban con esta vía de certificación oficial, pero para este informe notificaron que no existe o que desconocen su existencia.

Igualmente, importante es impulsar programas de capacitación, especialización y actualización constante en atención clínica de emergencias para todo el personal de salud. Para este informe, 14 países⁸⁸ notificaron que se impartían cursos de especialización de posgrado para el personal de enfermería en atención de emergencias o atención traumatológica. Argentina, El Salvador, Paraguay y Uruguay notificaron que habían avanzado en este tema con respecto a lo documentado en el 2018. Por el contrario, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá notificaron para este informe que tales cursos tales cursos no existen o que desconocen su existencia, tras haber informado que sí existían en el 2018 (9).

Para el área médica, 23 países notificaron especialización en medicina de emergencias.⁸⁹ El Salvador notificó avances con respecto a lo informado previamente, mientras que Panamá y Trinidad y Tabago notificaron que desconocían la existencia de estos programas, tras haber notificado su existencia en informes previos (9,26, 27). En cuanto a la disponibilidad de especialización médica en cirugía traumatológica, 19 países⁹⁰ notificaron que contaban con estos programas, incluidos Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guyana, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tabago, que no notificaron que contaban con esta especialización en el 2018. Colombia, Costa Rica y Perú notificaron que no contaban o que desconocían la existencia de la especialización en cirugía traumatológica en sus países, pese a que en el informe previo habían dicho que existían (9).

La OMS, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, desarrolló el curso "Atención básica de emergencia: abordaje de lesionados y enfermos agudos". La OPS ha venido apoyando a distintos países de las Américas en la organización de una estrategia de capacitación en cascada de este curso, y busca ampliar su cobertura (recuadro 16).

Recuadro 16. Implementación del curso de Atención Básica de Emergenciaen las Américas

Con el inestimable apoyo de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias (FLAME) y de un grupo importante de profesionales comprometidos con la atención de emergencias, a partir del 2023, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha impulsado un programa de capacitación en cascada del curso de Atención Básica de Emergencias (BEC, por su sigla en inglés) en distintos países de la Región. Este curso lo desarrolló la OMS en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Medicina de Emergencia (de la que FLAME es su oficina regional).

Durante el 2023, se llevaron a cabo en la Región un total de seis cursos, gracias a los cuales se certificó a 164 profesionales como proveedores BEC y se capacitó a 58 facilitadores para que difundieran este curso. Gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de la Organización Mundial de la Salud (la sede en Ginebra, la oficina regional y las oficinas de la OPS en los países), los cursos se llevaron a cabo en Costa Rica (febrero), Paraguay (mayo), de nuevo en Costa Rica (junio), Argentina (agosto), México (septiembre) y nuevamente en Costa Rica (octubre).

Este último curso fue el primero que se realizó con recursos humanos en su totalidad locales, entre los que se incluían facilitadores del cuerpo de bomberos, del Instituto Nacional de Seguros y de la Caja Costarricense de Seguridad Social. También se logró avalar, ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, la capacitación del curso BEC para la recertificación del personal médico. Con estas acciones, este país avanzó considerablemente en la consolidación de este programa de formación. De igual forma, el Ministerio de Salud de Paraguay declaró este curso “de interés Institucional” el 23 de mayo del 2023, lo que constituye también un gran logro para la consolidación de esta estrategia en el país como parte de las acciones prioritarias del Programa Nacional de Control de Accidentes y Lesiones por Causas Externas, de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles.

Es importante destacar que este esfuerzo se suma al trabajo impulsado previamente por la Cruz Roja y por profesionales que vienen trabajando mucho en esta materia, en distintos países de la Región, incluidos Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros.

Nota:Para más información, véase:

Costa Rica: Organización Mundial de la Salud. Curso de Atención Básica de Emergencia. San José de Costa Rica: OMS; 2023. Organización Panamericana de la Salud. Personal de instituciones costarricenses se capacita en atención básica de emergencias. Washington, D.C.: OPS; 2023.

México: Organización Panamericana de la Salud. Personal de salud de Durango recibe capacitación en Atención Básica de Emergencias. Washington, D.C.: OPS; 2024.

Fuente: Elaboración propia, con base en Organización Panamericana de la Salud. Fortalecer la atención de emergencias traumatológicas en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2023. Organización Panamericana de la Salud. Seminario virtual titulado: Fortalecimiento de la respuesta post-siniestro en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2023.

Tecnología y sistema de información integral para el seguimiento y la evaluación del desempeño

El empleo de sistemas de información que integren información esencial normalizada de los registros traumatológicos permite comprender mejor las características del problema y facilita el impulso de programas de mejora de la calidad de la atención. Para este informe, 15 países⁹¹ informaron que contaban con registros traumatológicos con datos de los distintos establecimientos a nivel nacional. Canadá y Jamaica notificaron que contaban con registros a nivel estatal o subnacional; y Belice, Guatemala, Honduras, México y Suriname notificaron que tenían registros solo de algunas unidades del país. Antigua y Barbuda, Bahamas, Paraguay y Santa Lucía desconocían la existencia de estos registros.

Esto parece indicar que hubo mejoras en Argentina y Bolivia (Estado Plurinacional de) (que en el 2018 habían notificado registros traumatológicos solo en algunas instalaciones) y en Brasil, Dominica y Guyana (que habían notificado que no contaban con registros traumatológicos en el 2018). Mientras que México había notificado que tenía estos registros en el 2018, en este informe reconoció contar con estos registros solo en algunas unidades dispersas del país.

De los 25 países que notificaron que tenían estrategias nacionales o subnacionales para la seguridad vial,⁹² 11 informaron que las estrategias incluían la meta de mejorar el tiempo de respuesta de la atención de emergencias⁹³ a nivel nacional⁹⁴ y 4 a nivel subnacional (Canadá, México, Nicaragua y Perú). Sin embargo, la meta se estableció en términos de minutos solo en Chile (de 15 minutos, aunque solo para áreas urbanas) y en México (de menos de 10 minutos, pero solo para la Ciudad de México). Ninguno de estos 2 países, sin embargo, notificó la cuantificación de este indicador y por tanto se desconoce su nivel de cumplimento.

Como se puede observar en el cuadro 19, 14 países cuantifican el indicador de tiempo de respuesta a nivel nacional y 5 a nivel subnacional. Pese a que no incluyeron una meta específica sobre el tiempo de respuesta en sus estrategias de seguridad vial, 9 países⁹⁵ cuantifican este indicador a nivel nacional y 3 países también a nivel subnacional (Dominica, Honduras y Jamaica). Es importante tener en cuenta la necesidad de que el indicador nacional refleje la mayor parte de los casos observados, si no todos. Si bien 6 países (Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana y Trinidad y Tabago) notificaron que cubría a la mayoría de las personas lesionadas (del 75% al 100%), en 3 países solo representa del 50% al 74% (Guatemala, Suriname y Uruguay) y en 7 países se desconoce dicha proporción (Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guyana, Honduras, Jamaica y Paraguay).

El promedio del tiempo de respuesta en los países que notificaron este indicador a nivel nacional en el penúltimo año fue de 21,82 minutos (mínimo 8,13 minutos y máximo 45 minutos), y en el último año de 19,89 minutos (mínimo 8,3 minutos y máximo 35 minutos). Para los países que notificaron este dato a nivel subnacional, el promedio en el penúltimo año fue de 21,25 minutos, y en el último año de 20 minutos (mínimo de 10 minutos y máximo 30 minutos, en ambos años). Jamaica solo notificó un año a nivel urbano (15 minutos) y rural (20 minutos) (cuadro 19).

Cuadro 19. Tiempo de respuesta en los dos últimos años

--; sin datos.

En su esfuerzo por apoyar a los países en este tema, la OPS ha desarrollado el Sistema de Información de Emergencias Médicas (SISMED911) que se ha implementado en distintos países de la Región con mucho éxito, incluido Ecuador (28, 29). En el recuadro 17, se presenta en qué consiste esta herramienta con el fin de que los países interesados puedan beneficiarse de ella.

Recuadro 17. Sistema de Información de Emergencias Médicas de la Organización Panamericana de la Salud

El Sistema de Información de Emergencias Médicas (SISMED911) es una solución tecnológica para la respuesta a las emergencias interhospitalarias y prehospitalarias. Es un sistema de información gratuito, desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, y diseñado para apoyar al ciclo completo de la emergencia, desde la solicitud de ayuda hasta su resolución. Dispone de herramientas técnicas para cada etapa de la emergencia: recepción de llamadas, regulación media, toma de decisiones, coordinación y seguimiento de los recursos movilizados, información de servicios hospitalarios y resolución de los servicios. Cuenta con los siguientes módulos de proceso:

Inter-hospital. Control y seguimiento de pacientes en referencias y contrarreferencias.
Pre-hospital. Registro, caracterización y despacho de recursos disponibles para la atención prehospitalaria de emergencia.
Med-Surge. Seguimiento y monitoreo de los servicios hospitalarios.
Ambulane. Control de mantenimiento y combustible para el servicio.
E-clinical. Admisión de pacientes y clasificación con algoritmos y atención en salas de emergencias.
E-reports. Tableros de control y estadísticas de los procesos.

El sistema SISMED911 proporciona un alto grado de parametrización, facilita optimizar recursos, ya que aprovecha de manera efectiva los medios disponibles, y permite el funcionamiento autónomo e independiente de cada parte del sistema. La flexibilidad que le confiere su estructura y el diseño de interfases con tecnologías estándares y libres posibilita la interacción con otros subsistemas de la Organización.

Fuente: Elaboración propia, con base en Organización Panamericana de la Salud. Fortalecer la atención de emergencias traumatológicas en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2023.

El trabajo y los avances que han impulsado los países con el apoyo de la OPS en la atención de emergencias en las Américas no ha pasado desapercibido por la comunidad internacional. De ahí que existan buenas perspectivas presentes y futuras para continuar avanzando en este importante tema (recuadro 18). El apoyo de financiadores importantes, como el Fondo de Naciones Unidas para la Seguridad Vial, puede ser clave para capitalizar el renovado interés de los ministerios de salud y de los organismos coordinadores de la seguridad vial para avanzar en la respuesta posterior al siniestro en general y en la atención integrada de emergencias, cuidados críticos y operatorios, en particular. Para ello, la OPS/OMS ha desarrollado distintas herramientas para fortalecer la atención de emergencias.⁹⁶

Recuadro 18. Perspectivas futuras: proyecto que recibirá financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial para fortalecer la atención de emergencia en las Américas

Para apoyar el trabajo en los países, durante el 2023 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó dos publicaciones. Gracias al inestimable apoyo del centro colaborador de la OPS de la Universidad de California en San Francisco, el 18 de mayo del 2023 el Departamento de Medicina de Emergencia publicó el documento Fortalecer la atención de emergencias traumatológicas en la Región de las Américas.a El 8 de noviembre del mismo año, se lanzó la publicación Implementación de medidas de seguridad vial prioritarias en América Latina y el Caribe. Ambas publicaciones documentan experiencias de distintos contextos que han avanzado en la implementación de medidas prioritarias de seguridad vial, incluida la atención de emergencia, lo que demuestra que es posible avanzar en el tema y con ello salvar vidas.

Este trabajo, junto con el impulso del plan estratégico basado en las necesidades y las características locales, mediante el uso de la herramienta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Evaluación del Sistema de Atención de Emergencia y Cuidados Críticos (ECCSA, por su sigla en inglés), la preparación e impulso de una estrategia regional para acelerar la implementación del Plan Mundial 2021-2030 ( incluida la realización de un taller regional para equipar a actores locales con competencias y herramientas de utilidad con el fin de impulsar esta estrategia, que se llevó a cabo en Honduras del 28 al 30 de marzo del 2023) y el programa de capacitación en cascada del curso de atención básica de emergencias (BEC, por su sigla en inglés), no han pasado desapercibidos. Como resultado del compromiso de estos y otros países que desean trabajar en este importante tema, el Fondo de Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSF, por su sigla en inglés) decidió financiar a la oficina de la Representación de la OPS para dar seguimiento a esta agenda de trabajo prioritaria en distintos países de la Región del 2024 al 2026.b

Con estas acciones, la OPS ratifica su compromiso permanente para brindar cooperación técnica centrada en las necesidades y prioridades locales con el fin de fortalecer la atención de emergencia de la Región.

Esto permitirá también avanzar regionalmente en el mandato más reciente establecido a través de una resolución de la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud de mayo del 2024, en la que la se solicitó a la OMS desarrollar una estrategia mundial para la integración de la atención de emergencias, y de cuidados críticos y operativos, para apoyar la implementación de la resolución WHA76.2 para el período 2026-2035; también solicitó que esta estrategia se traduzca en un plan de acción con metas claras que deberán cumplirse al final de dicho período.

Nota: a Más información aquí sobre el lanzamiento de la publicación; b Para consultar la sesión informativa sobre el proyecto aprobado para la oficina regional, accédase aquí.
Fuente: Elaboración propia, con base en Organización Panamericana de la Salud. Fortalecer la atención de emergencias traumatológicas en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2023; Organización Panamericana de la Salud. Implementación de medidas de seguridad vial prioritarias en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: OPS; 2023. Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. 2023 Call for proposals: Top ranked eligible concept notes. Ginebra: UNRSF; 2023. Organización Mundial de Salud. Development of a global strategy and action plan for integrated emergency, critical and operative care, 2026-2035: Draft decision proposed by the 47 Member States of the WHO African Region, the 27 Member States of the European Union, Brazil, China and Egypt [Agenda item 6, EB154/CONF./5]. Ginebra: OMS; 2024; Organización Mundial de Salud. Integración de la atención quirúrgica y los cuidados intensivos y de urgencias para la cobertura sanitaria universal y la protección frente a emergencias sanitarias [Resolución 76.2]. 76.ª Asamblea Mundial de Salud; 30 de mayo del 2023. Ginebra: OMS; 2023.

Conclusiones

Es necesario avanzar en una política que promueva un financiamiento sostenible y una gobernanza efectiva, de ser posible con cobertura legal o regulatoria explícita, que se implemente y se evalúe, para lograr la cobertura universal de la atención integrada de emergencia (prehospitalaria y en unidades de salud), cuidados críticos, operatorios y psicológicos, y de rehabilitación. Para ello es esencial reconocer estos servicios como prioritarios en los planes nacionales o locales de salud o en los modelos de atención primaria de la salud.
Revisar, crear y, en su caso, fortalecer el marco jurídico, pues constituye una vía clave para consolidar estas políticas, garantizar los recursos necesarios para su implementación, garantizar un entorno efectivo de derechos y, con ello, lograr y sostener su impacto positivo en la salud.
Un primer paso para avanzar en este tema es conducir un ejercicio de diagnóstico y plan estratégico que impulse planes de acción basados en las características y necesidades locales con el objetivo de establecer una hoja de implementación de acciones prioritarias para fortalecer la atención de emergencias; la herramienta ECCSA de la OMS y la cooperación técnica de los tres niveles de la Organización tienen el potencial de apoyar este trabajo de forma efectiva (incluidos los campos legal y regulatorio).
La OPS cuenta con otros recursos y herramientas para apoyar a los países en la implementación de una estrategia efectiva que fortalezca la respuesta del sistema de salud a las emergencias traumatológicas y de salud.

Pies de página

58 Si bien los términos urgencias y emergencias pueden tener connotaciones distintas en los países de la Región de las Américas, en esta publicación se consideran sinónimos y se definen como ‘las situaciones o condiciones que necesitan intervención inmediata para evitar consecuencias riesgosas graves’.

59 Bolivia (Estado Plurinacional de), Barbados, Ecuador, Islas Vírgenes Británicas Panamá y Uruguay.

60 Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.

61 Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Suriname y Uruguay.

62 Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

63 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

64 Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Islas Vírgenes y Suriname.

65 Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua y Suriname.

66 Argentina, Brasil, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tabago y Uruguay.

67 Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.

68 Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.

69 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.

70 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Islas Vírgenes Británicas Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.

71 Se hace notar que tanto Chile como Nicaragua notificaron que contaban con más vehículos asegurados que vehículos de motor registrados. Dado que el número de vehículos asegurados en ambos países solo incluye aquellos de motor de dos a cuatro ruedas, autobuses y transporte de carga, es necesario analizar localmente si esto puede deberse a que no se cuenta con el registro del 100% de los vehículos que circulan en el país.

72 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Uruguay.

73 Se hace notar que, dentro de los registros de la Unidad de Servicios y Sistemas Clínicos de la OMS, no existe evidencia que permita validar esta información.

74 Véase el cuadro 2 del capítulo 4 en Organización Panamericana de la Salud. Fortalecer la atención de emergencias traumatológicas en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2023.

75 Una ley del buen samaritano se podría definir como “una ley que protege a las personas de repercusiones legales cuando consideran que otra persona está lesionada y deciden ayudarla”. De acuerdo con la Fundación SaveLIFE de la India, un buen samaritano “es una persona que, de buena fe, sin expectativas de pago o recompensa y sin ningún deber de cuidado o relación especial, se presenta voluntariamente para administrar asistencia inmediata o atención de emergencia a una persona lesionada en un accidente, choque, o condición médica de emergencia o situación de emergencia”. Véase: Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Post-crash emergency response toolkit. Londres: EBRD; 2021. Disponible en: https://www.ebrd.com/documents/environment/postcrash-emergency-response-toolkit.pdf.

76 En el caso de Estados Unidos, la ley del buen samaritano es a nivel estatal; además, 44 estados tienen una ley del buen samaritano.

77 Idealmente, el mismo número debería integrar distintos sistemas de emergencias (como policía, bomberos, ambulancias, etcétera).

78 Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. En todas las zonas se utiliza este número y no existe ningún otro.

79 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Dominica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua y Paraguay. No hay un número único para todo el país, pero todas las zonas tienen cobertura a través de algún número.

80 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos, México y Trinidad y Tabago.

81 Incluyendo la atención en el lugar y durante el transporte a la unidad de salud.

82 Se hace notar que Costa Rica, Cuba y Dominica seleccionaron dos opciones de respuesta. Para este informe, se tomó como referencia la de menor nivel de avance.

83 Bahamas, Barbados, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Uruguay.

84 Argentina, Brasil, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica y Nicaragua.

85 Antigua y Barbuda, Belice, Chile, Haití, México, Paraguay, Perú y Suriname.

86 Bahamas, Barbados, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guyana, Haití, Islas Vírgenes Británicas Jamaica, República Dominicana y Uruguay.

87 Se hace notar que Ecuador, México y Paraguay notificaron que no contaban con esta vía de certificación, pese a que la revisión de la OMS de los distintos instrumentos jurídicos concluyó que existía una ley que exige capacitar, otorgar licencia o certificar al personal que brinda la primera respuesta en salud.

88 Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay.

89 Argentina, Barbados, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.

90 Argentina, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.

91 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay.

92 Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.

93 El tiempo de respuesta se definió para efectos de este informe como el intervalo entre la activación del sistema de atención de emergencias hasta el primer contacto con el personal profesional o especializado de atención de emergencias, tanto en el lugar de los hechos como en una unidad hospitalaria. Tanto Antigua y Barbuda como Santa Lucía notificaron que estaban desarrollando estas estrategias, y respondieron que incluirían una meta sobre el tiempo de respuesta.

94 Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana y Uruguay.

95 Costa Rica, Cuba, Dominica, Guyana, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Paraguay, Suriname y Trinidad y Tabago.

96 Varias de estas herramientas están disponibles en el siguiente enlace: https://www.who.int/teams/integrated-health-services/clinical-services-and-systems/emergency-and-critical-care/emergency-care-toolkit.