2 de febrero de 2024 — La mutilación genital femenina (MGF) ha sido reconocida como una práctica nociva y comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos . Ha sido reconocida como una violación de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas y resulta ser la materialización de desigualdades y discriminaciones por motivos de sexo y género.
La práctica de la mutilación genital femenina produce consecuencias para la salud, la vida y el ejercicio de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres, a corto, mediano y largo plazo. Entre las consecuencias a nivel comunitario y social, se han identificado procesos de discriminación, exclusión y falta de apoyo de parte de las familias, pares y comunidades. Así mismo, frente al ejercicio de los derechos, la práctica afecta de forma directa el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, generando trastornos postraumáticos, temor a las relaciones sexuales y limitando el ejercicio libre y consentido de la sexualidad y la reproducción. Todas las formas de mutilación genital femenina pueden causar consecuencias físicas y psicológicas a corto y mediano plazo. Entre ellas se han identificado: hemorragias y dolor inmediatos asociadas con el riesgo de infección; problemas urinarios y menstruales, infertilidad, dolor crónico, infecciones genitales, ansiedad y depresión.
En Colombia no existe información que permita estimar la magnitud de la realización de esta práctica. Sin embargo, los casos descritos corresponden a comunidades indígenas, especialmente del Pueblo Embera .
En dicho contexto, resulta fundamental impulsar acciones que generen evidencia, visibilicen la práctica y faciliten la incidencia y el diálogo político. De igual forma, en el camino para la erradicación, es necesario comprender las dinámicas sociales, facilitando el diálogo comunitario, familiar y con autoridades que influyan en la toma de decisiones relacionadas con la erradicación de la práctica. Las campañas comunitarias, el trabajo con autoridades locales e indígenas y la generación de evidencia aportan a la visibilización de la práctica y su desnaturalización, avanzando en el cierre de las brechas de género y la garantía del derecho a vivir una vida libre de violencias.
Desde la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS se trabaja de forma articulada con las autoridades nacionales y en los territorios, con el fin de fortalecer la respuesta integral a las violencias de género, la generación de evidencia que facilite su comprensión y visibilización y la construcción de herramientas técnicas dirigidas a aportar a la garantía del derecho a una vida libre de violencias y al goce de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, adolescentes y niñas.
