La Organización celebra en Washington una reunión de trabajo con más de 25 expertos en la materia y partes interesadas. Entre los objetivos de este proyecto están el fortalecimiento de las regulaciones con el foco puesto en las personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad y el desarrollo de guías de fortalecimiento regulatorio para los Estados Miembros de OPS.
Washington, D.C., 11 de diciembre de 2023 – Dentro del proyecto de mapeo y análisis legal de las normativas sobre inmunizaciones en América Latina y el Caribe, la OPS celebró los días 7 y 8 de diciembre en Washington una reunión de trabajo en la que participaron más de veinticinco expertos y partes interesadas para abordar aspectos sobre normativa y legislación en relación con programas y políticas de inmunizaciones, salud pública, derechos humanos, entre otras materias relacionadas. Entre los participantes hubo desde juristas, jueces, académicos y gerentes de programas de inmunizaciones hasta asesores jurídicos de ministerios de salud y parlamentarios de la Región.
Este proyecto tiene como objetivo realizar un análisis jurídico de la normativa y legislación relacionada con inmunizaciones en la Región, con el fin de fomentar la coherencia regulatoria de los programas de vacunación en relación con las políticas nacionales e internacionales, así como proponer posibles adaptaciones para su fortalecimiento y armonización tras las lecciones aprendidas de la pandemia de la COVID-19, inclusive la vinculación de dichos marcos legales con los instrumentos internacionales de derechos humanos y con el análisis de las resoluciones más relevantes que los tribunales nacionales e internacionales y organismos de derechos humanos han adoptado.
La iniciativa está liderada de manera interdepartamental por tres programas de la OPS (Legislación sobre la Salud, Inmunizaciones y Derechos Humanos) y cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.
Uno de los aspectos clave será, de hecho, la necesidad de generar y fortalecer mecanismos, protocolos y regulaciones legales para alcanzar e incluir, en los esquemas de vacunación, a personas, grupos y comunidades en situaciones específicas de vulnerabilidad.
Dentro de este proyecto, la OPS podrá desarrollar guías de fortalecimiento o propuestas referenciales para fortalecimiento regulatorio de los Estados Miembros de OPS y para favorecer la revisión de fondo sobre el entorno legislativo en que se encuentran los programas universales de inmunizaciones y los retos que enfrentan, así como ensamblar sendos programas de cooperación técnica y herramientas que los Estados Miembros de la Organización interesados podrían considerar en sus revisiones legislativas.
Desarrollo de nuevas herramientas legales
"Las vacunas no sólo protegen a los individuos, como parte de los sistemas sanitarios, sino también son intervenciones eficaces de salud pública para salvaguardar la salud de las comunidades. Por ello, el fortalecimiento de los mandatos legales puede institucionalizar y consolidar la protección efectiva del derecho a la salud y de otros derechos humanos”, explicó la jefa de la Unidad de Equidad, Género, Derechos Humanos y Diversidad Cultural de la OPS, Jessie Schutt-Ainé, en nombre del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud en cuyo seno se desarrolla la iniciativa.
“La OPS aprovecha esta oportunidad para explorar acciones, incluyendo el desarrollo de nuevas herramientas legales, para apoyar a los Estados Miembros a fortalecer el alineamiento de las estrategias actuales para prevenir y mitigar futuras pandemias y emergencias de salud pública”, añadió.
El claro reconocimiento de estos bienes públicos en el marco normativo de los países, dentro de una perspectiva de derechos humanos, puede garantizar la disponibilidad de vacunas, su máxima calidad, la toma de decisiones con base científica, la financiación, los procedimientos eficaces de adquisición y suministro y, lo que es más importante, como componente integral de los sistemas sanitarios en la búsqueda de la salud universal.
“Vacunación sin vigilancia no es posible”
Por su parte, Martha Velandia, Asesora del Programa de Inmunización Integral de la OPS, recordó que “en 2022 los países y territorios de las Américas pudieron detener la disminución en las coberturas de inmunización que se venía produciendo desde 2010; incluso así, 2,2 millones de niños quedaron subvacunados o no vacunados”.
Velandia recordó la importancia de las tareas de vigilancia en cuanto a la inmunización. “Separar la vacunación de la vigilancia no es posible, son dos elementos que van permanentemente unidos, para verificar si la vacunación está llegando a todo el mundo y si están siendo efectivas en la prevención de las enfermedades”.
“El importante reto actual es que la vacunación tenga un apoyo político de primer nivel y que este apoyo esté favorecido por las leyes y regulaciones”, aseguró Velandia que, entre los desafíos en torno a la vacunación, citó la falta de percepción de riesgo, la reticencia a la vacunación (que emergió como un factor importante con la pandemia de COVID-19), la sobrecarga de trabajo de los trabajadores de la salud, la necesidad constante de capacitación o los sistemas de información desactualizados.
Para maximizar el impacto de las vacunas que salvan vidas la Agencia de Inmunización 2030, aprobada en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, se propone para el final de la década un triple objetivo:
- reducir en un 50% el número de niños que no reciben ninguna dosis de vacuna,
- lograr 500 introducciones de vacunas nuevas o infrautilizadas en países de renta baja y media,
- lograr una cobertura del 90% de las vacunas infantiles esenciales.
En las Américas, la inmunización ha sido considerada en el marco de derechos fundamentales y como un bien público, como recientemente se ha reconocido por el Consejo Directivo de OPS. Desde el establecimiento en 1977 del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) por parte de la OPS para las Américas, los programas nacionales de inmunización en la región han sido pioneros en el control y eliminación de enfermedades prevenibles por vacunación. A partir de este ejercicio de gran calado se pretende que los marcos legales sean también una herramienta fundamental para el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la senda hacia la realización plena del derecho a la salud.
