Las personas con problemas de salud mental han sufrido, a lo largo de la historia, y sufren en la actualidad, violaciones a sus derechos humanos. Estas personas suelen ser objeto de ideas y creencias falsas que propician actitudes estigmatizantes y discriminatorias en la provisión de servicios y en las sociedades, tales como la creencia de que son peligrosas, que no tienen capacidad de tomar decisiones o que son débiles, entre otras. Muchas personas que tienen un problema de salud mental manifiestan que el estigma que sufren es peor que el propio trastorno.
Los derechos humanos (DDHH) proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), así como en los tratados e instrumentos universales y regionales de derechos humanos, son reconocidos a todas las personas por su condición humana, sin discriminación alguna, con base en los principios de dignidad, libertad e igualdad. Estos instrumentos son de gran relevancia para la comprensión y tratamiento de las personas con problemas de salud mental y su derecho a una vida digna.
Asimismo, para las personas con trastornos graves o con discapacidades psicosociales prolongadas es aplicable, entre otros, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que es un instrumento internacional adoptado en 2006 por las Naciones Unidas para destinado a proteger los derechos de las personas con discapacidad. La CDPD es un instrumento jurídicamente vinculante, esto quiere decir que, cuando un país la suscribe y la ratifica, está en la obligación de cumplirla e implementarla. En la actualidad, 186 países (de los 194 que han firmado) han ratificado la CDPD.
La DUDH y la CDPD protegen a las personas con problemas de salud mental. Entre todos los derechos destacamos los siguientes por ser los más vulnerados ante las personas con problemas de salud mental:
- ser iguales ante la ley (Artículo 2, DUDH)
- contar con las mismas oportunidades que el resto (Artículo 5, CDPD)
- no sufrir injerencias arbitrarias (Artículo 12, DUDH)
- tomar sus propias decisiones (Artículo 12, CDPD)
- participar en actividades sociales (Artículo 3, CDPD)
- ser protegidas en situaciones de riesgo (Artículo 11, CDPD)
- recibir una atención de calidad (Artículo 25, CDPD)
- respetar su integridad física y mental (Artículo 12, CDPD)
- respetar su privacidad (Artículo 22, CDPD)
- no ser inmovilizadas, aisladas o sometidas a acciones coercitivas (Artículos 14 y 15, CDPD)
Enfoques
Comunitario: acercando los servicios de salud mental a las personas y promoviendo la participación de las personas con problemas de salud mental en sus comunidades.
Recuperación: haciendo hincapié en el empoderamiento de las personas para que gestionen sus propias vidas. Implica apoyar a las personas para que encuentren esperanza, desarrollen autoestima y resiliencia, establezcan relaciones saludables, recuperen la independencia y vivan una vida que tenga significado para ellas.
Centrado en la persona: dando respuesta efectiva a las necesidades de las personas con problemas de salud mental a través de la promoción de su participación y protagonismo en su atención integral.
Desinstitucionalización: como proceso que propone la transición de la reclusión de las personas con problemas mentales en hospitales psiquiátricos, hacia una atención digna y de calidad en la comunidad.
En la región de las Américas, a pesar de que los servicios de salud mental se esfuerzan por prestar apoyo y atención a las personas con problemas de salud mental, se sigue evidenciando el estigma, la discriminación y las violaciones de derechos. En muchos países las personas aún no tienen acceso a servicios de calidad que respondan a sus necesidades y respeten sus derechos y su dignidad. En los entornos de salud se siguen presentando prácticas coercitivas, condiciones de trato y de vida deficientes e inhumanas, situaciones de negligencia y, en algunos casos, incluso el abuso.
Existen varias herramientas y estrategias de trabajo para proteger y mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental. Entre ellas destacamos:
- Promover su capacidad jurídica para que las personas puedan tomar decisiones que atañen a su vida personal y realizar acciones legales válidas (por ejemplo, contraer matrimonio o firmar un contrato de trabajo).
- Utilizar el consentimiento informado en su atención y cuidado para asegurar que la persona acepta voluntariamente (por ejemplo: una intervención médica o terapéutica).
- Hacer uso de la herramienta de toma de decisiones con apoyo para fomentar su autonomía.
- Trabajar con planes anticipados donde la persona especifica las opciones de atención integral para el futuro y de recuperación para que sea ella la que esté en el centro de su proceso de recuperación fijando sus propios objetivos y metas.
- Trabajar de manera coordinada e intersectorial para que las personas con problemas de salud mental puedan acceder a: la educación, el empleo, la vivienda y las prestaciones sociales; abordando así los determinantes sociales de la salud mental.
- Eliminar practicas coercitivas: aquellas que hacen uso de la persuasión o amenaza para lograr que una persona haga algo contra su voluntad como la reclusión, el tratamiento involuntario, o la restricción manual, física o mecánica. Estas prácticas deterioran de manera significativa su salud física y mental.
- Crear alternativas para el tratamiento de la salud mental en la comunidad: proporcionando una gama de servicios de salud mental que puedan adaptarse a las necesidades de las personas en diferentes etapas de la vida y a la gravedad del trastorno mental, evitando así el uso de prácticas como la hospitalización involuntaria y de larga duración.
La OPS aboga para que los países promuevan y protejan los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y que cumplan así los instrumentos internacionales que han firmado y ratificado. La OPS brinda apoyo técnico a los Estados miembros a través de lineamientos, guías y asesoría para desarrollar las regulaciones en salud, así como las políticas, planes, estrategias y normativas relacionadas, en el marco de los derechos humanos.
En concreto es vital apoyar a los países para:
- Trabajar de manera coordinada e intersectorial, junto con la sociedad civil, los gremios profesionales, las asociaciones y otros actores clave para impulsar iniciativas regulatorias y normativas que fomenten las prácticas positivas en materia de derechos humanos y salud mental, así como la limitación de las prácticas que implican violaciones de derechos humanos incluyendo las sanciones asociadas.
- Avanzar progresivamente en la sensibilización de la población en general y en la lucha contra el estigma en salud mental.
- Trabajar en el desarrollo de capacidades en materia de derechos humanos y salud mental de actores clave involucrados en los servicios sociales y de salud.
- Integrar la salud mental en atención primaria y crear servicios comunitarios adaptados a las disitintas necesidades de las personas con un enfoque de curso de vida y centrado en las personas.
- Integrar a las personas con experiencia propia en la planificación de iniciativas regulatorias, la oportunidad de capacitación, la creación de servicios y la puesta en marcha de campañas de sensibilización.
