Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010 (OPS/OMS).- La Argentina estrena una nueva Ley Nacional de Salud Mental. La norma, promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo la adhesión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), apunta a la progresiva reestructuración de los hospitales psiquiátricos, su reemplazo por sistemas de atención comunitaria, y garantiza derechos civiles a los pacientes.
"Se trata de un hito para la región de las Américas, ya que es probablemente la primera ley de salud mental que incluye los principales estándares de salud mental y normas de derechos humanos regionales e internacionales", consideró Hugo Cohen, asesor subregional en Salud Mental de la OPS/OMS, quien participó junto a la vicedirectora de la OPS/OMS, Socorro Gross, y el representante de la OPS/OMS en Argentina, José Antonio Pagés, del acto de promulgación de la ley que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.
Y es que la flamante legislación aprobaba por unanimidad en Diputados el año pasado y sancionada en Senadores el 25 de noviembre (con una abstención), prohíbe "la creación de nuevos manicomios", promueve dispositivos de medio camino como "casas de convivencia y hospitales de día", restringe las internaciones involuntarias que requieren de un consentimiento informado, crea una comisión de revisión para toda persona internada, y propicia internaciones breves en hospitales generales.
Según el texto de la ley las instituciones monovalentes que ya existen "se deben adaptar a los objetivos y principios" de la norma, "hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos". En el caso de las externaciones, la normativa requiere "promover servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a grupos familiares y comunitarios; casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación y familias sustitutas".
Para Cohen, la nueva legislación permitirá formular "un plan nacional de avanzada, basado en evidencias científicas y el respeto por los derechos humanos".
"El desafío que se tiene ahora por delante es la aplicación de la ley para que se transforme en hechos concretos para los usuarios y sus familias", consideró el asesor de la OPS/OMS.
