Buenos Aires, 11 de agosto de 2010 (OPS/OMS).- "El tiempo del debate terminó. Estamos en el tiempo de los votos", afirmó el titular de la Dirección Nacional de Salud Mental, Yago Di Nella, en un mensaje al Senado de la Nación donde el proyecto para establecer una Ley Nacional de Salud Mental aguarda su tratamiento desde la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados en octubre de 2009.
En el marco de la Jornada de impulso a la Ley Nacional de Salud Mental, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Di Nella señaló que "a la dilación debemos responderle con civilización". Y abogó por la participación popular para lograr la sanción definitiva de la iniciativa.
"El proyecto ha sido criticado por algunos sectores que desde sus intereses han planteado obstáculos a la ley" señaló el funcionario de la flamante dirección creada este año y aseguró que "la iniciativa trabaja sobre la protección de los derechos de las personas que requieren atención".
Por su parte, Sylvestre Begnis, ex presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja y asesor del ministro de Salud remarcó que "el proyecto de ley que salió por unanimidad en Diputados requiere en el Senado un tratamiento privilegiado".
Begnis afirmó que "en salud mental hay mucho más de lo que está dentro de los manicomios. No hay persona que no tenga a lo largo de su vida alguna alteración que implique una contención profesional o técnica", aseguró. Y festejó que "el alcance de la ley es la universalización del tratamiento y la asistencia en salud mental.
En Argentina, existen instancias manicomiales públicas en 13 provincias. "Hay 10.500 camas monovalentes y 750 polivalentes", detalló el director de Salud Mental y lamentó que del sector privado "es más difícil obtener esa información".
"La historia de la salud mental en este país es la historia de la exclusión del campo sanitario", señaló Di Nella y manifestó la necesidad de "democratizar la salud mental en el campo de las políticas públicas, de generar accesibilidad a población para que las personas con angustia puedan acceder a un tratamiento y a un efector de salud".
El proyecto de ley, que se basa en principios internacionales de derechos humanos, establece entre otras cosas la creación de dispositivos y servicios ambulatorios; el abordaje interdisciplinario y destaca el derecho del paciente a resistir tratamiento, y a elegir la modalidad al profesional que va a tratarlo. "Entonces aparece la vieja idea de que la persona no puede decidir", indicó.
Por su parte, el consultor en Salud Mental para el Cono Sur, de la OPS/OMS, Hugo Cohen, trazó un panorama de la situación de salud en el mundo: "Los principales problemas de salud de la humanidad se expresan en trastornos neuropsiquiátricos. La depresión y el alcohol, se ubican en los primeros lugares", dijo. Y detalló que los desordenes neuropsiquiátricos (13%) ocupan el primer puesto entre los problemas de salud, seguidos por las lesiones (12%); las enfermedades cardiovasculares (10%); las condiciones perinatales (7%); y VIH/sida (6%).
Este año se cumplen 20 años de la Declaración de Caracas, que contempla la reestructuración de los servicios de salud mental. "Desinstitucionalización no es dejar a las personas libradas a su destino, no es reducción del número de camas de internación sin instalar respuestas alternativas para el tratamiento y la rehabilitación", aclaró Cohen y agrego: "Tampoco enviarlos a las prisiones. No es idealización de la locura ni desconocimiento de los avances científicos, tecnológicos y legales".
La directora nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Victoria Martínez, sostuvo que "la Secretaría toma este tema porque, justamente, el Estado argentino ha ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos -que tienen jerarquía constitucional- que nos obligan a desarrollar políticas públicas con ese enfoque". Y se refirió al acceso al derecho a la salud mental, teniendo en cuenta que la garantía de respetar los derechos humanos de los pacientes afectados -como integrantes de la comunidad- es una prioridad que debe estar en toda política pública.
A su turno, el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Claudio Morgado, recordó la existencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscripta por Argentina en 2008, como una herramienta más para lograr la aprobación de la ley y exigir el cumplimiento de los derechos de este grupo humano. "Garantiza y reconoce como sujetos de derechos a quienes padecen una discapacidad", destacó.
Los especialistas y funcionarios participaron de la mesa sobre los Alcances de la ley en las políticas públicas, en el marco de la jornada realizada el 10 de agosto pasado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde también se debatió el proceso de aplicación de la ley, la legislación en salud mental, el impacto de las prácticas en salud mental en la intersección con la justicia a la luz de la ley nacional y las perspectivas de familiares, usuarios, trabajadores y organizaciones no gubernamentales sobre la ley nacional.
Asimismo, participaron como panelistas la Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval, la senadora Liliana Fellner, el senador Samuel Manuel Cabanchik; y el ex diputado Leonardo Gorbacz, entre otros.
