São Paulo, 19 de febrero de 2025 (OPS) – Con el objetivo de abordar la propagación de enfermedades transmisibles en las cárceles, países de América Latina analizaron acciones para eliminar el VIH, la tuberculosis, las hepatitis B y C, el sarampión y la difteria en entornos de privación de la libertad. El hacinamiento, la violencia y dificultades de acceso a servicios de salud agravan la situación.
En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en colaboración con el Ministerio de Salud de Brasil, organizó una reunión regional el 12 y 13 de febrero en São Paulo, con la participación de responsables de los Ministerios de Salud, Justicia e Interior de 15 países de la región, así como expertos, investigadores, organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil.
El encuentro brindó un espacio para debatir los desafíos que enfrentan los países de América Latina con respecto a la propagación de enfermedades transmisibles dentro de las prisiones y para compartir experiencias y estrategias que han sido exitosas en diversas naciones. Más de 130 participantes, tanto de manera presencial como virtual, asistieron, incluyendo representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Según Monica Alonso, jefa de la Unidad de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la OPS, “las prisiones en América Latina y el Caribe albergan a millones de personas, muchas de ellas provenientes de entornos altamente vulnerables. Además de la vulnerabilidad preexistente, enfrentan hacinamiento, violencia, estigma y barreras para acceder a servicios de salud”.
Esta situación contribuye a la propagación de enfermedades transmisibles como el VIH, tuberculosis, hepatitis C y otras prevenibles por inmunización, como hepatitis B, sarampión, influenza y difteria. “Estas enfermedades no solo afectan a las personas privadas de libertad, sino también a quienes trabajan en las prisiones, a las personas que entran y salen de estos entornos, a los niños y a la comunidad en general”, agregó Alonso.
Las tasas de encarcelamiento en América del Sur y Centroamérica están creciendo más rápido que en cualquier otra parte del mundo. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2021 había más de 11 millones de personas privadas de libertad a nivel global, y el 32% de ellas se encontraba en las Américas. Existen evidencias crecientes de que los brotes de enfermedades transmisibles en las prisiones no solo afectan a la población carcelaria, sino que se propagan hacia el exterior.
Cíntia Rangel Assumpção, coordinadora general de Ciudadanía y Alternativas Penales de la Secretaría Nacional de Políticas Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, subrayó que la eliminación de enfermedades transmisibles en las cárceles requiere un enfoque intersectorial y multidimensional, que no solo aborde la atención en salud, sino también la mejora de las condiciones penitenciarias.
“Necesitamos trabajar en cuestiones como el hacinamiento, la falta de condiciones mínimas para la custodia de estas personas, que son factores que contribuyen a la propagación de las enfermedades. Es urgente que tengamos, como sociedad, el valor de enfrentar estos temas y hablar sobre el acceso universal a la salud. Las personas privadas de libertad deben tener acceso a diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y seguimiento continuo, sin ninguna discriminación o estigma”, afirmó.
La OPS presentó las directrices que ha elaborado para los países con el fin de eliminar la tuberculosis, el VIH, las hepatitis y la sífilis en las cárceles, y también se discutieron las acciones de inmunización recomendadas para esta población.
Artur Kalichman, coordinador general de Vigilancia en VIH/sida y director del Departamento de VIH/sida, Tuberculosis, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de Brasil, celebró la oportunidad de compartir experiencias y fortalecer políticas públicas basadas en evidencia. “Es esencial que podamos discutir cómo ampliar la capacidad de diagnóstico temprano y acceder a tratar a las personas, sabiendo que esto es una acción de salud pública que tendrá impacto dentro de la prisión, pero también para el conjunto de la sociedad”, destacó.
Las personas privadas de la libertad están desproporcionadamente afectadas por enfermedades transmisibles, especialmente por VIH y tuberculosis. En las Américas, las tasas de tuberculosis en la población carcelaria son 50 veces mayores que en la población general. “Las personas en prisiones tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con VIH que los adultos de la población general. Aunque tenemos datos limitados, se estima que alrededor del 15% de la población penitenciaria total sufre de hepatitis C; el 4,8% de hepatitis B crónica; y el 2,8% de tuberculosis activa. Las personas privadas de libertad son una muestra representativa de la sociedad en general. Es aquí donde podemos encontrar estos temas tan importantes para abordar. Es una población muy desatendida”, sostuvo Andrea Boccardi, directora y representante del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (UNAIDS) en Brasil.
La OPS también presentó a los representantes de los países una herramienta para mejorar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad desde una perspectiva de derechos humanos, subrayando que pueden contar con el apoyo de la organización para su implementación.
Al final de la reunión, se definieron los próximos pasos para avanzar en esta agenda, entre ellos la creación de un grupo regional de trabajo técnico, la implementación de una herramienta de microplanificación de vacunación en las prisiones con apoyo de la OPS, y el fortalecimiento de la cooperación intersectorial y las acciones con la sociedad civil para promover la defensa de los derechos de las personas en situación de encierro.
El VIH/sida, la tuberculosis y las hepatitis B y C son algunas de las más de 30 enfermedades transmisibles y condiciones relacionadas que la OPS busca eliminar para 2030 como parte de su Iniciativa de Eliminación.
