En Perú, así como en diversos países de la región de las Américas y el mundo, la violencia de género no solo es un problema social, sino una grave preocupación para la salud pública que afecta profundamente a mujeres, adolescentes y niñas. Es así como la problemática trasciende edades, nacionalidades y fronteras.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2023 “el 53,8% de las mujeres declararon haber sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual, alguna vez por el esposo o compañero; porcentaje menor al obtenido durante el año 2022 (55,7%)”. Sobre ello, entre los tipos de violencia más comunes según las encuestadas, destacó la violencia psicológica y/o verbal (49,3%), la violencia física (27,2%) y la violencia sexual (6,5%).
Esta situación aún es más preocupante en población en condición de vulnerabilidad, como migrantes y refugiados, ya que enfrentan barreras adicionales: la falta de documentos, redes de apoyo y conocimiento o facilidades para el acceso a servicios de salud. Ante esta realidad, el país ha fortalecido su sistema de respuesta a través de normativa y capacitación al personal que permite implementar una ruta de atención integral sin distinciones.
Una ruta pensada desde el primer nivel de atención
En el corazón de esta estrategia están los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC). Diseñados para responder a las necesidades de cada paciente, atienden de forma gratuita.
Los CSMC priorizan un enfoque humanizado, evitando la revictimización y ofreciendo un espacio seguro donde las víctimas puedan reconstruir sus vidas. Profesionales de salud capacitados identifican señales de violencia desde el primer contacto, ya sea mediante referencias o por demanda directa de las pacientes.
De la misma manera, los Centros de Salud del primer nivel de atención también son instancias donde se suelen identificar estos casos. Maria Isabel Escobar, obstetra del centro de salud Cooperativa Universal, en Lima Este, encargada del componente de salud sexual y reproductiva, explica: "En el primer control prenatal identificamos muchas pacientes que han sido víctimas de violencia, y no saben cómo reaccionar cuando hacemos las preguntas del tamizaje. Lloran o permanecen en silencio. Es entonces cuando las guiamos en el proceso que incluye la atención de salud mental con la psicóloga del establecimiento."
La diversidad de quienes buscan ayuda
La actual ruta permite atender a cualquier mujer o integrante del grupo familiar sin distinción, sean peruanos o no. Santa Anita es un distrito de Lima Metropolitana con una gran cantidad de población migrante. Allí, la psicóloga Mónica Molina describe los desafíos que enfrentan: “Las mujeres migrantes suelen llegar con un gran peso emocional debido a la violencia sufrida en sus países de origen y las dificultades de establecerse aquí. Muchas veces carecen de soporte social, pero aquí procuramos brindarles un espacio seguro donde pueden empezar a reconstruir sus vidas”.
En las demás regiones del país, la situación no es muy diferente. Jaqueline Palomino, coordinadora regional de Salud Mental en Junín señala: “El miedo a ser deportadas y las dificultades legales son barreras enormes, pero trabajamos para garantizarles una atención cálida, inmediata y oportuna”. En dicha región, cuentan con 16 centros de salud mental comunitarios y 13 módulos específicos para atención de violencia, los cuales son instancias estructuras esenciales para atender también a mujeres migrantes, quienes enfrentan mayores riesgos debido a la falta de estabilidad económica y documentación.
Ahora, la ruta de atención también puede iniciar o continuar en un establecimiento de salud de mayor nivel resolutivo. En lo que respecta a esta problemática, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en Lima Este, atienden entre 120 y 130 personas extranjeras al año, principalmente mujeres de Venezuela y Colombia.
En el Hipólito Unanue, la llegada de una víctima de violencia activa un protocolo diseñado para atender de forma inmediata e integral a quien lo necesite. Patricia Romero, obstetra, explica el procedimiento: “Lo primero es identificar el caso y derivarla al área de gineco-obstetricia. Allí, el equipo multidisciplinario activa el Código Violeta y coordina con la Fiscalía, la Policía y otras instituciones para garantizar la atención integral de la paciente”.
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Romero también destaca que la atención no discrimina: “La atención es multidisciplinaria, gratuita y prioritaria. No importa si la paciente no tiene documentos o es de otro país. A todas las acogemos, porque lo importante es brindar la atención más inmediata posible”. Sin embargo, el desafío es inmenso: “Muchas pacientes llegan sin verbalizar que han sido víctimas. Algunas ingresan por otras condiciones, como intoxicaciones o lesiones, y recién después de varias preguntas revelan que han sufrido violencia”, culmina.
Historias que transforman vidas
A lo largo del Perú, los equipos de salud trabajan para transformar historias de violencia en relatos de resiliencia. Más allá de las cifras, cada caso atendido representa una vida que recupera la esperanza y una sociedad que avanza hacia una vida libre de violencia. Como destaca William Aguilar, jefe del Departamento de Salud Mental del hospital Hipólito Unanue: “El trabajo no es solo técnico, sino también emocional y humano. Atendemos a cada paciente con el compromiso de que su historia puede cambiar”.
Los testimonios de pacientes que han recibido atención son un recordatorio del impacto humano de este sistema. Víctor Tarazona, psicólogo en el CSMC de Santa Anita, recuerda la historia de Carmen, una mujer venezolana atendida en su establecimiento que gracias al apoyo psicológico recibido pudo romper con una relación abusiva y construir una nueva vida para ella y su hija. “Nos dijo que encuentra aquí un lugar de descanso de las preocupaciones… Ahora tiene el ánimo de que puede salir adelante por sí sola, sin depender de su agresor”, menciona.
Esta ruta de atención también atiende a mujeres peruanas que no se encuentran inmunes a sufrir violencia. En Junín, Lisbeth, una joven embarazada, encontró el apoyo necesario para superar la violencia intrafamiliar. “Aprendí que no tengo que tolerar la violencia. Ahora sé lo que merezco y cómo proteger a mi bebé”, comparte emocionada tras recibir orientación psicológica.
La obstetra Isabel, en el C.S. Cooperativa Universal, comenta otro caso: “Recuerdo que durante un control prenatal una paciente salió positiva en el tamizaje de violencia, pero su esposo, entró violentamente en la consulta, exigiendo saber qué le preguntaba a su esposa. La señora lloraba, pero logré tranquilizarla y continuar con las preguntas. Al final, él admitió que la golpeaba y pidió ayuda. Los derivamos a psicología, y luego, al encontrármelos tiempo después, el esposo me agradeció. Para mí, ese fue un recordatorio de que actuar oportunamente puede cambiar vidas, no solo para las víctimas, sino también para los agresores que están dispuestos a transformarse.”
Un desafío y una red de esperanza
La violencia de género no es solo una tragedia personal, sino un problema de salud pública con consecuencias profundas para las víctimas y la sociedad. Como explica Cristian Matamoros, director regional de Salud de Junín: “La violencia afecta desde el ámbito familiar hasta el social y repercute en la aparición de trastornos emocionales, como depresión o ansiedad, que incluso pueden derivar en intentos de suicidio”.
El trabajo constante y emocionalmente exigente requiere una formación adecuada. Las capacitaciones brindadas por la OPS, en coordinación y en apoyo al Ministerio de Salud, han jugado un rol crucial para fortalecer las habilidades de los equipos de salud a nivel nacional, y han permitido a los profesionales de salud desarrollar intervenciones basadas en evidencia, mejorando la calidad de su atención. Sandy Aldana, terapeuta del Centro de Salud Mental de Chilca (Junín), comparte: “Estas capacitaciones no solo mejoran nuestras competencias técnicas, sino también nos ayudan a reforzar nuestra sensibilidad y empatía. Nos hacen recordar que estamos aquí para cambiar vidas”.
Con la cooperación técnica de la OPS, el Ministerio de Salud no solo ha priorizado la formación de su personal, si no también ha desarrollado documentos normativos que unifican el estándar de atención en todo el territorio nacional. De esta manera, el Perú se propone abordar la violencia con enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad, adaptándose al contexto cultural de cada comunidad.
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En este camino para ponerle un alto a la violencia, la OPS/OMS continuará acompañando al país en el fortalecimiento de la respuesta institucional de los servicios de salud para el abordaje de la problemática y reforzando la ruta de atención. Asimismo, se establecerán mecanismos para prevenir la violencia en la etapa del enamoramiento, acciones para promover y asegurar la atención de la salud mental en gestantes, teniendo de referencia el marco de estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres RESPETO, y las estrategias INSPIRE.