Hoy, en América Latina y el Caribe, 1 de cada 5 territorios se encuentra altamente rezagado por la malnutrición, ya sea por retraso del crecimiento o por sobrepeso. En 2019 más de 190 millones de personas enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, 1 de cada 3 habitantes de los países de América Latina y el Caribe, no tenía acceso a alimentos en cantidad y/o calidad adecuadas por falta de recursos económicos o de otro tipo. El exceso de peso es una de las expresiones de la inseguridad alimentaria y nutricional más prevalentes y crecientes. El Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe (2020) confirma que el sobrepeso infantil en la región sigue aumentando, situándose en 2019 en el 7,5%, por encima del promedio mundial de 5,6%.
Los instrumentos de derechos humanos establecen obligaciones especificas para los Estados, que incluyen la obligación de protección para evitar que el sector privado vulnere a través de sus prácticas de producción y comerciales los derechos de las personas. Esto resulta central en el abordaje de este tema, ya que los Estados tienen la obligación de control y supervisión sobre todas las empresas que tienen impactos directos o indirectos en el derecho a una alimentación adecuada.
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