Se estima que el 13% de muertes en las Américas son atribuibles a los riesgos ambientales, esto significa 847.000 muertes al año. Aproximadamente 28 millones de personas carecen de acceso a una fuente de agua mejorada, 83 millones de personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento mejorado. Más de 80 millones de personas todavía dependen de combustibles contaminantes como los combustibles sólidos o el queroseno para iluminación, cocción y calefacción. Los riesgos químicos, como la exposición a plaguicidas tóxicos, plomo y mercurio, tienden a afectar desproporcionadamente a niños, niñas y a las mujeres embarazadas.
El reconocimiento de la estrecha relación que existe entre los derechos humanos, la salud y el medio ambiente ha adoptado principalmente dos formas: a) la adopción de un nuevo derecho explícito al medio ambiente, caracterizado como saludable, sin riesgos, satisfactorio o sostenible; y b) una mayor atención a los vínculos con el medio ambiente de derechos ya reconocidos, como los derechos a la vida y a la salud.
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