Folleto - Derechos Humanos y Salud: Pueblos Indígenas

Una comunidad indígena lucha por sus derechos

Ellos son los sawhoyamaxa, conocidos también como el pueblo de “la tierra donde crecían los cocoteros”. Siempre habían sido cazadores y recolectores. Durante siglos prosperaron, obteniendo abundante alimento, vestimenta y albergue de la sabana y el bosque donde vivían. Se movilizaban a través del inmenso terreno siguiendo las estaciones del año, en busca de animales para cazar y alimentos para cosechar. Pero esta abundancia terminaría un día.

Al final del siglo XIX, inversionistas extranjeros adquirieron enormes parcelas sin el conocimiento de la población indígena que habitaba el área. Para la década de los treinta, la propiedad no indígena había aumentado explosivamente y la única opción de supervivencia para los sawhoyamaxa era emplearse como mozos en los grandes ranchos de ganado. Los miembros que quedaban del otrora majestuoso pueblo ahora vivían al margen de la sociedad, con poco acceso a la educación o a la atención médica, en pobreza extrema y en condiciones de vida deplorables que ponían en riesgo su vida, salud y bienestar.

En 1991, los líderes comunitarios comenzaron a tratar de recuperar 36,000 acres de sus tierras ancestrales. Con la ayuda de una ONG, hicieron primero su petición ante las agencias administrativas relevantes encargadas del bienestar rural y de asuntos indígenas. La presión de los terratenientes detuvo este proceso. Luego los líderes llevaron su petición ante las dos cámaras legislativas del país. Dos miembros de la Cámara de Diputados apoyaron brevemente legislación para expropiar tierras privadas y entregarlas a la comunidad, pero en poco tiempo retiraron su apoyo. Lo mismo ocurrió en el Senado.

Tras esperar 11 años para recuperar sus tierras, y habiendo llevado su reclamo a todas las instancias administrativas y legales disponibles en el país, los líderes sawhoyamaxa llevaron su reclamo a un organismo internacional de derechos humanos.

Entre otras violaciones, el organismo internacional determinó que el Estado había violado los derechos a la protección legal, a la propiedad, a la vida y a la integridad personal. Además, estableció que el Estado debía adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para devolver sus terrenos ancestrales a la comunidad dentro de los tres años posteriores a la sentencia. Y mientras los miembros de la comunidad esperaban a que se les devolvieran sus tierras, el Estado proporcionaría los bienes y servicios básicos necesarios para su supervivencia. La sentencia también pidió al Estado que estableciera, dentro de un plazo de seis meses, un sistema adecuado de comunicación que permitiera a los miembros de la comunidad comunicarse con las autoridades sanitarias y buscar efectivamente atención médica de emergencia.