El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote debido a un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, también denominado COVID-19, constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). Una de las estrategias esenciales para controlar la pandemia consistió en desarrollar con rapidez vacunas seguras y efectivas.
El 42º Comité Asesor Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas (GACVS, por sus siglas en inglés), que se reunió el 27 y 28 de mayo del 2020, abordó las cuestiones relativas a la preparación de la farmacovigilancia para la introducción de las futuras vacunas contra la COVID-19. Una de sus recomendaciones fue que la infraestructura y la capacidad necesarias para la vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 estuvieran disponibles en todos los países, y que se reactivara la infraestructura existente y se la involucrara antes de la introducción de las vacunas.
