Montevideo, Uruguay - 22 de agosto de 2018
Reconociendo que la tuberculosis (TB) es una de las enfermedades más antiguas del mundo; que continúa siendo uno de los problemas de salud pública prioritarios; que es la principal causa de muerte por un agente infeccioso único: que está entre las diez primeras causas de muertes en niños; y que es responsable de más muertes que VIH y malaria en el mundo.
Reconociendo que en las Américas se estimaron 17.000 defunciones y 274.000 casos nuevos de TB en el 2016, de los cuales solo se notificaron 223.000, dejando una brecha de mas de 50.000 casos no detectados que perpetúan la infección. Así mismo que la TB es la única enfermedad infecciosa transmitida por el aire que tiene su forma resistente, estimándose 8.100 casos nuevos de tuberculosis multirresistente en la región para 2016, de los cuales 4.200 no fueron diagnosticados ni iniciaron tratamiento, poniendo a riesgo de esta forma resistente a otros en la comunidad.
Reconociendo que la TB puede estar asociada a otras infecciones como el VIH y a otras enfermedades como la diabetes, el tabaquismo y otras adicciones; que afecta principalmente a poblaciones vulnerables como privados de libertad, poblaciones marginales de centros urbanos, pueblos indígenas, afrodescendientes, habitantes de la calle y migrantes, entre otros; que está asociada a determinantes sociales, lo cual requiere un abordaje interprogramatico e intersectorial con participación de la sociedad civil.
Reconociendo que el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud brindan un marco para la prevención y control de la TB, al poder tener todos los afectados por esta enfermedad acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.
Reconociendo que la implementación de la Estrategia Fin de la TB y la Declaración de Moscú para poner fin a la tuberculosis hacen posible avanzar hacia la eliminación de la TB como problema de salud pública y que la Región de las Américas puede ser la primera en lograrlo en el mundo.
Nosotros, parlamentarios asistentes al IV Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas, realizado del 20 al 22 de agosto en Montevideo, Uruguay,
Declaramos nuestro apoyo a los esfuerzos encaminados a poner fin a la tuberculosis y urgimos a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de las Américas a concurrir el 26 de septiembre de 2018, a la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre tuberculosis y a comprometerse a:
- Acelerar los esfuerzos para que se diagnostique y trate a todos los casos de tuberculosis sin distinción, alcanzando la meta internacional de diagnosticar 40 millones de casos hasta 2022 en todo el mundo.
- Asegurar que todos los países implementen plenamente la estrategia Fin de la TB y la Declaración de Moscú para poner fin a la tuberculosis.
- Coordinar esfuerzos para promover y facilitar la Investigación de la tuberculosis.
- Establecer mecanismos que garanticen la financiación de la respuesta a la TB, incluyendo apoyo del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y de otros donantes.
- Apoyar un marco de rendición de cuentas para monitorear el avance de las intervenciones contra la enfermedad.
Con este fin, nos comprometemos a emplear todos los medios a nuestro alcance para apoyar los esfuerzos para poner fin a la tuberculosis, incluyendo constituir y/o fortalecer los frentes parlamentarios nacionales de TB, sumarnos al Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis, convocar otras instancias regionales y subregionales en este esfuerzo y apoyar decididamente a los programas nacionales de prevención y control de TB, adicionalmente a la promoción de esfuerzos parlamentarios para armonizar la legislación que sustente estas medidas, con el apoyo de los organismos de integración del continente y los parlamentos subregionales.