Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010 (OPS/OMS).- Un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos pidieron ayer la sanción el próximo 24 de noviembre del proyecto de Ley Nacional de Salud Mental que cuenta con media sanción de Diputados. La norma, que tiene la adhesión de la OPS, apunta a la progresiva reestructuración de los hospitales psiquiátricos, su reemplazo por sistemas de atención comunitaria, y garantiza derechos civiles a los pacientes.
Representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Familiares, Usuarios y Voluntarios (FUV), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Médicos del Mundo y la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación abogaron por la aprobación de la primera norma de salud mental del país, en una conferencia que tuvo lugar ayer en el Salón de las Banderas del Senado de la Nación.
"Esta ley materializa un cambio de paradigma al considerar al usuario como sujeto de derecho", analizó Claudio Morgado, titular del INADI y agregó que la norma "viene a romper con una mirada que se posa sobre un otro al que hay que encerrar en instituciones cerradas, en lugares de reclusión".
La coordinadora de Salud Mental del CELS, Macarena Sabin Paz, recordó que la investigación Vidas arrasadas, elaborada en 2006 por esa entidad y Mental Disability Rights International (MDRI), dio cuenta que en Argentina hay "25 mil personas internadas o detenidas en asilos del país". Y manifestó que entre el 60 y el 80 por ciento de su vida transcurre dentro de esas instituciones donde padecen muchas veces "abusos físicos y sexuales, sin derecho a tratamientos ni a rehabilitación ni a revisar su situación judicial".
Según Sabin Paz, la ley representa un decálogo de derechos. "Es la primera vez que se enumeran los derechos de la persona que está internada. Plantea tratamiento interdisciplinario, un órgano de revisión de la ley, la internación como último recurso, espacios de tratamiento en hospitales generales, además de dispositivos comunitarios para el tratamiento", indicó.
A su turno, Liliana Cabrera, presidenta de la Red FUV señaló que la norma incluye las verdaderas necesidades que tienen familiares que se enfrentan con problemáticas de salud mental. "Somos maltratados, necesitamos 3 a 4 meses para conseguir un turno, y si llegamos con una crisis nos internan", lamentó y sostuvo: "Hace falta un cambio de prácticas, el sistema nos ha demostrado que este modelo no funciona. Este modelo enferma, no sana. Queremos equipos de salud mental en todos los barrios para evitar que los cuadros se agraven", concluyó.
Desde la APDH, Alicia Gillone, coordinadora de salud mental, afirmó: "Esta ley termina con la idea del loco peligroso, lo que llevó a maltratos, encierros y represión, porque modificar los manicomios no alcanza, tiene que cambiar el concepto de peligroso y locura, que deja a las personas libres de derechos".
"La sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad ha llevado a abusos e institucionalizaciones crónicas. No se trata de trabajar con el diagnóstico sino con el contexto que lleva a ese diagnóstico", reflexionó Chávez Penillas, de la REDI.
Para Gustavo Basile, director de Médicos del Mundo cono sur, la ley plantea "la garantía de la cobertura integral. Un cambio en la agenda de la salud colectiva". También un cambio en el modelo de atención, la humanización de las prácticas en los servicios y la recuperación de la estrategia de atención primaria de la salud para dar una respuesta en la comunidad.
Por su parte, Yago Di Nella, director de Salud Mental, celebró que la norma "incorpora el enfoque socio sanitario en las políticas de salud".
El proyecto cuenta con la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), CPM (Comisión Provincial por la Memoria), La Colifata, la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), y más de 250 psiquiatras, entre otros.
