Buenos Aires, 8 de junio de 2012.- "Faltan tratamientos y respuestas sociales para las personas que consumen drogas", coincidieron en señalar los participantes de la mesa ¿Qué atención socio-sanitaria necesitamos?, que se centró en debatir siete puntos de la campaña 15 Ideas para una nueva Ley de Drogas, impulsada por la asociación civil Intercambios, en el marco de su 10º Conferencia sobre Políticas de Drogas.
Asimismo, los panelistas denunciaron la escasez de dispositivos de atención en general y, en especial, la ausencia de respuestas específicas tanto para niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal como para personas en prisión con consumo problemático y la situación de vulnerabilidad de quienes venden para consumir. Entre los expositores se coincidió, además, en la necesidad de auditar a las instituciones dedicadas a los tratamientos.
El panel, que se llevó adelante el pasado 7 de junio en el Senado de la Nación, estuvo integrado por Marta Monclús Masó, de la Procuración Penitenciaria de la Nación; Virginia Sansone, defensora pública de Menores e Incapaces; Patricia Pinto, operadora del Programa de Reducción de Daños del Municipio de San Martín y Carina Stehlik, directora del Plan de Adicciones de la provincia de Mendoza, con la moderación de Hugo Cohen, asesor en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
En la apertura del encuentro, la directora de Intercambios, Graciela Touzé, recordó que en 2003, cuando se realizó por primera vez la Conferencia, la intención fue "poner sobre la mesa el tema de los derechos de los usuarios de drogas. Hoy, tras diez años, los derechos humanos constituyen un tema central en la agenda política. Con ese horizonte lanzamos hace unas semanas la campaña 15 Ideas para una nueva Ley de Drogas. Son 15 ideas que se han construido colectivamente, a partir de investigaciones, intervención en territorios y diálogos con distintos sectores, para promover una política que garantice que el padecimiento subjetivo y social no se enfrente con más castigo sino con más inclusión".
El subsecretario de planificación y asistencia de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Ignacio O'Donnell, explicó que "la despenalización no implica la legalización de las drogas. Estamos ante dos procesos diferentes. La despenalización responde a la necesidad imperiosa de no criminalizar a las personas que consumen drogas. La legalización implica un horizonte en el campo jurídico que, como mínimo, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales". O'Donnell aseguró que "el sistema penal deberá intervenir activamente allá donde se lo requiere: en la persecución del narcotráfico como crimen organizado".
Las ideas de la campaña que analizó el panel fueron:
- Crear un Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas.
- Priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internación.
- Asegurar que los dispositivos de atención a usuarios de drogas estén basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos (Ley 26.657, Art. 7 c).
- Incluir las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención integral a usuarios de drogas.
- Respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención.
- Facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas.
- Fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas.
- Formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de atención.
"No hay diagnóstico, no sabemos cuántas personas consumen ni qué consumo hay en las cárceles", señaló Masó. La procuradora presentó un informe de Naciones Unidas para la región que revela que se estima que el 45% de la población carcelaria tiene problemas de consumo, pero hay servicios disponibles para apenas el 2%, con requisitos muy severos. "En el año 2009 sólo cinco detenidos finalizaron el tratamiento, apenas el 4% del total que lo habían iniciado el tratamiento. Un 50% no lo continuó porque fue expulsado", indicó.
Sansone centró su presentación en la vulneración de los derechos de niños y niñas con consumo problemático de drogas: "De los chicos menores de edad detenidos en Ciudad de Buenos Aires, al 10 % se les imputa la comercialización de estupefacientes. Al resto se les aplica la figura de consumo. Paradójicamente se los castiga, se los retira de la calle y se los interna". ¿Cuáles son los resultados? De 650 chicos con necesidad de ayuda, sólo 35 están en tratamiento y, de éstos, apenas el 3% llegan a la segunda fase del tratamiento, manifestó.
La situación para las personas adultas no difiere. "En el sistema de salud los usuarios de drogas no somos reconocidos como usuarios con derechos, somos rechazados, estigmatizados", señaló Pinto, operadora del Programa de Reducción de Daños del municipio de San Martín (provincia de Buenos Aires), e integrante de la Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Drogas (RADAUD).
Finalmente, Stehlik, directora del Plan de Adicciones de la provincia de Mendoza, presentó la experiencia de su jurisdicción, donde el Plan forma parte del área de salud mental. Con nueve Centros de Atención a las Adicciones en la provincia, la funcionaria hizo énfasis en que existen "situaciones específicas que requieren respuestas particulares y que recreemos dispositivos: la complejidad de las patologías duales, los pacientes crónicos, mujeres y adolescentes".
Al cierre del panel, Cohen intervino rescatando aspectos centrales de las presentaciones escuchadas y destacó que el país dispone ahora de la ley 26.657 que integra la salud mental y las adicciones como un paso significativo; "es una ley modelo en la región pero que aún no se ha reglamentado", manifestó.
