Buenos Aires, abril de 2009 (OPS).- Eliminar la discriminación entre mujeres y varones; garantizar el derecho de ellas a vivir una vida sin violencia, y remover los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género son algunos de los objetivos de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres que fue sancionada en la Argentina y que es respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La norma, aprobada el pasado 11 de marzo y promulgada el 1 de abril, busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en la Argentina a través de "la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres", "el acceso a la justicia" de las que "padecen violencia" y "la asistencia" a quienes "padecen violencia en las áreas estatales y privadas".
La flamante ley garantiza los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes.
La legislación también garantiza a las mujeres "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos" y a "gozar de acceso gratuito a la justicia" y a "la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres".
Gabriela Boada, coordinadora de campañas de Amnistía Internacional en Argentina, calificó la sanción de la norma como "un avance muy positivo en cuento al sistema de protección de la mujer ante casos de violencia".
Por su parte, el consultor en Salud Familiar y Comunitaria de la OPS, Luis Roberto Escoto, coincidió en afirmar que el flamante texto legal "es un avance de alta trascendencia ya que define un marco en el que penaliza una de las peores formas de violencia: la intrafamiliar para las mujeres".
Para Escoto, "esta ley es un hecho que viene a dinamizar y fortalecer los esfuerzos que se vienen haciendo para alcanzar la igualdad frente a todas las inequidades que la mujer ha tenido". Y agregó: "el fin es llegar a la equidad de género. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres". En ese rumbo, la OPS ofreció sus capacidades técnicas para colaborar con la implementación de la norma.
Boada destacó el hecho de que con la nueva ley "la perspectiva de genero esté integrada a las políticas del Estado. Hay muchos organismos que tienen responsabilidad en la aplicación". Y abogó por la reglamentación y el destino de los fondos necesarios para hacer frente al problema. La coordinadora de campañas de Amnistía contó que el Concejo Nacional de la Mujer es el organismo encargado de reglamentar la norma y de hacer realidad la Cedaw. El año pasado, duplicó su presupuesto respecto de 2007 para alcanzar los 5 millones de pesos. Sin embargo, para Boada es "una cifra corta".
En 2008, un relevamiento realizado por Amnistía Internacional en base a noticias publicadas en diez diarios argentinos identificó al menos 120 muertes de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas. "La realidad es abrumante, es una violación a los derechos humanos a la que hay que hacerle frente rápidamente", apuntó la integrante del organismo internacional y lamentó la falta de estadísticas sobre violencia doméstica en Argentina.
"Es necesario educar hacia la no discriminación hacia la mujer. Porque este es el caldo de cultivo de la violencia hacia ellas. Discriminación y violencia van de la mano. Se trata de una consecuencia de no considerar a la mujer una igual. Por eso es necesario que desde la educación se prepare a la sociedad en igualdad de genero", consideró Boada.
Otro de los desafíos a alcanzar en el país y que la flamante legislación impulsa es la equidad de género. "Hoy la realidad de una mujer en capital Federal es muy diferente a la de una en Jujuy. Es complicado pero el Estado tiene un compromiso en materia de derechos humanos y debe preocuparse por desarrollar políticas públicas acordes a nivel país, que sean iguales para todas".
Según Boada, "hace falta una estrategia a largo plazo para hacer frente a esta violación sistemática de los derechos humanos".
