Buenos Aires, mayo de 2019 (OPS/OMS).- Autoridades nacionales y de las provincias del noroeste de Argentina, junto a representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región, destacaron la importancia de la participación comunitaria en el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas en salud mental.
El Primer Encuentro Regional de Asociaciones de Usuarios y Familiares de Salud Mental, organizado en forma conjunta por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), se llevó a cabo en la provincia de Salta el 14 de mayo.
Durante la jornada usuarios y familiares de servicios de salud mental de las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán compartieron experiencias y presentaron diferentes miradas respecto a las políticas llevadas a cabo en salud mental, la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y la necesidad de profundizar su cumplimiento a fines de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con parecimientos de salud mental.
“La historia de la salud mental es una historia en la cual el colectivo de usuarios y usuarias ha quedado muchas veces excluido. Los tratamientos, los sistemas de salud mental, las políticas públicas han sido diseñadas e implementadas por unos pocos, todos profesionales y gestores. Este encuentro busca comenzar a revertir esa situación”, manifestó el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Luciano Grasso.
Por su parte, el consultor en Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Salud Mental de la OPS en Argentina, Sebastián Laspiur, sostuvo que “lo que los presentes hagamos aquí hoy puede generar mayor empoderamiento y mayor conciencia en las autoridades para incluir a los usuarios en la toma de decisiones”.
La actividad fue coordinada por Andrea Bruni, asesor en Salud Mental y Uso de Sustancias para América del Sur de la OPS/OMS, quien presentó la publicación “Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS”, una guía que ofrece a los países información práctica y herramientas para la evaluación y mejora de la calidad y las normas de derechos humanos en los establecimientos de salud mental y de apoyo social. El Instrumento se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta guía puede ser utilizada por muchos agentes diferentes, incluyendo comités de evaluación específicos, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, comisiones nacionales de salud o salud mental, organismos de acreditación de servicios en salud y mecanismos nacionales establecidos bajo tratados internacionales para supervisar la implementación de las normas en derechos humanos, y otros con un interés en promover los derechos de las personas con discapacidades.
La Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Nación llevará a cabo encuentros similares en otras regiones del país con el objetivo de involucrar a la comunidad a la hora de evaluar la calidad del servicio y analizar las estrategias terapéuticas, además de cumplir con las recomendaciones realizadas al respecto por la OPS/OMS y también con los establecido por la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental.
Hubo un compromiso de las autoridades nacionales junto a las provincias del noroeste de fortalecer los canales de participación de las asociaciones de usuarios y familiares en el desarrollo e implementación de políticas en salud mental y en la mejora de calidad de los servicios de salud a fin de garantizar el pleno derecho.
Asimismo, las asociaciones de usuarios y familiares agradecieron la iniciativa y valoraron ser incluidos y escuchados, además de manifestar su interés en incrementar la participación en todas las instancias necesarias para mejorar el cumplimiento de sus derechos.
