Buenos Aires, septiembre de 2019 (OPS/OMS).- A nueve años de la sanción de la Ley de Salud Mental en Argentina, la reciente realización del 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental constituye un importante paso adelante, aunque resulta imperioso fortalecer los procesos de externación y de reducción de camas en los hospitales y clínicas neuropsiquiátricas hasta el cierre definitivo de esas instituciones.
Así lo señalaron especialistas, funcionarios, legisladores e integrantes de organizaciones de la sociedad civil en la jornada “Salud Mental y Derechos Humanos”, realizada en el Senado de la Nación y en la que fueron presentados los resultados del censo, según los cuales en el país 12.035 personas se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos y el promedio de tiempo de permanencia en esas instituciones es de 8,2 años.
El censo, realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), fue llevado a cabo durante 2018 y 2019 en todas las instituciones públicas y privadas de Argentina con internación monovalente, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental, que había sido aprobada en 2010 y fue reglamentada tres años después.
En la apertura del encuentro, la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Norma Morandini, señaló que “si bien la realización del censo nos permite saber dónde estamos parados, la implementación de la ley viene con un atraso considerable en cuanto a la sustitución de las instituciones psiquiátricas y a la atención en espacios integrados a la comunidad”.
“Quiero destacar especialmente el muy importante apoyo de la OPS tanto en el impulso a la aprobación de la Ley Nacional de Salud Mental como en esta instancia de promoción de su cumplimiento efectivo. Es fundamental la participación de todos los sectores para que se haga oír el reclamo y la exigencia al Estado argentino de que cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos”, remarcó.
Por su parte, el asesor regional en Derechos Humanos de la OPS/OMS, Alejandro Morlachetti, expresó que “la Ley de Salud Mental ha sido un gran paradigma y Argentina ha sido uno de los primeros países de la región en dar ese paso”, para luego sostener que “no por tardío, el censo deja de ser bueno porque es fundamental conocer cuál es la situación, visibilizar y poner las cosas en blanco sobre negro”.
“Las personas con padecimientos mentales son sujetos de derechos y restringir su libertad no es el camino. Hoy nadie discute los derechos, el problema es quiénes pueden ejercerlos y quiénes no. Bajo la noción de protección se recurre al encierro, esto es comprobable tanto en manicomios como en asilos de ancianos e institutos de menores, pero es inadmisible. Hoy es prioritaria la generación de una red comunitaria de atención”, agregó el especialista.
La representante de la OPS/OMS en Argentina, Maureen Birmingham, también puso el acento en la existencia de “una importante brecha entre los aspectos contenidos en la Ley de Salud Mental y su implementación efectiva”, al señalar que “son muchos los desafíos y caminos que quedan por recorrer”.
Además, explicó que “la OPS/OMS, en su Plan de Acción en Salud Mental, promueve un modelo comunitario que tiene entre sus ejes fundamentales la desinstitucionalización, la inserción del componente de salud mental en la atención primaria de salud y en los hospitales generales, la existencia de una red de servicios, la participación social, la coordinación intersectorial y el abordaje de derechos humanos”, explicó.
“Valoramos los esfuerzos de Argentina y somos conscientes de que está avanzando y dando pasos concretos, como lo demuestra la realización de este censo, el trabajo en la integración del componente de salud mental en la atención primaria de salud, la elaboración y publicación de las pautas de organización y funcionamiento de los servicios de salud mental, acciones que también estamos acompañando desde la OPS”, indicó Birmingham.
La presentación de los resultados preliminares del 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental estuvo a cargo del director nacional de Salud Mental y Adicciones, Luciano Grasso, quien puso de manifiesto “el compromiso de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y el acuerdo de todas las provincias para avanzar en el cumplimiento de la ley hacia un modelo comunitario y la sustitución definitiva de las instituciones monovalentes”.
Resultados del censo
El 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental se llevó a cabo en 162 instituciones, 41 de las cuales pertenecen al sector público. De las 12.035 personas que permanecen en hospitales psiquiátricos, la mitad se encuentran alojadas en instituciones del sector público. El lapso de internación de los pacientes promedia los 8,2 años (12,5 años en el sector público y 4,2 en el privado).
De acuerdo con los resultados del primer relevamiento de este tipo que se realiza en el país y en América Latina, el promedio de edad de las personas internadas es de 50 años, el 60,4% no firmó un consentimiento un consentimiento informado para su internación y el 37,2% continúa alojado en hospitales psiquiátricos por problemas sociales y de vivienda.
En lo que respecta a la identidad de género, el 49,1% se identificó como masculino, el 45,4% como femenina, el 0,5% intersexual, el 4,7% figura sin dato y un 0,2 se reconoció como trans femenina o masculino.
El 68,8% de las personas internadas manifestó tener ingresos económicos, aunque el 72% de estas refirió no administrarlos. En tanto, el 58% manifestó que tiene vivienda, pero sólo el 74% de ellas dijo que puede disponer de la misma.
En cuanto a la cobertura de salud, el 21% de la población internada manifestó tener cobertura pública exclusiva, el 53,6 cobertura de obra social, el 12,6% dijo que tiene un plan estatal, el 8 un plan de medicina privada y el resto alguna tramitación en curso o no refiere datos.
Sobre los canales de comunicación, el 41,6% de las personas sostuvo que puede realizar llamadas telefónicas, el 34,1 % dijo que no recibió visitas y el 40,4% que no realizó salidas de la institución en el último mes, ya sea solo o acompañado.
Además, el censo determinó que el 36,4% de las personas que continúan internadas es por presentar riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, el 37,2 por problemas sociales y de vivienda y el 21,5% por otros motivos.
