Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 (OPS/OMS).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve la implementación de la Ley de Salud Mental, promulgada por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el 2 de diciembre de 2010, pero cuya reglamentación aún está pendiente. La norma apunta a evitar la internación de personas con padecimiento mental en instituciones neuropsiquiátricas y ofrece una serie de garantías y derechos que aseguran su inclusión en la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos, grupos de usuarios (pacientes), familiares y especialistas en salud mental solicitan al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley nacional 26.657, sancionada por unanimidad en noviembre de 2010, para que sea puesta en marcha en todo el país con plena vigencia. Días atrás, incluso, presentaron un petitorio ante la Jefatura de Gabinete para reiterar el pedido.
"La demora en la aprobación del correspondiente decreto reglamentario sigue sosteniendo en el tiempo la vulneración de derechos fundamentales de las personas usuarias que la ley vino a restituir", indica la carta firmada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud y el Colectivo 448 de Salud Mental, entre otras organizaciones. También adhirió a la solicitud el Foro de Políticas Públicas de Salud del Espacio Carta Abierta (acceda aquí al listado completo de entidades que suscribieron el petitorio).
De todas formas, varios sectores ya comenzaron a aplicar la norma. Este es el caso del Ministerio Público de la Defensoría de la Nación, la Agencia General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires y de varios institutos de estudios judiciales de cortes supremas provinciales, con los que la OPS/OMS colaboró en la capacitación de los contenidos y fundamentos de la ley, además de brindar las recomendaciones de la Organización en Derechos Humanos y Salud Mental.
También la facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata y la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba incorporaron lineamientos de la ley en carreras de posgrado.
La norma apunta a la progresiva reestructuración de los hospitales psiquiátricos, su reemplazo por sistemas de atención comunitaria, y garantiza derechos civiles a los pacientes. Prohíbe "la creación de nuevos manicomios", promueve dispositivos de medio camino como "casas de convivencia y hospitales de día", restringe las internaciones involuntarias que requieren de un consentimiento informado, crea una comisión de revisión para toda persona internada, y propicia internaciones breves en hospitales generales.
Según el texto de la ley, las instituciones monovalentes que ya existen "se deben adaptar a los objetivos y principios" de la norma, "hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos". En el caso de las externaciones, la normativa requiere "promover servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a grupos familiares y comunitarios; casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación y familias sustitutas".
Los contenidos de la norma son respaldados por numerosas organizaciones. De hecho, se han expresado públicamente por la pronta reglamentación también la Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos (APADH), Árbol de la Vida, Juntos x el Futuro, Promotores Villa Caraza, MOI (Programa de Integración Comunitaria), Red FUV, APEF, Café Basaglia Empresa Social, La Huella Empresa Social y X los Abuelos del Francés, entre otras.
La OPS ha reconocido la ley argentina como modelo en la Región por sus contenidos de avanzada y por la inclusión de los estándares internacionales de derechos humanos y salud mental.
