México, 16 de marzo de 2022 – Actualmente, 70 por ciento de la inversión en infraestructura vial privilegia a los automovilistas, al mismo tiempo, los hechos de tránsito en México cobran la vida de alrededor de 16 mil personas cada año, siendo la segunda causa de muerte entre los 5 y 34 años. Además, alrededor de 134 mil personas resultan lesionadas y, de éstas, 40 mil adquieren algún tipo de discapacidad permanente; por lo que el proyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca que estos recursos impulsen mejoras en la seguridad de los vehículos, la construcción de vías para vehículos no motorizados, el transporte público y la protección de peatones.
Esta ley, que fue aprobada por la Cámara de Senadores, será votada próximamente, en la Cámara de Diputados y contempla importantes recomendaciones de la OMS para salvar vidas contenidas en el Plan Global de Acción por la Seguridad Vial, como es la atención a los factores de riesgo a través del enfoque en la construcción de un sistema seguro que pone en el centro a las personas; el reconocimiento a los derechos de las víctimas de siniestros viales, el reconocimiento a los diversos patrones de movilidad y consideraciones de género y las relacionadas con el cuidado de terceras personas para lograr equidad; la promoción de la movilidad activa, saludable y segura.
Lo anterior, en observancia a los marcos jurídicos de México, para otorgar responsabilidades diferenciadas a los distintos ámbitos de gobierno en el país; se trata de una ley construida durante 6 años de trabajo a través de una amplia participación ciudadana, de expertos, especialistas, activistas, familiares de víctimas y académicos, construyendo consensos con todas las fuerzas parlamentarias de México.
De acuerdo a un estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con Latin NCAP y la Comisión Económica para América Latina y el Cariba (CEPAL), se podrían salvar 5,627 vidas al año de incorporar más y mejor tecnología de seguridad vehicular, además que permitiría disminuir los impactos a la economía por siniestros de tránsito. Los gastos derivados de la inseguridad vial y la baja seguridad vehicular se estiman entre el 1% y ell 3.5% del PIB. El introducir tecnología de seguridad vehicular podría traducirse en un crecimiento anual del PIB como mínimo del 1.2%, así como un incremento del 1.05% en la tasa de empleo.
Por lo tanto, desde la OPS nos complace que el texto del proyecto de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) aborde de forma completa e integral el problema de movilidad y seguridad vial, incluyendo una regulación que aborda el tema de vehículos más seguros, lo cual, permitirá salvar vidas humanas, evitar lesiones graves, así como la mitigación del sufrimiento humano.
