La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, asegura que, en comparación con hace tres décadas, hoy en día las niñas tienen un tercio menos de probabilidades de ser mutiladas, pero la pandemia por COVID-19 parece estar impulsando el aumento de la práctica. En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el llamado es a visibilizar la práctica e implementar acciones para su erradicación.
Bogotá, febrero 7 de 2022. Entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina, especialmente en 30 países de África, Oriente Medio y Asia. De ellas, la mitad de las afectadas viven en 3 países: Egipto, Etiopía e Indonesia. Si bien en Colombia no existe información que permita estimar la magnitud de este problema, el Ministerio de Salud y Protección Social ha descrito la existencia de esta práctica desde 2007, específicamente en la comunidad Embera Katío.
La mutilación genital femenina implica la eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones de los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Normalmente, se lleva a cabo entre la infancia hasta los 15 años. No tiene beneficio alguno para la salud, y por el contrario, las consecuencias inmediatas y a largo plazo son numerosas e incluyen hemorragias y dolor inmediatos asociadas con el riesgo de infección; problemas urinarios y menstruales, infertilidad, dolor crónico, infecciones genitales, ansiedad, depresión e incluso la muerte.
Por otra parte, afecta de forma directa el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, generando trastornos postraumáticos, temor a las relaciones sexuales y limitando el ejercicio libre y consentido de la sexualidad y la reproducción. Incluso, es reconocida internacionalmente como la materialización de desigualdades y discriminaciones por motivos de sexo y género.
Es por esto que, en diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometió a intensificar los esfuerzos para eliminar la Mutilación Genital Femenina, definiéndola como una práctica que constituye una "forma irreversible e irreparable de violencia, que viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas".
La aceptación social es la principal razón para perpetuar la práctica. En muchas culturas, se considera un rito de paso a la edad adulta y también se realiza para conferir un sentido de identidad étnica y cultural dentro de la comunidad. Otras razones están relacionadas con preservar la virginidad antes del matrimonio, promover la elegibilidad para el matrimonio, garantizar la fidelidad después de matrimonio, evitar las violaciones, proporcionar una fuente de ingresos a los circuncidores tradicionales, así como por motivos estéticos.
Según la doctora Gina Tambini Gómez, representante de la OPS/OMS en Colombia “para erradicar la mutilación genital femenina es fundamental impulsar acciones que generen evidencia, visibilicen la práctica y faciliten la incidencia, el diálogo político e intercultural. Así mismo, es necesario comprender las dinámicas sociales, facilitando el diálogo comunitario, familiar y con autoridades que influyan en la toma de decisiones relacionadas con la erradicación de la práctica”.
Igualmente, resulta fundamental trabajar de la mano con las comunidades, en el marco del respeto por sus creencias y prácticas culturales y comunitarias, reforzando los valores culturales propios que faciliten la comprensión y desincentiven la práctica.
Debemos reconocer que si bien el pueblo Embera Katio reconoce que no es una práctica que haga parte de su ley de origen, esta se sigue ejecutando, principalmente por mujeres adultas mayores. En este sentido, el abordaje de MGF es una situación compleja que requiere de conciliar los puntos de vista de la sociedad occidental con los de las poblaciones étnicas que aún la realizan.
La Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, en su estrategia de cooperación a Colombia trabaja de forma articulada con las autoridades nacionales y en los territorios, con el fin de fortalecer la respuesta integral a las violencias de género, la generación de evidencia que facilite su comprensión y visibilización y la construcción de herramientas técnicas dirigidas a aportar a la garantía del derecho a una vida libre de violencias y al goce de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, adolescentes y niñas.
