Una historia de avance en marcos normativos para responder a la violencia sexual en los servicios de salud.
Verónica nos cuenta que es “a partir de la norma técnica que nosotros en Ecuador logramos actualizar en el 2019, nosotros observamos que nos hacía falta tener un acápite específico para la atención de niñas y adolescentes y de manera específica para niñas menores de 14 años. Eso generó un compromiso a raíz de una de las políticas, que surgió como país en el marco de niñas embarazadas menores de 14 años y surgió la idea de construir flujos y rutas que permitan abordar de manera más personalizada y cálida en el momento de atender a las adolescentes que sufren de violencia sexual. Una de las cosas interesantes que surgieron a la par de la actualización de la norma técnica en el 2019 fue trabajar a través de un acuerdo ministerial, porque se generaron servicios de primera atención, es decir antes nosotros teníamos 15 salas donde se realizaban pericias, sin embargo nosotros observamos que no eran suficientes, entonces se generalizó en la mayoria de los establecimientos de salud que cuentan con salas de emergencia. Actualmente, nosotros tenemos en todos los establecimientos de salud que atienden violencia de género y todo esto se realiza a través del grado de gravedad del caso que se atienda. En caso de violencia sexual deben ser derivados de manera inmediata a las salas de emergencia de los establecimientos de salud. Desde allí nosotros generamos la primera sesión a estas víctimas, sobrevivientes de violencia sexual mejorando así el servicio con el que nosotros contamos aquí en el Ecuador”.
En Ecuador (2010) 8 de cada 10 mujeres han sido sobrevivientes de violencia alguna vez en su vida, mientras que un 21% de niños, niñas y adolescentes ha sufrido violencia sexual. Y Según la Encuesta de violencia de género realizado por el INEC en el 2019, el 32% de las mujeres encuestadas afirma que ha sufrido violencia sexual.
Para enfrentar esta realidad, el país dispone de herramientas de gestión de políticas públicas que abordan la violencia contra la mujer en general y la violencia sexual contra niñas, niños, y adolescentes en particular; tales como el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021 y la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025. Del mismo modo, cuentan con un marco normativo institucional en salud como la Norma Técnica de Atención a Víctimas de Violencia basada en Género y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, el Modelo de Gestión de la Información del Formulario obligatorio de notificación de casos de presunta violencia de género y graves violaciones a los derechos humanos.
Este marco normativo ha sido desarrollado desde un enfoque de derechos y de “salud pública multidimensional y brindan protección y atención integral, se acogen y adaptan las recomendaciones que propusiera la OMS para intervenir en diversos niveles o ámbitos: individual, relaciones sociales y ámbito global donde actúan los determinantes de la salud”.
El Plan de erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres es una política universal de atención y protección para una vida libre de violencia. Y según autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública, “la implementación del Plan garantizará a las mujeres, niños, niñas y adolescentes seguridad, paz, bienestar, tranquilidad, desarrollar sus proyectos de vida, vivir en mejores condiciones y con alegría, y al país mejores posibilidades de desarrollo social y económico, promoviendo el ejercicio de una verdadera democracia y ciudadanía plena”.