Los sistemas de salud se enfrentan al desafío del elevado precio de nuevos medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades. Esta escalada de precios en los fármacos se generó al amparo de una normativa comercial habilitante, con débil capacidad regulatoria de los Estados y a la dinámica de innovación en la industria del medicamento.
En Uruguay, desde 2005 los medicamentos de alto precio (MAP) se financian de forma universal en el Sistema Nacional Integrado de Salud, con un crecimiento del 800% en el gasto entre 2004 y 2017, en parte atribuido a los procesos de judicialización como expresión del malestar social.
La magnitud de la judicialización, expresión de conflictos que remiten al comercio, la ciencia y los acuerdos internacionales, ha provocado una dinámica inercial de respuesta de actores del Poder Judicial, fallando frecuentemente en favor de habilitar la opción que mejor pareciera proteger los derechos individuales de acceso al medicamento.
En ese marco se abordó la creación de un ámbito de conversación que permitió un intercambio fluido entre representantes del Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos, la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Asesoría en DDHH de la OCR, con el apoyo técnico de OPS/OMS, que contribuyó a la elaboración de insumos tendientes a racionalizar la participación de la Justicia en el acceso a las tecnologías de la salud.
Se implementó un Conversatorio, que tuvo como resultado la definición de un conjunto de líneas de acción: transparencia en la información sobre medicamentos de alto precio; comunicación pública y entre actores, referida a MAP; actualización de la normativa vigente en la materia; formación específica vinculada a MAP; estímulo a la Investigación local; abordaje de los criterios de prescripción.
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