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Poniendo la lupa en Amazonas para mejorar la respuesta en salud a la violencia sexual

La variable étnica en Amazonas, un gran desafío para mejorar la respuesta en la violencia contra las mujeres

Diciembre 2021

Según la Defensoría del Pueblo (2017), la variable de origen étnico no se consideraba en los informes principales de violencia contra la mujer, a pesar de que se reconoce que las mujeres indígenas enfrentan mayores barreras para la búsqueda de ayuda que el resto de las mujeres. Se trata de barreras sociales, culturales, económicas, geográficas e institucionales que limitan su acceso a los servicios de prevención y atención de la violencia de género, convirtiéndolas en una población de riesgo y vulnerabilidad. [1]

Sin embargo, en la ENDES del 2019 ya se recoge la variable de autoidentificación étnica permitiendo identificar a las mujeres que sufren violencia de pareja en poblaciones indígenas. Se trata de un salto a la visibilización de las necesidades de atención integral a la violencia que tienen las mujeres indígenas.La visibilización del problema no es suficiente, se requiere trabajar desde un enfoque de pertinencia cultural en la provisión de servicios de salud y otros servicios, en la medida que en la Región Amazonas predominan dos etnias, Awajun y Wampis, las cuales tienen formas propias de resolver sus problemas.

Identificando el problema  

La región de Amazonas tiene una población de 430,811 mil habitantes y la provincia Condorcanqui, ámbito de intervención del proyecto, tiene  una población que asciende a 52,357 habitantes. En esta región viven dos pueblos originarios amazónicos, la etnia Awajun y la Wampis. La población de Condorcanqui se distribuye en 270 centros poblados los cuales son atendidos por 74 establecimientos de salud.

Según la ENDES del 2019, en la región de Amazonas la prevalencia de la violencia de pareja o expareja ejercida alguna vez fue del 55.7 %  y la prevalencia de la violencia física por parte de la expareja llegó al 29.8%;.[2] De otro lado, el 7.8% de prevalencia representó la violencia sexual ejercida por el exesposo o compañero alguna vez .[3] Cuando se trata de la violencia sexual contra niñas solo se conoce el problema cuando la niña-adolescente llega con un embarazo temprano a los servicios de salud.

Si bien es cierto la prevalencia del embarazo adolescente ha disminuido en el lapso de tres décadas, de las cinco regiones con mayor prevalencia, la región Amazonas ocupa el tercer lugar de embarazos precoces.[4]Y según fuentes periodísticas, durante los periodos de cuarentena aparecieron embarazos en adolescentes que no superaban los 15 años.

 

Reconociendo y apoyando la respuesta a la violencia contra la mujer

La pandemia del COVID-19 ha agravado de manera muy preocupante la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres indígenas amazónicas, incluido su derecho básico a la vida. Por este contexto, desde diciembre del 2020 se viene desarrollando en el distrito de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, el Proyecto Conjunto (MPTF) “Salvar vidas y proteger derechos de las mujeres indígenas amazónicas en la respuesta al COVID 19”.  Este proyecto tiene una iniciativa promisoria llamada “Nuwa Tajimat” que significa mujer empoderada en el idioma Awajun. Esta iniciativa, basada en alianzas cuenta con la participación de la Organización Panamericana de la Salud, en articulación directa con la Dirección Regional de Salud de Amazonas.

Desde este punto de partida, las autoridades sanitarias de la región de Amazonas vienen priorizando la atención integral a la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, como resultado de un análisis de casos de la violencia en tiempos pandémicos.

Decisiones regionales para el fortalecimiento de competencias

Una de las primeras decisiones fue el fortalecimiento de competencias para la mejora de la capacidad resolutiva de los servicios de salud a la violencia sexual en la Red de Salud de Condorcanqui. Para ello, se programó el desarrollo de un curso virtual en el que participaron profesionales mayoritariamente obstetras del área de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, también participaron profesionales de otras áreas como la de salud mental, salud materna, planificación familiar y promoción de la salud.

Esta experiencia ha sido sistematizada como práctica promisoria para el fortalecimiento de competencias a fin de mejorar la respuesta a la violencia sexual en los establecimientos de salud.

Mujer trabajando en la computadora en una oficina

Profesionales de la salud valorando el fortalecimiento de competencias

En su totalidad, los participantes que contestaron la encuesta de sondeo online, una de las metodologías de la sistematización y aquellos que fueron entrevistados, afirmaron que el  curso les fue de utilidad. Este es un logro del curso, por las razones que a continuación se explican: “Sí considero que es útil (refiriéndose al curso), porque tengo la oportunidad de ver muchas mujeres adolescentes que son víctimas de violencia y el curso me ha permitido identificar y abordar de forma adecuada”.  “Todo esto me está ayudando a tener más conocimientos para ayudar a los pacientes. Son temas que se vienen actualizando”. “La expectativa de ahondar más en estos puntos, porque a veces por ignorarlos, podemos no ser parte de una ayuda importante que se requiere. Es valioso ahondar más para atender cuando la situación se presente”.“La forma práctica de abordar al paciente. Aprender a reconocer los signos de alarma y apoyar a las personas que están atravesando momentos de violencia. Que puedan tener una persona que pueda coordinar una forma de apoyo”.

Cabe destacar también, que la falla en la conectividad a internet, el corte de fluido eléctrico por lluvias torrenciales y el cruce del horario del curso con la jornada laboral fueron las barreras principales señaladas por los participantes, pese a ello, consiguieron culminar satisfactoriamente el curso.

 

¿Qué metodología usamos y cómo lo hicimos para mejorar competencias durante el curso?

El curso se adecuó para que permitiera el aprendizaje y práctica de una manera diferente para la atención a las mujeres sobrevivientes a la violencia, en los servicios de salud. Se usó la metodología denominada “por inmersión” que procura darle mayor profundidad al aprendizaje para procesar progresivamente lo aprendido por etapas, “he aprendido a tener una dosis de empatía. Para tener oportunidad de comunicarnos y ellos puedan confiar. En el tema de violación sexual, había algunos aspectos que no tenía claro. Justamente cuando hizo ese tema, se me dificultó. Como le repito, todavía estamos en el proceso de mejorar eso”.

Parte de la metodología fue el análisis de casos atendidos sobre violencia sexual. Uno de estos casos, se comparten en esta historia, “porque le conté un caso de una adolescente embaraza que fue violada por el abuelo y el cuñado de la hermana y no sabían de quién era el padre. Tuve que buscar al familiar que vino acompañándola y buscar más información. A veces el familiar no se anima”.

Curso

Este caso se basa en un hecho real y trata de una adolescente de 14 años gestante que asiste a su primer control en el servicio de salud de Napunukura, acompañada de su hermana mayor, quien informó que el embarazo de la adolescente era “delicado” porque no se sabía si el padre biológico era su abuelo o su cuñado. Además, que la adolescente era una persona con discapacidad.

Durante la atención realizada se cumplió con el examen clínico, pero al recibir el caso, se informó primero al jefe inmediato para proceder con la denuncia, quedando la hermana encargada de hacerlo. No obstante, la hermana primero fue a conversar con el APU (autoridad comunitaria indígena) con la intención de que interviniera en la denuncia.  

En la segunda cita de control, solo admitieron un control clínico rápido e informaron que ya “el caso había sido resuelto entre el APU, los padres de la adolescente y los agresores”. Desde el servicio se insistió en que los padres procedan con la denuncia, pero no lo admitieron “porque es el APU quien interviene y no querían pasar por la vergüenza frente a la comunidad”.

Los participantes, haciendo uso de las competencias adquiridas durante el curso, exploraron diferentes alternativas para poder “tener una respuesta efectiva desde la primera entrevista, basada en los protocolos del Ministerio de Salud y en el abordaje de ANIMA de la OPS/OMS, que centra la respuesta del servicio en la sobreviviente a través de la atención en primera línea, precisamente para asegurar que la sobreviviente regrese al servicio”, remarcó María Edith Baca, especialista en violencia de género que condujo el curso virtual.

Además de aprender a partir del análisis de casos y del análisis de otros recursos informativos, los participantes encuestados consideraron pertinente y útil el curso en la medida que respondió a necesidades de conocimiento y de mejora de competencias para abordar la violencia sexual en los servicios de salud.

¿En qué más aportó la OPS/OMS?

Otra competencia valorada, que empezaron a aplicar durante el desarrollo del curso fue la herramienta ANIMA que la OMS/OPS puso a disposición de los países desde el 2015, para mejorar la respuesta de los sistemas de salud a la violencia contra la mujer.

ANIMA traduce un cambio de paradigma en la atención en salud a sobrevivientes de la violencia, en la medida que centra la atención en las necesidades de las mujeres. En este caso, se trata de sobrevientes de poblaciones en situación de vulnerabilidad frente a la violencia sexual por su condición étnica.

En el Modelo de ANIMA, la A es Apoyo en primera línea, escucha activa y empática. La N insta a no juzgar, no sancionar formas de sentir, pensar y decidir de las sobrevivientes. La I recomienda informarse sobre sus necesidades, es decir, la atención centrada en la mujer. La M plantea el mejorar su seguridad en un marco de respuesta multisectorial y la A busca asegurar el apoyo social contínuo a nivel institucional, interinstitucional y comunitario.

Es la incorporación de este paradigma en la atención brindada por los profesionales de salud, lo que puede marcar la diferencia en la calidad de atención en los servicios de salud para sobrevivientes a la violencia de género.

 

[1] Defensoría del Pueblo. 2017. Informe de Adjuntía N ° 002-2017-DP / AMASPPI / PPI “Condiciones para garantizar el derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas”. Pp. 35. Lima, 2017.

[2] Instituto de Estadística e Informática – INEI. ENDES, 2019 – Lima.

[3] Ídem

[4] Fondo de Población de las Naciones unidas-UNFPA. 20201.