Mirta Roses Periago
Directora
La primera década del siglo XXI fue un período de progreso significativo en materia de salud y desarrollo, aunque con altibajos, en la Región de las Américas. A escala regional, la esperanza de vida aumentó 4 años entre el 2000 y el 2010, y pasó de 72,2 a 76,2 años. La mortalidad cayó en 11%, a pesar de un rápido envejecimiento de la población (al que sin duda contribuyó).
A pesar del declive económico de fines de la década, el número de personas en situación de pobreza en la Región disminuyó en 44 millones entre el 2002 y el 2011, y el de personas en situación de pobreza extrema descendió en 27 millones. Ello fue en gran parte el resultado del crecimiento económico sostenido durante la primera parte de la década, pero también fue un reflejo de las políticas dirigidas específicamente a combatir la pobreza adoptadas por algunos países.
Desde el punto de vista del desarrollo político, las tendencias positivas de los años noventa se mantuvieron en la primera década del siglo XXI, con una persistente consolidación de la democracia y el estado de derecho, una mayor descentralización política y administrativa, y un incremento de la participación ciudadana en la gobernanza local. Se produjeron amenazas al orden democrático, pero fueron pocas y no alteraron el modelo regional de aumento de la democracia. En efecto, América Latina y el Caribe se situaron en las primeras posiciones entre las regiones en desarrollo en el “índice de democracia” de la Economist Intelligence Unit (vinculada a The Economist) durante esos años, solo por detrás de Europa occidental, los Estados Unidos de América y Canadá.
La revolución en curso con respecto al uso de las tecnologías de la información, que aumentó de manera exponencial la comunicación y el intercambio de información entre los países, tuvo algo que ver con estas tendencias positivas. El uso creciente de medios como la web y de las redes sociales dio lugar a la aparición de nuevas redes sociales al igual que redes basadas en intereses específicos, en particular las nuevas “comunidades de práctica”, muchas de ellas especializadas en temas relacionados con la salud. Estos medios han ayudado claramente a movilizar y canalizar las nuevas y crecientes demandas de inclusión y participación sociales, y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos, las organizaciones y las empresas.
Aunque en muchos países de la Región se progresó hacia una gobernanza más democrática y participativa, otros afrontaron graves problemas a este respecto, especialmente los más afectados por el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Para fines de la década, la eficacia en el control del tráfico de drogas, en países como Colombia y México, tuvo como consecuencia el desplazamiento de las vías de tránsito de drogas y de la violencia asociada a este hacia otros países, en particular de Centroamérica. Este desplazamiento puso de relieve la necesidad de afrontar estos problemas a escalas regional y subregional, y alentó los llamamientos a ampliar el debate político internacional con objeto de considerar nuevas opciones, en particular la despenalización y el aumento de las actividades innovadoras de prevención y reducción de la demanda en zonas con un alto consumo como Europa y los Estados Unidos.
En cuanto a los aspectos económicos, durante el período reseñado, los países aumentaron su participación en la economía mundial y al mismo tiempo siguieron aspirando a modelos de desarrollo adaptados a sus propias necesidades y realidades. Una tendencia particularmente digna de mención fue el progreso continuo hacia la integración a escalas regional y subregional. Los mecanismos ya establecidos, tales como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), las comunidades Andina y del Caribe, y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), fueron complementados por nuevas entidades: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Estas iniciativas no solo ayudaron a ampliar el comercio intrarregional y las exportaciones regionales sino que también incrementaron la cooperación panamericana en diversas esferas: desde el desarrollo de las infraestructuras y la seguridad energética a la armonización de la reglamentación sanitaria y el acceso a los medicamentos esenciales (véase también el capítulo II). Gracias a su afiliación al grupo BRICS, Brasil empezó a explorar oportunidades de cooperación similares con las principales economías emergentes del mundo, al mismo tiempo que otros 12 Estados Miembros de la OPS están participando en reuniones de los países en desarrollo del Grupo de los 20 (G20): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
A pesar del importante progreso económico y social logrado durante la década, la Región de las Américas no superó su condición de ser la región más desigual del mundo. Según el coeficiente de Gini, la desigualdad en cuanto a ingresos mejoró un escaso 6,5% durante la década (de 0,46 en el 2000 a 0,43 en el 2010). En el 2010, el 20% más rico de la población de la Región percibía el 49,6% de los ingresos totales, mientras que el 20% más pobre ganaba solo el 5,6%.
Esta desigualdad fue también evidente en materia de determinantes sociales clave de la salud y el desarrollo, en particular el acceso al agua y el saneamiento, y la exposición a los contaminantes ambientales. Dos ejemplos particularmente notorios de tal desigualdad fueron la epidemia de cólera en Haití y la epidemia de insuficiencia renal en algunos países de Centroamérica, aun sin explicación, que se ha cobrado más de 18 000 vidas durante la década examinada, y ha deparado un alarmante recordatorio de los posibles efectos de los riesgos ambientales sobre los grupos vulnerables, en este caso, familias predominantemente del ámbito rural.
Las continuas inequidades y vulnerabilidades de los países y los grupos de población más pobres también se pusieron de manifiesto por la repercusión de numerosos desastres naturales que azotaron a la Región durante la década analizada. Estos desastres comprendieron desde inundaciones y sequías que afectaron a decenas de miles de personas de las zonas rurales de Centroamérica al terremoto de enero del 2010 en Haití, que según cálculos se cobró más de 200 000 vidas. La catastrófica repercusión del terremoto de Haití, de magnitud 7,0, contrastó notablemente con la menor repercusión del terremoto de magnitud 8,8 y el maremoto que azotaron Chile unas pocas semanas después, en parte como consecuencia de la mayor vulnerabilidad del país caribeño.
En lo relativo a la salud pública, hubo dos tendencias demográficas y epidemiológicas dominantes que definieron la década: el envejecimiento de la población y la creciente carga de enfermedades crónicas no transmisibles. Entre el 2000 y el 2009, el número de personas mayores de 60 años aumentó de 92 millones a casi 120 millones. Este aumento planteó dificultades especiales a los sistemas de salud, que en la mayor parte de los países han resultado ser insuficientes, tanto económica como institucionalmente, para abordar el rápido incremento de las enfermedades no transmisibles y otros aspectos sanitarios del envejecimiento. Estas tendencias también han aumentado las presiones sobre las familias y en particular sobre las mujeres, que prestan la mayor parte de la atención a los ancianos. Sin embargo, la repercusión ha sido aún mayor en los propios ancianos, muchos de los cuales se ven afectados no solo por los problemas de salud relacionados con la edad sino también por la pobreza y la falta de protección social.
Otras tendencias clave que influyeron en el desarrollo sanitario y social fueron la urbanización continua y en gran parte no planificada de la Región, la migración internacional y los desplazamientos internos, así como el cambio climático, todo lo cual incrementó la exposición a riesgos para la salud entre los grupos vulnerables. No obstante, la Región en su conjunto registró avances importantes en el desarrollo humano durante la década. En la siguiente sección se describen algunos de los principales procesos de salud pública que contribuyeron a conseguir estos logros regionales.¹
Intervenciones y logros en materia de salud pública
La Declaración del Milenio del año 2000 y los posteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y sus metas confirmaron un consenso cada vez mayor a escalas mundial y regional de que la salud es un componente esencial del desarrollo económico y social, así como del bienestar humano básico. En la Región de las Américas, este consenso se reflejó en las principales inversiones e iniciativas, y en el progreso significativo hacia las metas de salud pública durante el periodo examinado.
A lo largo de la década, el gasto sanitario público total creció de US$ 212 800 millones (en el 2000) a US$ 304 200 millones (en el 2010), un aumento de 43% en dólares constantes (en el mismo período, el gasto sanitario privado descendió 6,7%, de US$ 282 100 millones a US$ 263 100 millones). La mayor parte de este aumento se produjo durante la primera mitad de la década. Del 2000 al 2005, el gasto sanitario público aumentó 8,6% cada año, muy por encima del crecimiento económico, y pasó del 3,1 al 4,0% del PIB. En cambio, durante la segunda mitad de la década, dicho gasto no logró seguir el mismo ritmo que el crecimiento económico y descendió del 4,0 al 3,7% del PIB.
El aumento del gasto sanitario en los primeros años se debió en parte al alza de los costos de la atención de salud, pero también fue un reflejo del compromiso renovado de los países de abordar los problemas que las reformas sanitarias de fines de los años ochenta y de los años noventa no habían logrado resolver. Es decir, la fragmentación de los sistemas de salud, la existencia de un gran número de personas sin protección social ni sanitaria, así como los problemas estrechamente relacionados, como la pobreza, la exclusión social y otros determinantes sociales de desigualdad en materia de salud.
En el 2006, los Estados Miembros de la OPS empezaron a elaborar un método para acometer estos problemas a escala regional que con el tiempo culminaría en una de las iniciativas regionales de salud pública más importantes de esa década: la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017. Elaborada mediante un proceso de amplia consulta y creación de consenso, la Agenda representa la visión política y estratégica de más alto nivel para la salud en la Región. Tiene por objeto servir de guía a la acción colectiva de todos los interesados directos en el campo de la salud, incluidos los planificadores sanitarios nacionales, los organismos de cooperación técnica y otros asociados de la esfera de la salud en la Región.
La elaboración de la Agenda comenzó en marzo del 2006 y fue dirigida por un grupo de trabajo especial constituido por representantes de 10 países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Panamá, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela [República Bolivariana de]), actuando la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) como secretaría. Durante el proceso de un año de duración, se recibieron las aportaciones de todos los países de la Región, así como de organizaciones de las Naciones Unidas y otros organismos de cooperación técnica, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. En junio del 2007, se publicó el documento final, antes de la 37.a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ciudad de Panamá, junto con una declaración firmada por las autoridades sanitarias de todos los Estados Miembros de la OPS.
La Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 se basa en los principios compartidos de la salud como un derecho humano, la equidad en salud, la cobertura universal, el acceso y la inclusión, la participación social y la solidaridad panamericana. Presenta un análisis de la situación que refleja una visión compartida de los problemas comunes de salud pública que afrontan los países de la Región, y las medidas requeridas para abordarlos. La agenda plantea siete áreas clave para la acción: el fortalecimiento de las autoridades sanitarias nacionales; el abordaje de los determinantes de la salud; el aumento de la protección social y el acceso a servicios de salud de calidad; la disminución de las desigualdades en materia de salud entre países y dentro de un mismo país; la reducción de riesgos y de la carga de morbilidad; el fortalecimiento de la gestión y el desarrollo del personal sanitario; el aprovechamiento del conocimiento, la ciencia y la tecnología; y el fortalecimiento de la seguridad sanitaria.
Uno de los procesos regionales más importantes que ayudó a lograr los avances de la Región hacia los ODM y los objetivos de la Agenda de Salud para las Américas fue la ampliación de la protección social, tanto en materia de salud como en determinantes sociales de la salud tan esenciales como la seguridad de obtener ingresos y el acceso a los servicios esenciales, de acuerdo con la iniciativa de las Naciones Unidas consistente en establecer un nivel mínimo de protección social para todos.
Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la SaludUno de los logros más importantes de la promoción de la salud a nivel mundial en la primera década del siglo XXI fue la mayor importancia asignada a nivel político a los determinantes sociales de la salud. En el Informe Final de 2008 de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud: Subsanar las desigualdades en una generación se demostró claramente que los determinantes sociales —el lugar donde la gente nace, crece, vive, trabaja y envejece y su acceso a los servicios de salud— son los principales factores que sustentan las desigualdades en materia de salud entre las personas de todo el mundo.
Como preparación para la conferencia, la OPS organizó tres consultas destinadas a formular recomendaciones regionales, que comprendieron una reunión de Estados Miembros, una consulta virtual con 300 organizaciones de la sociedad civil (seguida por una reunión presencial más pequeña para resumir sus resultados), y una consulta virtual con miembros del servidor de listas de la OPS sobre equidad, salud y desarrollo humano con la finalidad de llegar a otros interesados directos. Las recomendaciones emanadas de estas consultas se documentaron y distribuyeron ampliamente. Uno de eventos destacados de la conferencia mundial, que reunió a más de 1 000 personas, además de 19 000 participantes virtuales, fue la presentación de siete estudios de caso de la Región para ilustrar los aspectos sistemáticos y prácticos de la adopción del enfoque de determinantes sociales de la salud a nivel de país. La Declaración política de Río sobre los determinantes sociales de la salud fue ratificada por la 65.a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las medidas para apoyar sus cinco esferas prioritarias para la acción: gobernanza adecuada para afrontar las causas de las desigualdades en cuestiones de salud, promoción de la participación y del liderazgo comunitarios, función del sector de la salud para reducir las inequidades, cooperación entre los asociados internacionales y los interesados directos, y vigilancia de los progresos. |
Durante la primera década del siglo XXI, el gasto público promedio en salud de América Latina y el Caribe llegó a un máximo de 4,1% del PIB en el período 2008-2009, y el gasto sanitario de algunos países fue en muchos casos significativamente inferior. En el Informe sobre la salud en el mundo 2010, Financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal, se muestran datos fidedignos de que ningún país con un gasto sanitario público inferior al 5-6% del PIB ha alcanzado la cobertura universal de la atención de salud. No obstante, varios países ampliaron dicha cobertura mediante el aumento de la proporción de la población protegida o del nivel de servicios ofrecidos, mediante la reducción de los costos en efectivo que deben pagar las personas y las familias, o una combinación de los tres.
El Sistema Único de Salud de Brasil se creó en 1988 y se amplió para dar cobertura al 80% de la población del país, de casi 200 millones de habitantes, para fines de la década. El plan público voluntario, Seguro Popular, de México, establecido en el 2004, a final de la década pudo llegar hasta 50 millones de personas de 32 estados diferentes, que no estaban protegidas por otras instituciones de seguridad social. El programa de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) de Chile, establecido en el 2005, fortaleció el sistema de atención sanitaria universal ya existente en el país mediante la prestación de cobertura garantizada en plazos específicos para 70 problemas de salud que representaban una gran carga. El Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay, creado en el 2007, incrementó la calidad y la sostenibilidad del sistema de atención sanitaria universal del país mediante reformas en el financiamiento, un conjunto garantizado de servicios, y una mejora en la distribución de los beneficiarios entre proveedores privados y públicos, independientemente de su capacidad de pago. En Estados Unidos, la ley de protección del paciente y atención médica asequible aprobada en el 2010 tiene por objeto aumentar de manera progresiva la cobertura del seguro de salud al mismo tiempo que se mejora la prestación de servicios sanitarios y se reducen sus costos; esta ley representa el esfuerzo más importante realizado en ese país desde los años sesenta para reformar el sistema de salud.
La cobertura sanitaria también se amplió como parte de un número cada vez mayor de programas específicos para combatir la pobreza que exigían a los beneficiarios que se sometieran a intervenciones de salud como condición para obtener transferencias de dinero en efectivo. Para fines de la década, unos 3,1 millones de familias de Brasil recibían atención de salud y otros beneficios del Programa de Subvención Familiar (Bolsa Familia), mientras que unos 5,8 millones de familias se beneficiaban del programa Oportunidades de México, y 1,1 millones de personas se beneficiaban de la estrategia Chile Solidario. Otros países, como Colombia, Ecuador y Perú, emprendieron importantes iniciativas para impulsar el debate nacional acerca de la cobertura sanitaria universal.
El afán de los gobiernos por cumplir los compromisos de salud y desarrollo social también llevó a aumentar la utilización de la legislación, la autoridad presupuestaria y el derecho constitucional para reformar los sistemas de salud y protección social, y para ampliar la acción gubernamental a esferas relacionadas con los determinantes sociales de la salud. Siguiendo un proceso que empezó en los años noventa, Bolivia, Ecuador y la República Dominicana figuraban entre los países que habían adoptado nuevas constituciones que garantizaban explícitamente el derecho a la salud, e incluían mandatos de reformas legales que fortalecían la función rectora de las autoridades sanitarias nacionales y mejoraban la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de la salud.
Además de estas disposiciones constitucionales, otros países elaboraron nuevos marcos jurídicos para el sector de la salud, incluida la legislación para crear nuevos organismos de reglamentación o consolidar los existentes. Argentina, Guatemala y Panamá figuran entre los países que redactaron nuevas leyes nacionales de salud e iniciaron debates a escala nacional sobre la legislación propuesta, dirigidos por las autoridades sanitarias nacionales y las comisiones de salud del poder legislativo. La legislación propuesta por Panamá tiene por objeto crear un nuevo organismo de reglamentación farmacéutica, mientras que la República Dominicana se propone establecer un nuevo organismo para gestionar los servicios de salud estatales. Paraguay está considerando la propuesta de nuevos reglamentos que guíen la aplicación de su ley de 1996 (N.º 2.319), que establece las funciones y las competencias de las autoridades sanitarias nacionales.
En relación con estos acontecimientos, empezaron a aparecer los tratados y otros acuerdos internacionales como instrumentos para la acción colectiva con objeto de proteger la salud de la población frente a las amenazas comunes. El más importante de estos fue el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en el 2003 y que constituye el primer tratado internacional relacionado con la salud. Al 2012, 29 de los 35 países de la Región de las Américas eran Partes en el Convenio, incluidos siete países —Bahamas, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Suriname— que en los cinco últimos años lo habían ratificado.
Durante el período del 2008 al 2012, algunos países de la Región avanzaron considerablemente en la ejecución del CMCT. Doce países aprobaron nuevas leyes que prohibían fumar en espacios públicos interiores y en los lugares de trabajo, uniéndose así a Uruguay, que fue el primer país de la Región que implantó esa prohibición en el 2005. En el 2012, Canadá ya ha establecido leyes a escala subnacional que prohíben fumar y protegen eficazmente al 90% de la población. Además, 14 países aprobaron leyes sobre el empaquetado y la rotulación de los productos del tabaco, la mayor parte de las cuales concordaban con las medidas del CMCT sobre el tamaño de las advertencias sanitarias, el uso de advertencias gráficas y la prohibición de utilizar términos engañosos (por ejemplo, cigarrillos suaves). Estas leyes siguieron su curso a pesar de las ofensivas de la industria tabacalera para socavar los avances en el control del tabaco.
En el 2011, los Estados Miembros de la OPS/OMS aprobaron medidas similares con respecto al alcohol como parte del Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol (resolución CD51.R14). Este plan propone determinadas medidas que incluyen el aumento de los impuestos que gravan las bebidas alcohólicas; las restricciones en cuanto a edad, tipos de puntos de venta, y horarios para la venta y la compra de alcohol; y límites en materia de mercadotecnia, en particular la dirigida a los jóvenes. De forma similar a lo que ocurrió con el tabaco, la industria del alcohol respondió de forma activa para evitar la aplicación de estas medidas.
Conforme a estas iniciativas y contribuyendo a la ampliación de la cobertura sanitaria, empezó a hacerse cada vez más hincapié en actividades de salud pública basadas en los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad cultural. En los países americanos, estas cuestiones constituyeron el objeto de nuevas leyes, políticas o mecanismos diseñados para proteger y promover la “salud para todos”. Particularmente dignas de mención fueron las iniciativas llevadas a cabo entre los diferentes países y dentro de estos para definir las respuestas multisectoriales estatales y de la sociedad civil a las complejas desigualdades y problemas en materia de salud pública, en particular la violencia contra la mujer, el acceso al tratamiento y la atención de las personas infectadas por el VIH, la identidad de género, y los derechos reproductivos y sexuales.
Estas iniciativas condujeron a logros tales como las nuevas políticas en materia de igualdad de género en el sector de la salud; las reformas de la salud mental, que incorporaron las medidas de protección de los derechos humanos; la despenalización de los diferentes comportamientos de orientación sexual; la penalización de la violencia contra la mujer; la creación de ministerios interculturales u oficinas de alto nivel dentro de los gobiernos; los compromisos a escala subregional en materia de igualdad étnica y de género en temas de salud; y el establecimiento de grupos técnicos gubernamentales que aboguen por la equidad en materia de salud en los programas regionales, subregionales y nacionales de acción sanitaria. Muchos de estos procesos adoptaron los tratados, las convenciones o las resoluciones universales o regionales, que comprometen a los países a proteger la salud y los derechos humanos.
Durante el período examinado, aumentó la determinación de la Región de hacer frente a la epidemia en aumento de enfermedades no transmisibles, y ello se reflejó en varias iniciativas y compromisos a escala regional. Estos iban desde las actividades mencionadas para llevar a la práctica el CMCT hasta las iniciativas de las Primeras Damas encaminadas a luchar contra la obesidad en la niñez —por ejemplo, “Let’s Move!” en los Estados Unidos y “Elige vivir sano” en Chile— y leyes y reglamentos acerca de la comercialización de alimentos a los niños y la comida chatarra servida en las escuelas, como en Chile, Costa Rica y México.
El Caribe lideró estas iniciativas regionales con la celebración de la primera Cumbre Regional sobre Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Trinidad y Tabago en el 2007. La Declaración final de Puerto España: “Unidos para detener la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles” situó a estas en los primeros puestos del plan de acción sanitaria del Caribe, y estableció el compromiso de adoptar una serie de políticas y medidas basadas en un marco multisectorial de “toda la sociedad”. Estas consistieron en iniciativas de educación sanitaria y promoción de la salud, programas ampliados para el tamizaje y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles, incentivos y recursos para mejorar la nutrición e incrementar la actividad física en las escuelas y en otros entornos, la plena aplicación del CMCT, mandatos para la rotulación del contenido nutricional de los alimentos, y políticas agropecuarias y de comercio que promocionaban los productos autóctonos y contrarrestaban los efectos negativos de la globalización en el suministro alimentario.
En el 2010, los países del Caribe presentaron una resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas en que solicitaban la celebración de una reunión de alto nivel que concientizara sobre la carga de las enfermedades no transmisibles en todo el mundo y propiciara nuevos compromisos para abordar el problema. La Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles se celebró en Nueva York los días 19 y 20 de septiembre del 2011, y constituyó la segunda reunión de las Naciones Unidas dedicada a la salud, después del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/sida del 2001. La declaración final se hizo eco del convenio de Puerto Espaa, que solicitaba la adopción de políticas y medidas multisectoriales para abordar las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo e instaba a la ejecución de las estrategias mundiales de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, así como a la aplicación acelerada del CMCT.
El envejecimiento de la población de la Región y el aumento consecutivo de las enfermedades crónicas no transmisibles han generado nuevos imperativos para los sistemas de salud, pero no han eliminado la necesidad de afrontar otros problemas más persistentes como las enfermedades infecciosas y las relacionadas con la pobreza. En algunos países, como Bolivia, Guatemala y Paraguay, las enfermedades transmisibles siguen siendo las causas principales de la carga de morbilidad general. Otros países se enfrentan a una carga epidemiológica “doble” (o incluso “triple”) en la que las enfermedades infecciosas siguen representando una proporción significativa de la morbilidad y la mortalidad, al tiempo que las enfermedades crónicas aumentan rápidamente y las causas externas, en particular los traumatismos y la violencia, también contribuyen en gran parte a aumentar la carga de morbilidad.
Aunque otras regiones en desarrollo afrontan panoramas epidemiológicos similares, América Latina y el Caribe las han superado en un punto clave: la reducción de la carga de enfermedades prevenibles mediante vacunación. Hasta el 2010, en la Región de las Américas, el promedio de la cobertura básica de vacunación era de más de 92%, en niños menores de un año. Gracias a estas elevadas tasas de cobertura, la Región pudo consolidar logros importantes, tales como la eliminación del sarampión y la rubéola endémicos (ambas en proceso de verificación) y el registro de las tasas más bajas de mortalidad infantil de cualquier región en desarrollo. Además, en casi todos los países el tétanos neonatal ha dejado de ser un problema de salud pública. La excepción fue Haití que hizo historia a comienzos del 2012 con las actividades de inmunización intensificadas que permitieron vacunar a unos 3 millones de niños contra poliomielitis, sarampión y rubéola, con lo cual se logró una cobertura de más de 98% para todos los grupos de edades. La introducción de la vacuna pentavalente en Haití se ha previsto para fines de septiembre del 2012.
Además del progreso en el control de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, la Región también avanzó considerablemente en la lucha contra algunas de las denominadas enfermedades desatendidas y enfermedades de la pobreza. Para fines de la década, todos los países de la Región excepto Brasil habían eliminado la lepra a escala nacional (con menos de 1 caso por 10 000 habitantes), y los 21 países en que la enfermedad de Chagas es endémica habían interrumpido la transmisión doméstica porvectores. En el 2007, la Región ya había eliminado la ceguera causada por la oncocercosis, y la transmisión de la enfermedad fue interrumpida o eliminada en diversos focos en Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela.En el 2011,Costa Rica, Suriname y Trinidad y Tabago habían interrumpido la transmisión de la filariasis linfática. Sin embargo, la enfermedad seguía siendo un problema en Brasil, Guyana, Haití y República Dominicana. Otras enfermedades de la pobreza que aún persistían como problemas en la Región eran las geohelmintiasis, el tracoma, la esquistosomiasis, la leptospirosis y la leishmaniasis; esta última fue una de las pocas enfermedades infecciosas cuya frecuencia aumentó durante los aos estudiados.
La adopción del nuevo Reglamento Sanitario Internacional en el 2005 marcó un hito en materia de salud pública a escala mundial y en la Región de las Américas, y dio lugar a un proceso aún en curso de fortalecimiento de las capacidades de alerta y respuesta epidemiológicas. Los programas de cooperación técnica de la OPS/OMS apoyaron este y otros procesos y logros clave en materia de salud pública durante la década. En el capítulo II se describen los aspectos destacados de este trabajo.
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