Chapter 6. REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA CARGA Y
LAS REPERCUSIONES DE LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES
DE RIESGO
Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de enfermedad,
discapacidad y muerte en la Región de las Américas. Representan 79% de todas las
defunciones en la Región y 35% de esas defunciones son prematuras, es decir, suceden en
personas de 30 a 69 años de edad. La cooperación técnica de la OPS facilitó las
actividades de promoción por parte de los países del Caribe, que por mucho tiempo han
reconocido la necesidad de abordar estas enfermedades. Este trabajo ayudó a llevar las
ENT a la atención mundial y contribuir de forma importante a los eventos que dieron
lugar en el 2011 a la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Prevención y
el Control de las Enfermedades No Transmisibles y a la Declaración Política resultante.
En el 2012, la 28.a Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la Estrategia para
la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (documento
CSP28/9, Rev.1), en consonancia con la estrategia mundial de la OMS para la prevención
y el control de las enfermedades no transmisibles. Tras la adopción por la OMS en el
2013 del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles 2013-2020, la OPS puso en marcha su Plan de acción para la prevención y
el control de las enfermedades no transmisibles (documento CD52/7, Rev.1), que está
adaptado a las necesidades de la Región y orienta la cooperación técnica de la
Organización en esta esfera.
Al igual que los marcos mundiales, la estrategia y el plan de acción regionales de
la OPS destacan las cuatro ENT que representan la mayor carga para la Región de las
Américas, a saber, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las
enfermedades respiratorias crónicas, así como sus cuatro factores de riesgo principales: el
consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, la inactividad física y el consumo
nocivo de alcohol. Los marcos procuran dar mayor visibilidad a las ENT en los
programas económicos y de desarrollo de los países, a fin de promover los enfoques de
todo el gobierno, de la salud en todas las políticas y de toda la sociedad mediante una
respuesta multisectorial a las ENT que incluya al gobierno, a la sociedad civil y al sector
privado.
La lucha contra las ENT y sus factores de riesgo
Políticas, planes y programas
Durante el período en análisis, la cooperación técnica de la OPS contribuyó a lo
siguiente:
• Formulación o revisión de las políticas, estrategias o planes nacionales
multisectoriales sobre las ENT en Antigua y Barbuda, Belice, Costa Rica,
Dominica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Saint Kitts y Nevis y
Suriname.
• La integración de programas nuevos o mejorados para la atención de las ENT en
los servicios nacionales de salud. En Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas y Suriname se pusieron en marcha programas para el manejo
integrado de las enfermedades crónicas centrado en la atención primaria, mientras
que en Colombia, Ecuador, Jamaica, México y Perú se elaboraron nuevos
programas específicos para la prevención y el control del cáncer.
• El mejoramiento del autocuidado de las enfermedades crónicas mediante la
creación del pasaporte de atención a las enfermedades crónicas, una libreta a
cargo del paciente que fomenta el cumplimiento del tratamiento, el autocuidado y
la prevención, además de facilitar la recopilación de datos sobre las ENT; la
formación de capacidad en autocuidado de la diabetes mediante un curso en línea
ofrecido por el Campus Virtual de Salud de la OPS; y la puesta en práctica del
programa de autocuidado de las enfermedades crónicas, que consta de talleres
comunitarios dirigidos por pares que preparan a las personas mayores para que
controlen sus trastornos crónicos en coordinación con los equipos de atención de
salud y sigan siendo miembros activos de la sociedad. La evidencia muestra que
los participantes mejoran su estado de salud, su comportamiento con respecto a la
salud y el autocuidado, y acuden menos a la sala de urgencias. Este modelo de
atención de las enfermedades crónicas fue adaptado por CARICOM para atender
mejor las necesidades de los países del Caribe y su puesta en práctica figura en las
estrategias o planes de acción contra las ENT de varios países que integran esa
comunidad. El programa de autocuidado de las enfermedades crónicas se ha
desplegado en todos los países del Caribe oriental y se ha integrado bien en los
servicios de salud de todos los niveles. La experiencia ha sido documentada y
presentada a Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos con la finalidad de promover la
cooperación entre países.
La OPS puso en marcha el Consorcio SaltSmart y la Iniciativa del Cáncer en la
Mujer, en el marco del Foro Panamericano de Acción sobre las Enfermedades No
Transmisibles (PAFNCD):
35
• El Consorcio SaltSmart, que reúne a expertos en salud y nutrición del gobierno y
a representantes de la sociedad civil (incluidas las universidades) y la industria,
respaldó un plan plurianual para reducir a la mitad el consumo alimentario de sal
en la Región de las Américas para el 2020. Este plan incluye campañas para
aumentar la conciencia del público sobre la importancia de reducir la sal alimentaria y medidas para reducir la sal en los productos procesados
industrialmente. En el 2014, el Consorcio formuló una serie de principios y metas
específicas para orientar los esfuerzos de la Región encaminados a reducir el
contenido de sal en diversos alimentos. Antigua y Barbuda, Barbados y San
Vicente y las Granadinas han estado ejecutando un proyecto de reducción de la
sal que aplica una estrategia de mercadeo social dirigida a las madres jóvenes con
niños en edad escolar. En el 2017 se proporcionó capacitación a equipos técnicos
de Brasil, Costa Rica, Paraguay y Perú para emplear estrategias de mercadeo
social encaminadas a reducir el consumo discrecional de sal.
• La Iniciativa del Cáncer en la Mujer es fruto de una asociación entre la OPS y
destacadas organizaciones mundiales y regionales dedicadas a la prevención del
cáncer. Está destinada a reducir los cánceres de mama y cervicouterino, que son
los que más afectan a las mujeres de América Latina y el Caribe. Se emprendió en
el 2013 y abarca tres años; sus actividades se han puesto en práctica a nivel
regional y en países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Perú, Saint Kitts y Nevis, y San Vicente y las Granadinas.
Esta iniciativa aborda la promoción de la causa y la comunicación; la formación
de capacidad para la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la atención; mayor
acceso a los servicios y el tratamiento; mayor vacunación contra el VPH; y
ampliación de los programas de investigación. La Oficina ha preparado un
análisis y un informe sobre los progresos realizados en el ámbito de la prevención
y el control del cáncer cervicouterino que se examinará en la 29.a Conferencia
Sanitaria Panamericana, en septiembre del 2017.
Innovaciones tecnológicas para el tamizaje del cáncer cervicouterino
El cáncer cervicouterino es prevenible en gran medida. La Oficina ha estado impulsando las
pruebas de detección de VPH, una nueva técnica que permite mejorar la eficacia de los programas
de tamizaje, así como las vacunas contra el VPH, con miras a prevenir este tipo de cáncer.
En el 2013, la OPS y la OMS publicaron nuevas directrices basadas en la evidencia sobre el
tamizaje del cáncer cervicouterino, que incluyen las pruebas de detección de VPH como
herramienta principal de tamizaje. Con la finalidad de difundir la nueva evidencia y analizar los
cambios de política, la Oficina organizó diálogos de política de múltiples interesados directos en
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que dieron lugar, con el apoyo de la
Oficina, a la formulación y el despliegue de nuevas políticas y planes nacionales que apoyan los
programas de tamizaje a base de pruebas de detección de VPH.
La Oficina también dirigió proyectos experimentales sobre las pruebas de detección de VPH en
Chile, Saint Kitts y Nevis, y San Vicente y las Granadinas, y preparó una guía sobre la
planificación, ejecución y evaluación de los programas de tamizaje que incorporan las pruebas de
VPH, basándose en las experiencias adquiridas en los entornos de ingresos bajos y medianos.
La Oficina facilitó una serie de encuentros para intercambiar información científica y transmitir
las experiencias de los países, entre ellos, una reunión regional con los interesados directos de
20 países y seis organizaciones internacionales, y un diálogo de los sectores público y privado
con los fabricantes de las pruebas de VPH para examinar las posibilidades de hacerlas más asequibles y accesibles. A raíz de ese diálogo, la Oficina estableció criterios y normas para
seleccionar las pruebas de VPH y ha colaborado con el Programa OMS de Precalificación de
Medicamentos para que las pruebas se incluyan en el Fondo Estratégico de la OPS y que, de ese
modo, los Estados Miembros puedan adquirirlas a precios asequibles.
Legislación y reglamentación
Las iniciativas legislativas y reglamentarias desempeñan una función importante
en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en particular para
hacer frente a los factores de riesgo de las ENT. Las medidas encaminadas a reducir la
exposición al tabaco y el consumo de alimentos poco saludables y bebidas alcohólicas, y
posibilitar la actividad física al hacer que lo más fácil sea elegir la opción saludable han
demostrado ser muy costoeficaces para reducir las ENT. Las políticas fiscales, como
aumentar los impuestos sobre los productos nocivos, pueden desalentar el consumo de
estos productos y disminuir los costos de salud, generando al mismo tiempo ingresos que
pueden destinarse a intervenciones de salud. Durante el período en análisis, la
cooperación técnica de la OPS contribuyó a la formulación de varias iniciativas
legislativas y reglamentarias en los países de la Región.
La OPS puso en práctica la Iniciativa REGULA, cuya finalidad es mejorar las
capacidades de los países de elaborar y ejecutar las medidas legislativas, reglamentarias y
fiscales para reducir los factores de riesgo de las ENT. Esta iniciativa aprovecha la
cooperación técnica en curso para aplicar medidas eficaces encaminadas a frenar el
consumo del tabaco y el consumo perjudicial de alcohol y fomentar la alimentación
saludable y la actividad física. Incluye introducir o aumentar los impuestos sobre el
tabaco, las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas; incentivos de precios para los
productos alimenticios saludables; etiquetado nutricional eficaz; advertencias sanitarias
para el tabaco y los productos alimenticios; y restricciones al mercadeo de los productos
nocivos, incluida una prohibición completa en el caso del tabaco. Como parte de su labor
en el marco de esta iniciativa, la Oficina elaboró un documento técnico de referencia y
convocó un grupo de expertos de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos,
México y Perú para que lo examinaran y propusieran líneas de acción para la cooperación
técnica en este ámbito. El grupo determinó cuatro principales líneas de acción para la
Oficina: a) la vigilancia continua de los factores de riesgo de las ENT y la evaluación de
los procesos regulatorios; b) la creación de estructuras orgánicas, financiamiento y
procesos para las entidades regulatorias; c) la adquisición de conocimientos técnicos
especializados para controlar los riesgos de las ENT; y d) el fomento de la investigación
sobre la eficacia de las medidas regulatorias para reducir los riesgos de las ENT y las
mejores prácticas en ese ámbito. Mediante una subvención del Fondo de la OPEP para el
Desarrollo Internacional, la iniciativa se centra actualmente en las actividades que se
llevan a cabo en Bolivia, Guatemala y Honduras, que son tres países clave de la OPS.
Control del tabaco
Varios países siguieron avanzando para aplicar el Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco (CMCT):
• En el 2013, Suriname promulgó leyes estrictas sobre el control del tabaco que
prohíben fumar productos de tabaco en todos los lugares públicos interiores y los
centros de trabajo, establecen normas sobre el empaquetado y etiquetado de los
cigarrillos y prohíben todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco.
• En el 2016, Colombia promulgó la Ley 1819, Reforma Tributaria, que modifica la
Ley 223 de 1995 al aumentar los impuestos al tabaco de 659 pesos a 1.400 pesos
por paquete de 20 unidades en el 2017 y a 2.100 pesos en el 2018. La nueva ley
también introdujo un aumento progresivo del componente específico de los
impuestos al tabaco, que a partir del 2019 se ajustarán al índice de precios al
consumidor más cuatro puntos.
• En el 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú aprobó mediante el
Decreto Supremo No 112-2016-EF un aumento de 157% al impuesto sobre el
consumo de los productos de tabaco, es decir, de 0,07 a 0,18 soles peruanos por
cigarrillo.
• En enero del 2017, Barbados aprobó una legislación para garantizar que los
cigarrillos electrónicos estén sujetos a los mismos controles y advertencias
sanitarias en el paquete que los cigarrillos normales.
• En junio del 2017, en la Asamblea Nacional de Guyana tuvo lugar la primera
lectura de la ley de control del tabaco del 2017, encaminada a prevenir la
exposición pasiva al humo de tabaco en los lugares públicos y a prohibir la
publicidad de los productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos.
Nicaragua y Uruguay se convirtieron en el 2013 y el 2014, respectivamente, en
los primeros dos países del mundo en ratificar el nuevo Protocolo para la eliminación del
comercio ilícito de productos de tabaco, elaborado por la OMS. En el 2015, Ecuador se
convirtió en el tercer país, seguido de Panamá en el 2016 y Costa Rica en el 2017. En el
protocolo, que complementa al CMCT pero también es un nuevo tratado en sí mismo, se
establecen medidas para luchar contra el comercio ilícito del tabaco, las cuales incluyen
autorizar, rastrear y detectar los productos de tabaco, así como vigilar y reglamentar su
venta. El protocolo también promueve la cooperación internacional, incluida la
extradición de los presuntos participantes en el comercio ilícito de tabaco. El Servicio
Federal de Rentas Internas de Ecuador estableció un sistema de seguimiento y detección
de los productos de tabaco (y las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza), que ha estado
en funcionamiento desde marzo del 2017. Mediante la Red Intersectorial
Latinoamericana de Política Fiscal para el Control del Tabaco, Ecuador ha colaborado
con otros países interesados en implantar sistemas similares como parte de la cooperación
Sur-Sur.
La Oficina organizó talleres subregionales sobre el tabaco y el comercio en los
que los funcionarios de los ministerios de salud y finanzas trabajaron juntos para
establecer escenarios fiscales a fin de modificar las estructuras tributarias aplicadas a los
productos de tabaco, con miras a alcanzar las metas tanto del ámbito de la salud como del
fiscal. Los talleres organizados en América Central y del Sur dieron lugar a propuestas para aumentar los impuestos sobre el tabaco en Colombia y Perú, y a la creación de redes
subregionales para analizar la armonización tributaria y las estrategias para eliminar el
comercio ilícito de los productos de tabaco.
En el 2017, Colombia y El Salvador fueron los únicos dos países de la Región de
las Américas seleccionados para participar en el Proyecto CMCT 2030, de entre 15 países
seleccionados a nivel mundial. La Secretaría del CMCT concibió ese proyecto con la
finalidad de apoyar a las Partes en el CMCT que reúnen los requisitos para recibir
asistencia oficial para el desarrollo. Se ejecutará desde abril del 2017 hasta marzo del
2021 y contribuirá al cumplimiento de los ODS al fomentar la ejecución del CMCT y
apoyar su incorporación en los programas nacionales de salud y desarrollo.
Nutrición saludable, actividad física y prevención del sobrepeso y la obesidad
Trece países
36 aprobaron leyes o aplicaron políticas o reglamentaciones nacionales
para fomentar la nutrición saludable y la actividad física, en conformidad con las
directrices de la OPS/OMS. Las medidas incluyeron impuestos sobre las bebidas
azucaradas, restricciones a la comercialización de los alimentos y las bebidas poco
saludables dirigidas a los niños, suministro de comidas escolares saludables, y requisitos
relativos al etiquetado de los productos procesados industrialmente, a fin de afrontar el
problema cada vez mayor del sobrepeso y la obesidad tanto en los niños como en los
adultos. Paraguay aprobó reglamentaciones nuevas para reducir el contenido de sal del
pan producido industrialmente y Argentina aprobó una ley de reducción del consumo de
sodio (Ley 26905), que entró en vigor en diciembre del 2014.
Consumo nocivo de alcohol
La Oficina reunió a expertos en publicidad y reglamentación del alcohol
procedentes de América, Europa, Australia, India y Sudáfrica para que examinaran la
evidencia sobre los efectos de la publicidad del alcohol, en particular en la población
joven, y la eficacia de la reglamentación voluntaria, en contraposición con la obligatoria.
Los expertos llegaron a la conclusión de que la publicidad y la promoción del alcohol
deben ser reglamentadas, vigiladas y evaluadas por los gobiernos de forma independiente
de la industria del alcohol, y que las prohibiciones integrales de la publicidad del alcohol
son más eficaces. Instaron a la Oficina a que facilitara orientación a los Estados
Miembros sobre la formulación y promulgación de leyes a este respecto. En el 2017, la
Oficina publicó una nota técnica sobre la evidencia a favor de la reglamentación de la
publicidad del alcohol y los elementos fundamentales para formular y aplicar leyes
eficaces, incluida la aplicación de los principios y normas de derechos humanos para
proteger a los niños y otros grupos vulnerables.
La Oficina emprendió cooperación técnica con Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Granada, Jamaica, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis y Suriname para
formular o fortalecer políticas y planes nacionales en materia de alcohol, promoviendo
las medidas orientadas a la población como base de las actividades nacionales
relacionadas con el consumo de alcohol. Las intervenciones nacionales se
complementaron con un taller subregional sobre la formulación de políticas en materia de
alcohol y legislación relacionada con la salud, que tuvo lugar en Belice y estuvo dirigido
a los países centroamericanos. Otra medida consistió en incluir el tema de la prevención
del consumo nocivo de alcohol en los talleres subregionales de la Iniciativa REGULA, que abordan las políticas fiscales y los argumentos a favor de las inversiones en la
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.
Contrarrestar la resistencia de la industria
Tras la introducción de legislación y reglamentación, ha habido resistencia y
rechazo por parte de los productores y abastecedores de los productos considerados
nocivos para la salud. Sus esfuerzos han ido desde intentos por influir en el público y los
funcionarios del gobierno hasta la interposición de demandas para impedir la aplicación
de las medidas. A petición de los Estados Miembros, la Oficina no solo prestó apoyo
sobre los aspectos técnicos de las leyes y reglamentaciones eficaces, sino también para
contrarrestar las tácticas de la industria. Este apoyo consistió en lo siguiente:
• Chile: Colaboración entre la OPS/OMS y las oficinas de país de la FAO para
contrarrestar los intentos de la industria por impedir la aplicación de la nueva
reglamentación que exige colocar etiquetas de advertencia en la parte frontal de
los paquetes de los productos procesados de alto contenido en azúcar, sal o grasas
saturadas; y proveer argumentos para rebatir las afirmaciones de la industria del
alcohol sobre los datos de la OPS/OMS del consumo de alcohol y los daños que
provoca.
• Costa Rica: Provisión de argumentos al ministro de salud sobre los conflictos de
intereses percibidos en relación con la participación de representantes de la
industria del alcohol en una comisión encargada de examinar y aprobar la
publicidad de bebidas alcohólicas. La propuesta de que la industria participara no
prosperó porque se consideró inconstitucional.
• Ecuador: Presentación de una comunicación amicus curiae
37 para defender la
reglamentación que exige colocar el etiquetado nutricional en la parte frontal del
envasado de los productos procesados.
• Jamaica: Prestación de ayuda al ministerio de salud para defender las nuevas
medidas de control de tabaco frente a la oposición de la industria; la ayuda
incluyó la promoción a nivel ministerial y un estudio sobre el efecto del comercio
de alcohol sobre el turismo y el impacto percibido de la tributación del alcohol. El
estudio reveló que el turismo no se percibe como un obstáculo a la tributación del
alcohol.
• Perú: Apoyo por escrito de la Directora al comité de salud del Congreso y al
ministro de salud para defender la legislación sobre los alimentos saludables para
los niños y los adolescentes; además, los expertos técnicos de la Oficina
facilitaron evidencia para los debates sobre las nuevas reglamentaciones para
aplicar la ley. La OPS también apoyó la provisión de pruebas periciales para contrarrestar los argumentos de la industria del alcohol en relación con la
legislación propuesta sobre las medidas fiscales relacionadas con el alcohol.
• Uruguay: Presentación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial de una comunicación amicus
curiae que defendía la legislación sobre el control del tabaco a la que se oponía
Philip Morris International. En un hito histórico, Uruguay ganó el juicio en julio
del 2016.
Impuestos sobre las bebidas azucaradas
México ocupa el primer lugar en el consumo per cápita de refrescos en el mundo y tiene una de
las tasas más elevadas de defunción por diabetes. En respuesta a este problema, el país aprobó en
el 2013 una nueva ley para gravar las bebidas azucaradas, como medida de salud pública para
reducir la demanda. La ley estipula un impuesto de 1 peso por litro de bebida azucarada, tanto en
presentación líquida como en polvo, y un impuesto de 8% a los productos procesados de alto
contenido calórico (“comida chatarra”). También contempla nuevas restricciones a los anuncios
publicitarios de productos alimenticios insalubres dirigidos a los niños, así como nuevos
requisitos para el etiquetado de los alimentos.
Este logro pionero de México fue producto de los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Finanzas,
el Ministerio de Salud, el Congreso Federal, la comunidad académica, la sociedad civil y las
organizaciones internacionales. La Oficina organizó tres foros especiales —uno económico, otro
legislativo y un tercero para los medios informativos— a fin de apoyar la promulgación de la ley,
en los que participaron expertos e instancias normativas internacionales. Además, la Oficina
compiló evidencia, elaboró notas descriptivas sobre la aplicación de políticas fiscales para
modificar pautas de consumo a favor de opciones más saludables, y facilitó el diálogo entre el
Gobierno y la sociedad civil. Los ingresos que generen los nuevos impuestos se invertirán en suministrar agua potable a las escuelas de todo México.
En el 2014, la Oficina publicó el informe Experiencia de México en el establecimiento de
impuestos a las bebidas azucaradas como estrategia de salud pública, que documenta las
actividades de ese país y describe cómo los defensores de la iniciativa tributaria lograron vencer
la oposición activa de la industria de bebidas gaseosas y de sus aliados. En el informe figuran los
resultados preliminares del estudio realizado conjuntamente por el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP) de México y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados
Unidos) que encontró que las ventas de las bebidas gravadas disminuyeron un promedio de 6%
durante el primer año de imposición del impuesto, en comparación con el año anterior. Otra
evaluación indicó una disminución de 10% en el segundo año, esto es, un promedio de 8% en el
período de dos años.
La experiencia de México ha servido de sustento en esfuerzos similares realizados por Barbados,
Chile, Dominica y Ecuador, que gravaron las bebidas azucaradas entre el 2014 y 2016. A
mediados del 2017, Jamaica prohibió que se incluyeran bebidas azucaradas en los almuerzos
escolares proporcionados por el Gobierno, y Trinidad y Tabago prohibió el suministro o la venta
de bebidas azucaradas en las escuelas públicas y en las subvencionadas por el Estado, así como
en las zonas circundantes; además, ambos países están examinando la posibilidad de gravar con
impuestos las bebidas azucaradas.
Otras intervenciones para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles
En el 2014, los Estados Miembros de la OPS adoptaron el Plan de acción para la
prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia (documento
CD53/9, Rev. 2),
que fue el primero en su tipo en adoptarse en alguna de las regiones de la OMS. Tiene
por objeto detener la epidemia de la obesidad que está en rápido aumento en los niños,
los adolescentes y los jóvenes de la Región de las Américas, y se dirige a los entornos
cada vez más obesogénicos de la Región que surgen como consecuencia de la
urbanización, la modernización, la mercadotecnia y el comercio mundiales. Estos
fenómenos han aumentado tanto la disponibilidad como la asequibilidad de los alimentos
y las bebidas de alto contenido calórico, bajo valor nutricional y ultraprocesados, a
expensas de los alimentos integrales y frescos y, al mismo tiempo, han reducido las
posibilidades de realizar actividad física. En el plan se proponen cinco líneas de acción
estratégica para contrarrestar esas condiciones: a) atención primaria de salud y
promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable; b) mejoramiento del
entorno con respecto a la nutrición y la actividad física en los establecimientos escolares;
c) políticas fiscales y reglamentación de la publicidad, promoción y etiquetado de
alimentos; d) otras medidas multisectoriales; y e) vigilancia, investigación y evaluación.
Con la cooperación técnica de la OPS, varios países de la Región, particularmente los del
Caribe, han elaborado estrategias y planes para prevenir la obesidad en la niñez. La
Oficina colaboró también con la Coalición Caribe Saludable en la formulación de su plan
de acción de la sociedad civil para la prevención de la obesidad en la niñez del Caribe.
38
La cooperación técnica de la OPS en el ámbito de la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles incluyó varias asociaciones y alianzas, entre ellas las
siguientes:
PASB’s technical cooperation for NCD prevention and control
included several partnerships and alliances, including:
• Colaboración con los CDC de los Estados Unidos y otros interesados directos
para dirigir el Proyecto de Reducción de Riesgos de Enfermedades
Cardiovasculares (conocido anteriormente como el proyecto de tratamiento
estandarizado de la hipertensión) como parte de un esfuerzo innovador para
concebir y ejecutar un marco para el tratamiento estandarizado de la hipertensión. La iniciativa, puesta en marcha en el 2013 en América Latina y el Caribe, consta
de tres ejes fundamentales: a) determinar un grupo básico de medicamentos
esenciales para tratar la hipertensión, b) aumentar la disponibilidad de esos
medicamentos; y c) mejorar la atención de la hipertensión. La Oficina colaboró en
la concepción del proyecto y forjó alianzas con los interesados directos y los
ministerios de salud para promover su aplicación en Barbados, Chile, Colombia y
Cuba. Los resultados de los 18 primeros meses de puesta a prueba del proyecto en
Barbados incluyeron un mejor control de la hipertensión y mejores prácticas de
prescripción. En el 2016, de entre los países que buscan integrar el enfoque en sus
sistemas de prestación de servicios de salud y programas nacionales de lucha
contra las ENT, Chile, Colombia y Cuba fueron los primeros en logarlo. La
Oficina concibió dos cursos virtuales encaminados a fortalecer la ejecución del
enfoque en los países participantes. A mediados del 2017, 30.000 personas se
habían inscrito en el curso de control de la hipertensión y 5.000 en el de
prevención secundaria, puesto en marcha más recientemente y dirigido a los
equipos de atención primaria. Las enseñanzas extraídas a partir de la ejecución del
marco en la Región de las Américas ayudarán a facilitar su aplicación a escala
mundial.
• Liderazgo en las actividades interinstitucionales a cargo del Grupo de Trabajo
Interamericano sobre las Enfermedades No Transmisibles, que apoya la
coordinación y colaboración entre los organismos en materia de enfoques
multisectoriales para la prevención y el control de las ENT. Entre los miembros
de este grupo de trabajo figuran la OEA, el BID, el Banco Mundial, el IICA y la
CEPAL. Las actividades han abordado cuestiones como la tributación del tabaco,
la economía de las ENT y las labores de promoción entre los ministros de
desarrollo social.
• Asociación con la FAO en la Región para conservar, fortalecer o recuperar los
sistemas alimentarios que promueven la salud y son sostenibles, con miras a
acabar con todas las formas de desnutrición.
La Oficina fortaleció su labor en el ámbito de la economía de las enfermedades no
transmisibles, los factores de riesgo y la salud mental con los objetivos de facilitar el
diálogo intersectorial para comprender mejor los aspectos económicos de las cuestiones
relacionadas con las ENT dentro y fuera del sector de la salud; potenciar la eficacia de las
actividades de promoción encaminadas a conseguir más recursos para la prevención y el
control de las ENT; y fomentar la coherencia de las políticas sobre las ENT y los factores
de riesgo en todos los sectores. De conformidad con este marco, en el 2016 la Oficina
reunió a investigadores del campo de la economía de las ENT de dentro y fuera de la
Región para que determinaran las deficiencias, oportunidades y esferas prioritarias de las
investigaciones futuras sobre economía orientada a las políticas para apoyar la adopción
de medidas multisectoriales relacionadas con las ENT. En mayo del 2017, la Oficina
convocó una reunión en Barbados con los representantes de los ministerios de salud y
finanzas de 17 países y territorios del Caribe. Los participantes presentaron y analizaron
la evidencia sobre la costoeficacia de la tributación del tabaco, el alcohol y las bebidas
azucaradas como instrumento para combatir las ENT y facilitar el diálogo intersectorial y la coherencia de las políticas. Entre los asociados internacionales que asistieron a la
reunión estuvieron Bloomberg Philanthropies, CARICOM, CARPHA, académicos y
otros representantes de la sociedad civil.
En el marco de su colaboración con la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la
Universidad de Harvard, la Oficina aplicó el modelo EPIC de la OMS para estimar las
repercusiones de las ENT sobre la producción económica consolidada. También aplicó el
modelo EPIC-H Plus de Harvard, que cuantifica las repercusiones de las ENT sobre la
producción consolidada mediante la reducción de la fuerza laboral (debido a la
morbilidad y la mortalidad) y de capital resultante del mayor gasto en salud debido a las
ENT y los trastornos mentales. La aplicación del modelo en Costa Rica, Jamaica y Perú
permitió calcular que, si no se adoptan medidas, el PIB perdido entre el 2015 y el 2030
como consecuencia de las ENT equivaldría a 142% del PIB de Costa Rica en el 2013, a
105% del PIB de Jamaica en el 2013 y a 255% del PIB de Perú en el 2013. Estos
resultados y otros obtenidos a partir de la colaboración se presentaron en el Foro
Económico Mundial sobre América Latina, que tuvo lugar en Medellín (Colombia) en
junio del 2016. La colaboración también incluyó la formulación de directrices para que
los países de la Región realicen cálculos similares por su cuenta con el modelo EPIC-H
Plus. Actualmente, se llevan a cabo estudios en Jamaica y Perú sobre los argumentos a
favor de las inversiones en la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles, a fin de calcular la rentabilidad de invertir en un conjunto selecto de
intervenciones contra esas enfermedades.
La Oficina contribuyó a mejorar la vigilancia de las ENT y sus factores de riesgo
mediante la formulación de una serie de medidas técnicas destinadas a evaluar la
capacidad nacional de vigilar las ENT y sus factores de riesgo; determinar las
deficiencias del seguimiento; establecer prioridades; y realizar un seguimiento de los
avances hacia el cumplimiento de los compromisos mundiales y regionales en materia de
ENT. Las medidas se aplicaron en los países de la subregión andina en el 2015 y
facilitaron información útil para la elaboración de planes destinados a mejorar la
capacidad nacional de vigilancia de las ENT; su aplicación se ampliará a otras
subregiones. La Oficina también continuó su cooperación técnica con los países para
realizar encuestas de población encaminadas a fortalecer la vigilancia de las ENT y sus
factores de riesgo, así como los trastornos de salud mental. En el 2016 puso a prueba dos
nuevas tecnologías para recopilar datos mediante encuestas domiciliarias: tabletas con
aplicaciones informáticas en web para la introducción de datos y dispositivos de
mediciones bioquímicas que permiten hacer un seguimiento más exacto de las
concentraciones de colesterol y glucosa en sangre. Ecuador fue el primer país de la
Región en utilizar dispositivos móviles para ejecutar la encuesta STEPS de la OMS,
incluso a nivel subnacional, y el proceso fue objeto de comentarios positivos por parte del
Ministerio de Salud y de la Oficina Nacional de Estadística y Censos. La Oficina ha
adquirido una reserva de estos dispositivos y los hará rotar entre los Estados Miembros
para que sean utilizados en estas encuestas nacionales.
El personal de la Oficina emprendió una evaluación de mitad de período de la
ejecución del plan de acción regional para la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles, cuyo objetivo es reducir las muertes prematuras debidas a las cuatro
principales ENT en 15% para el 2019. En la evaluación se determinó que la mortalidad
prematura por ENT seguía una pauta estable o mostraba una disminución moderada en
casi todos los países y territorios de la Región. Sin embargo, menos de la mitad de los
países estaban en vías de alcanzar la meta de reducción del 15%; el avance más lento se
observó en Centroamérica y el Caribe.
Los ministerios de salud de 38 países y territorios de la Región suministraron
información para el examen del plan de acción regional. Destacaron las medidas
necesarias para mejorar la situación actual con respecto de la lucha contra las ENT, entre
ellas, intensificar los compromisos políticos, técnicos y económicos en el ámbito de las
ENT, sobre todo en las subregiones de Centroamérica y el Caribe; priorizar el
establecimiento de planes nacionales de lucha contra las ENT, y de metas y comisiones
multisectoriales de control de las ENT en los países que aún no los tengan; centrarse en la
prevención de la obesidad; dar prioridad a las políticas sobre el alcohol en el marco del
programa de lucha contra las ENT y la agenda de salud, y poner en marcha
intervenciones de reducción de la demanda; y aprovechar plenamente el Fondo
Estratégico de la OPS para aumentar el acceso a los medicamentos esenciales para tratar
las ENT y su asequibilidad, en particular los medicamentos para mejorar el control de la
presión arterial y prevenir las enfermedades cardiovasculares.
La OMS y el Ministro de Salud Pública de Uruguay convocaron conjuntamente la
conferencia mundial sobre prevención y control de las ENT que se celebrará en
Montevideo (Uruguay) en octubre del 2017. Se espera que los presidentes y ministros de
salud de varios países asistan y acuerden una hoja de ruta que oriente a los países sobre la
manera de influir en las políticas públicas de los sectores no relacionados con la salud y
mejorar la coherencia normativa sobre el problema de las ENT. La Oficina desempeña
una función importante en los preparativos de esta conferencia y participará en su
ejecución y seguimiento.
Adelantos e innovaciones en el campo de la salud mental
La OPS siguió prestando cooperación técnica para mejorar las políticas, los
programas y las intervenciones de salud mental en la Región de las Américas,
colaborando con sus contrapartes nacionales y la sociedad civil para atender este
problema de salud pública desatendido que, sin embargo, es prioritario. La cooperación
técnica permitió a los países de toda la Región realizar avances en la ejecución del
programa de acción para superar la brecha en salud mental (mhGAP) de la OMS, que promueve la ampliación de los servicios para los trastornos mentales, neurológicos y por
consumo de sustancias psicoactivas a nivel de la atención primaria. La Oficina
contribuyó a proporcionar capacitación constante sobre el mhGAP, incluso mediante el
Campus Virtual de Salud Pública de la OPS; miles de trabajadores de atención primaria
de salud recibieron capacitación y se lograron cambios positivos en las actitudes y
prácticas con respecto a estos trastornos. Belice repitió con resultados satisfactorios esta
capacitación tras la participación de algunos de sus médicos generales en el curso de
capacitación virtual del 2013 y Colombia emprendió su propia capacitación, dirigida a las
instituciones académicas y las asociaciones profesionales, por conducto del Campus
Virtual de la OPS. Chile ha incorporado sistemáticamente la capacitación y ejecución del
mhGAP en sus sistemas de salud y en el programa de estudios para los profesionales de
la salud no especializados. En una ciudad del norte de México, donde el mhGAP se
emprendió en el 2012, se notificó un aumento superior a 300% del número de personas
que recibieron tratamiento para trastornos de salud mental en la atención primaria de
salud.
Varios países y territorios de la Región terminaron de formular políticas y leyes
sobre salud mental o hicieron avances al respecto.
• Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica,
Panamá, Suriname y Venezuela formularon políticas y planes nacionales de salud
mental o actualizaron los vigentes.
• Argentina anunció reglamentos relacionados con su Ley Nacional de Salud
Mental, que protege los derechos de las personas que padecen trastornos
mentales, mientras que Jamaica y las Islas Vírgenes Británicas realizaron
exámenes de sus legislaciones sobre salud mental.
• Los profesionales de Anguila, Antigua y Barbuda y Jamaica recibieron
capacitación en primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastres y
emergencias, y redactaron los componentes de salud mental y psicosocial de sus
planes nacionales para hacer frente a los desastres sanitarios. Bahamas, Suriname
y Trinidad y Tabago también proporcionaron capacitación sobre salud mental en
situaciones de desastres y sobre primeros auxilios psicológicos.
Actualización sobre la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales o desconocidas en
Centroamérica
La Oficina ha prestado cooperación técnica interprogramática que ha permitido movilizar
recursos y entablar un diálogo entre los equipos de investigación, los encargados de formular las
políticas y los grupos con intereses especiales, con miras a impulsar intervenciones basadas en la
evidencia para hacer frente a la epidemia de la enfermedad renal crónica de causas no
tradicionales o desconocidas (ERCnT). Este trastorno afecta principalmente a los hombres adultos
jóvenes de las comunidades agrícolas de Centroamérica, agobiadas ya por desventajas
socioeconómicas.
Como respuesta a una propuesta de El Salvador, la Oficina elaboró un documento conceptual
(documento
CD52/8) en el que se exponen las repercusiones de la ERCnT en Centroamérica y los
desafíos que supone, y se solicita que se adopten medidas internacionales urgentes. La
declaración, que reafirma la Declaración de San Salvador suscrita por los países
centroamericanos en abril del 2013, fue aprobada oficialmente por el 52.o Consejo Directivo de la
OPS en octubre del 2013 (resolución
CD52.R10). Un número cada vez mayor de grupos de
investigación, incluidos los centros colaboradores de la OPS/OMS, han emprendido
investigaciones sobre el terreno y la Oficina está prestando apoyo para elaborar un programa
integral de investigación que permita aumentar los conocimientos sobre la evolución natural de la
enfermedad y sus causas. Se formó el Consorcio para la Epidemia de Nefropatía en
Centroamérica y México (CENCAM) con la finalidad de emprender trabajos de investigación
pertinentes.
En colaboración con los CDC de los Estados Unidos, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología
e Hipertensión (SLANH), la Secretaría Ejecutiva de COMISCA y los representantes de los
ministerios de salud de los países centroamericanos, la Oficina elaboró una propuesta de
definición de caso para que se utilice en la vigilancia epidemiológica, así como una definición de
caso clínico. Aunque no se conoce aún la etiología de la enfermedad, la comunidad científica ha
alcanzado consenso acerca de su caracterización y ha establecido que es fundamentalmente de
carácter ocupacional. Por consiguiente, el fortalecimiento de la salud ambiental y ocupacional es
una estrategia decisiva para la prevención de esta enfermedad.
El Salvador ha actualizado su marco jurídico para el control de los plaguicidas, por el cual se
prohíbe el uso de 53 principios activos sumamente tóxicos. Guatemala ha aprobado nuevas
reglamentaciones nacionales en materia de salud y seguridad ocupacionales, incluidas medidas
para la prevención de la enfermedad renal crónica; también trabaja en modificar su
reglamentación sobre el manejo de los plaguicidas domésticos.
Se ha fortalecido la colaboración entre la Oficina y los centros colaboradores de la OPS/OMS en
salud ambiental y ocupacional, que han incorporado la lucha contra la ERCnT en sus actividades
de apoyo. Los países han realizado cursos de capacitación sobre medidas intersectoriales para
hacer frente a los riesgos ambientales, toxicología clínica y métodos de evaluación de riesgos. La
Oficina, junto con los centros colaboradores de la OPS/OMS en salud ambiental y ocupacional,
está preparando protocolos para los análisis de situación y la ejecución de las intervenciones
preventivas y correctivas en los entornos laborales. La Oficina también puso en marcha un curso
tutorial en línea con expertos regionales en prevención, diagnóstico y tratamiento de la
intoxicación aguda por plaguicidas, así como un curso virtual sobre la enfermedad renal crónica,
accesible en el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS/OMS.
La OPS ha estado colaborando con la República Dominicana en sus actividades
para renovar su sistema nacional de salud mental. Se han hecho adelantos considerables,
en particular durante los dos últimos años. Una inversión importante permitió transformar
el hospital psiquiátrico nacional en centro de rehabilitación psicosocial para personas con
trastornos mentales prolongados y graves. El centro en cuestión ofrece un excelente
alojamiento residencial y ha mejorado apreciablemente la calidad de vida de los
pacientes, lo que aumenta sus posibilidades de reincorporarse con éxito a sus
comunidades. El país ha priorizado la atención de salud mental ambulatoria y el
establecimiento de unidades especializadas dentro de los hospitales generales, a fin de
que los casos agudos y de urgencia, que antes eran atendidos en el hospital psiquiátrico,
reciban ahora atención en los hospitales generales.
En la cooperación técnica de la OPS para aumentar el acceso al tratamiento en el
área de la salud mental y mejorar la calidad de los servicios se considera que los usuarios
de los servicios de salud mental y sus familias son participantes activos del proceso de
atención. En colaboración con el Ministerio de Salud de Brasil, en el 2013 la Oficina
organizó en Brasilia una reunión regional, la primera de su tipo, a la que asistieron los
representantes de las organizaciones y los familiares de los usuarios. Los objetivos de la
reunión fueron transmitir experiencias personales e institucionales en relación con los
derechos humanos, la autonomía y el empoderamiento de los usuarios y sus familias, y
fomentar su participación en las decisiones relacionadas con la atención de salud mental.
Unos 100 representantes de 18 países
39 participaron en la reunión, de la cual emanó el
Consenso de Brasilia, por el cual se exige a los países que adopten medidas concretas
para aplicar los principios internacionales de salud mental y derechos humanos, con
miras a establecer y fortalecer asociaciones de usuarios y sus familias, y crear una red
regional de esas asociaciones.
En el período en análisis, la Oficina coordinó una serie de intercambios entre
Chile y Canadá sobre las necesidades de salud mental de los grupos indígenas. Los países
compartieron y compararon las iniciativas y prácticas relativas a los problemas de salud
mental comunes que afectan a diversas comunidades indígenas. De esos intercambios
surgió el compromiso conjunto de hacer frente a los problemas detectados. En las
conversaciones preliminares se expusieron las medidas futuras orientadas a la
capacitación y las intervenciones de salud mental, así como la inclusión de Argentina y
Brasil, que participaron en los debates de planificación.
Cada año, cerca de 65.000 personas en la Región de las Américas se quitan la
vida, y de entre ellas, casi 70% son hombres. Sin embargo, el suicidio es una causa
evitable de muerte. En mayo del 2016 se celebró en Costa Rica un taller regional
encaminado a fortalecer la capacidad de los países de aplicar medidas de prevención del
comportamiento suicida. Ese mismo año, en el marco del Día Mundial para la Prevención
del Suicidio que se celebra cada año en septiembre, la OPS dio a conocer una nueva
publicación titulada Prevención de la conducta suicida, que facilita información
fundamental sobre el comportamiento suicida y las principales estrategias para
combatirlo, desde la vigilancia hasta la evaluación de las intervenciones.
Observatorio del suicidio para Centroamérica y República Dominicana
Más de 800.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo y de esas defunciones, 76% se
registran en los países de ingresos bajos y medianos. El suicidio es la segunda causa principal de
muerte en las personas de 15 a 29 años de edad y es una causa importante de muerte durante toda
la vida que afecta a personas de todas las edades. La prevalencia, las características y los métodos
del comportamiento suicida varían mucho entre las comunidades y los grupos demográficos, lo
que hace indispensable disponer de información actualizada sobre el suicido para concebir
intervenciones de prevención eficaces.
En Centroamérica, los datos sobre el suicidio adolecen de una subnotificación considerable y de
heterogeneidad en los métodos de recopilación, lo que dificulta realizar una evaluación fiable del
problema. Para subsanar esto, la Oficina se asoció con COMISCA para crear el Observatorio del
Suicidio, que se puso en marcha en diciembre del 2013 y ofrece una plataforma virtual para
recabar información oportuna sobre el comportamiento suicida, con miras a apoyar la
planificación basada en la evidencia y permitir a los países afrontar con mayor eficacia los
factores de riesgo.
A mediados del 2016, los ocho países miembros del SICA (Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) ya introducían en la
plataforma los datos sobre suicidios desde el 2010, utilizando para ello un conjunto común de
variables. El Observatorio también ha comenzado a recopilar datos sobre los intentos de suicidio,
ya que constituyen el principal factor de riesgo predictivo de muerte por suicidio en la población
general. La Oficina sigue prestando cooperación técnica, incluida la formación de capacidad, para
llevar a cabo este proceso y le dará seguimiento mediante supervisión y evaluación; además prevé
ampliar a otros países esta red, que es la primera en su tipo en la Región, para mejorar la calidad
de los datos sobre suicidios del registro civil.
Actualización sobre la prevención del consumo nocivo de alcohol, la
violencia y los traumatismos
Prevención del consumo nocivo de alcohol
El consumo nocivo de alcohol es un importante factor de riesgo para los
trastornos mentales y otras ENT, así como para los traumatismos y los problemas
reproductivos. En el período en análisis, gran parte de la cooperación técnica de la OPS
en esta esfera estuvo orientada por la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del
alcohol (documento
A63/13), aprobada por la 63.a Asamblea Mundial de la Salud en el
2010, y por el plan de acción regional del 2011 para reducir el consumo nocivo de
alcohol (documento
CD51/8, Rev. 1). Mediante estos marcos se promovió la creación de
la Red Panamericana de Alcohol y Salud Pública (PANNAPH), cuyo objetivo es conectar
a los puntos focales del ministerio de salud encargados de las cuestiones relacionadas con
el alcohol con los expertos regionales y la sociedad civil. PANNAPH examina los
avances en relación con el plan de acción regional y cuatro puntos focales de la Región
participan en un consejo mundial para la ejecución de la Estrategia mundial para reducir
el uso nocivo del alcohol. Otra entidad nueva es Inebria Latina, la sección
latinoamericana de Inebria creada sobre la base del modelo de Inebria de una red mundial
de investigadores y médicos clínicos interesados en el potencial de las intervenciones
breves para reducir los daños producidos por el consumo de alcohol y otras drogas.
En el 2013, la OPS puso en marcha una serie de seis cursos en línea sobre la
reducción del consumo nocivo de alcohol. Uno de ellos está dirigido a los responsables
de las políticas de salud y se centra en la formulación y ejecución de las políticas sobre el
alcohol y las drogas; y otro, dirigido a los profesionales de la salud, examina el tamizaje y
las intervenciones breves para reducir el consumo nocivo de alcohol y drogas, sobre todo
en los entornos de atención primaria de salud. Los cursos de imparten de forma gratuita y Guatemala, México y Uruguay los han adoptado y complementado con sesiones de
capacitación presencial y seminarios virtuales organizados conjuntamente con las
principales universidades, los expertos locales, los consejos nacionales de medicamentos
y los centros colaboradores de la OPS/OMS. En el 2017 se pusieron en marcha dos
cursos virtuales nuevos, uno sobre la promoción de las políticas en materia de alcohol y
otro sobre el consumo de alcohol durante el embarazo.
La Organización coordinó la investigación colaborativa sobre el papel del
consumo de alcohol en los traumatismos no mortales que se tratan en las salas de
urgencias. Diez países (Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Guyana,
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) aplicaron el mismo protocolo para
investigar el riesgo relativo de traumatismos relacionado con el alcohol en las personas
mayores de 18 años de edad. Los datos se analizaron en el marco de una asociación con
dos centros colaboradores de la OPS/OMS ubicados en México y Estados Unidos, y los
resultados se resumieron, junto con recomendaciones basadas en la evidencia, en el libro
Prevención de las lesiones relacionadas con el alcohol en las Américas: de los datos
probatorios a la acción política, que se publicó en diciembre del 2013. En ese libro se
documenta la importante carga que el consumo de alcohol supone para los sistemas de
salud y las sociedades en su conjunto. También se describen las opciones para reducir los
traumatismos relacionados con el consumo de alcohol, incluida la aplicación de políticas
costoeficaces para reducir el consumo nocivo tanto a nivel de población como individual.
En el 2015 la Oficina publicó el Informe de situación regional sobre el alcohol y
la salud en las Américas, en el que se examinan los patrones y las consecuencias del
consumo de alcohol en la Región y se evalúan los avances logrados desde la aprobación
de la estrategia mundial de la OMS y el plan de acción regional de la OPS. Una nueva
esfera de interés en la Región se refiere a la función del alcohol durante el embarazo y la
aparición de diversos trastornos fetales causados por el alcohol. En Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay se emprendieron investigaciones afines sobre la integración de los
servicios, y en Chile se comenzaron actividades de formación de capacidad a mediados
del 2017. Se prevé poner en marcha un curso virtual sobre este tema en el 2017.
En el período en análisis, la Organización también trabajó para que los países de
la Región fortalezcan la ejecución del Plan de acción sobre el consumo de sustancias
psicoactivas y la salud pública (documento
CD51/9) del 2011, para lo cual emprendió
cooperación técnica con los ministerios de salud, en coordinación con otros sectores. En
el 2017 se iniciaron nuevas colaboraciones para examinar la relación entre el consumo de
alcohol y drogas y la conducción, así como entre el consumo de alcohol y la tuberculosis,
en este último caso tanto a nivel regional como en Perú. Esta iniciativa incluye una
revisión sistemática de la bibliografía e investigación sobre la integración de los
servicios.
A pesar de estos esfuerzos, la tasa de consumo de alcohol per cápita sigue siendo
muy elevada en la Región y se prevé que seguirá aumentando si no se adoptan otras
medidas. Los episodios de consumo excesivo de alcohol y los trastornos debidos al
consumo de alcohol son frecuentes en los adultos y los adolescentes, y las tasas de mortalidad por consumo de alcohol son elevadas. Al igual que los indicadores
relacionados con el alcohol establecidos en el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, el
examen de mitad de período del plan de acción regional del 2011, presentado al
55.o Consejo Directivo (documento
CD55/INF/12) en el 2016, mostró progresos poco
satisfactorios. El examen dio lugar a que se propusieran varias medidas para mejorar la
situación, incluidos el establecimiento de normas de política sobre el consumo de alcohol
para su adopción por los Estados Miembros; la formulación de planes y políticas
nacionales sobre el alcohol que den lugar a una reducción relativa del consumo nocivo de
por lo menos 10%; el control de la mercadotecnia de las bebidas alcohólicas para cambiar
las normas culturales y proteger a la población joven de la presión de beber; la promoción
de políticas fiscales como instrumento eficaz para reducir el consumo nocivo de alcohol y
aumentar los ingresos de los gobiernos; y la promoción para concientizar.
40 La Oficina
estableció un grupo consultivo técnico para formular orientaciones y apoyar el trabajo de
la Organización en la esfera de las políticas en materia de alcohol. El grupo también hará
recomendaciones concretas a la Directora sobre las estrategias para fortalecer la
cooperación técnica con los Estados Miembros y el diálogo político entre los interesados
directos clave de la Región. La primera reunión del grupo está prevista para noviembre
del 2017.
Prevención de la violencia
El trabajo técnico de la OPS en el ámbito de la prevención de la violencia abarcó
lo siguiente:
• En colaboración con los CDC de los Estados Unidos, publicó el informe
Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Análisis comparativo
de datos poblacionales de 12 países, que es el primer informe comparativo con
datos representativos a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres en
América Latina y el Caribe.
• Cooperación con la Comunidad Andina para estandarizar los indicadores de
violencia de género, a fin de facilitar los análisis comparativos futuros.
• Participación en la formulación de los planes nacionales de prevención de la
violencia y los traumatismos en Trinidad y Tabago y de la violencia de género en
Guyana, conjuntamente con los centros colaboradores de la OPS/OMS.
• Fortalecimiento de la capacidad de prevención primaria de la violencia contra la
mujer en Bolivia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y
Perú. En Guatemala, este trabajo incluyó la formulación de planes locales para la
prevención de la violencia y la criminalidad, en el marco del programa conjunto
de prevención de conflictos y consolidación de la paz patrocinado por el Fondo
para el Logro de los ODM.
• Participación en la ejecución del proyecto de prevención de la violencia y los
traumatismos en Ciudad Juárez financiado por la USAID, que se convirtió en un
ejemplo para otras ciudades y municipios de México. Como parte de este
proyecto, la Organización contribuyó fortalecer el Observatorio de Seguridad y
Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, a cargo de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez; a crear capacidad entre los prestadores de atención
primaria y servicios sociales, los equipos de respuesta inicial y las organizaciones
comunitarias; y a mejorar las aptitudes de gestión del conocimiento y
comunicación de los medios informativos y la comunidad.
• Capacitación en materia de recopilación y análisis de información sobre la
prevención de la violencia, al habilitar en varios países el nombramiento de
coordinadores nacionales encargados de facilitar datos para el Informe sobre la
situación mundial de la prevención de la violencia 2014, elaborado por la OMS.
• Participación en la evaluación y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de
la violencia y los traumatismos en varios países, entre ellos, Belice, Haití y
Trinidad y Tabago, con el apoyo del Centro Nacional para la Prevención y el
Control de Lesiones de los CDC de los Estados Unidos, que funciona como centro
colaborador de la OPS/OMS.
La Oficina publicó el Informe sobre la situación de la prevención de la violencia
en la Región de las Américas 2014, que facilita información actualizada sobre la
prevención de la violencia interpersonal en la Región y se basa en el Informe sobre la
situación mundial de la prevención de la violencia 2014, elaborado conjuntamente por la
OMS y sus oficinas regionales, el PNUD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC). Para elaborar el informe regional, la Oficina recopiló
información de 21 países de la Región de las Américas, que representan 88% de la
población de la Región. En el informe se calcula que en el 2012 hubo 165.617 homicidios
en los países de ingresos bajos y medianos de América Latina y el Caribe, lo que equivale
a una tasa de 28,5 homicidios por 100.000 habitantes, que es cuatro veces superior a la
tasa mundial de homicidios (6,7 por 100.000), pese a que tres cuartas partes de los países
disponen de planes de acción nacionales para reducir la violencia. Tres cuartas partes de
los homicidios se perpetraron con armas de fuego, a pesar de que los resultados del
informe indican que todos los países cuentan con leyes para reglamentar las armas. Sin
embargo, una tercera parte de los países no disponían de datos, lo que indica que gran
parte de la planificación y formulación de políticas se lleva a cabo sin que haya
evidencia. En el informe de situación se recomienda que los Estados Miembros formulen
políticas y diseñen planes e iniciativas eficaces, entre ellos, programas para reducir la
disponibilidad de alcohol y su consumo nocivo; leyes y programas para reducir el acceso
a las armas de fuego y armas blancas; iniciativas para cambiar las normas de género que
contribuyen a perpetuar la violencia contra la mujer; programas para mejorar la crianza y
las aptitudes para la vida de los niños y los adolescentes; y campañas de información
pública para prevenir el maltrato de los ancianos.
La Oficina realizó un examen de las intersecciones de la violencia contra los
niños y la violencia contra las mujeres para determinar puntos de acceso que permitan coordinar las actividades de prevención y de respuesta a lo largo de toda la vida; los
resultados se publicaron en la revista Global Health Action. Otro examen, realizado en
colaboración con el UNICEF y la Universidad Johns Hopkins, determinó los puntos
fuertes y débiles de los protocolos nacionales de salud que orientan la respuesta del sector
de la salud a los niños expuestos a la violencia. Este trabajo, publicado en
BMC PublicHealth, facilita orientación para la labor de la Oficina con los Estados Miembros, al igual
que otras dos publicaciones:
INSPIRE. Siete estrategias para poner fin a la violenciacontra los niños y las niñas, publicada conjuntamente con los Estados Miembros y otros
nueve organismos y traducida por la Oficina, y
Atención de salud para las mujeres quehan sufrido violencia de pareja o violencia sexual. Manual clínico, también traducida al
español por la Oficina.
En colaboración con varios asociados, la Oficina concibió la campaña
Every HourMatters (cada hora importa) encaminada a concientizar acerca de la importancia de
obtener acceso rápido a los servicios de atención después de una violación. La Oficina
también colaboró con ONU-Mujeres, el UNICEF y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) para organizar reuniones y talleres regionales en Honduras,
Panamá, Trinidad y Tabago y Washington, D.C., sobre la prevención de la violencia
contra la mujer y la respuesta frente a ella; métodos para medir la prevalencia de la
violencia; e indicadores para realizar un seguimiento de los progresos en la ejecución de
las estrategias de prevención y respuesta.
Prevención de los traumatismos
Durante el período en análisis, y en el contexto del Decenio de Acción de las
Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2011-2020, varios países de la Región de las
Américas, como Dominica, Ecuador, Guyana y Uruguay, elaboraron, aprobaron o
ejecutaron nuevos planes y leyes encaminados a reducir las muertes causadas por el
tránsito. En Ecuador, la OPS colaboró en la elaboración de normas técnicas sobre el uso
del casco protector para motociclistas, y el país mejoró su legislación sobre los factores
de riesgo y de protección de los traumatismos causados por el tránsito. El Salvador
promulgó una ley para establecer un fondo nacional para las víctimas del tránsito, lo que
dio mayor importancia pública a este problema. México avanzó en la ejecución de la
Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial en todos los estados.
En el 2015 se elaboró, con la cooperación técnica de la OPS y la OMS, un plan
maestro para fortalecer la seguridad vial en las ciudades centroamericanas. El plan,
concebido para los países del Proyecto Mesoamérica —Belice, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana—, fue aprobado unánimemente por los ministros de salud, de infraestructura
y de transporte de los países participantes. Este plan, que se fundamenta en un modelo
mundial concebido por el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la
Seguridad Vial, sienta las bases para la adopción de medidas, que pueden
contextualizarse en las diferentes culturas y por los distintos gobiernos, empresas e
instituciones.
La Oficina ha publicado informes sobre la seguridad vial en la Región de las
Américas que contienen información actualizada sobre las tasas nacionales y regionales
de los traumatismos causados por el tránsito, las leyes sobre los principales factores de
riesgo y los avances de los países en esta esfera. En el Informe sobre la situación de
seguridad vial en la Región de las Américas del 2015 se indica que unas 150.000 personas
fallecieron debido a traumatismos causados por el tránsito en América Latina y el Caribe
en el 2010; 27% eran peatones, 20% motociclistas y aproximadamente 4% eran ciclistas.
Indica además que actualmente 42% de la población de América Latina y el Caribe está
protegida por leyes sobre consumo de alcohol y conducción. Sin embargo, de los
14 países que disponen de leyes que fijan límites para la concentración de alcohol en la
sangre, solo cinco (Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y San Vicente y las
Granadinas) notificaron un cumplimiento estricto de esas leyes. De manera análoga, las
leyes sobre el uso del casco por parte de los motociclistas han mejorado, pero se precisan
mayores esfuerzos para hacerlas cumplir y garantizar que los cascos cumplan con las
normas de calidad. En el informe se exige una aplicación más enérgica de las leyes de
tránsito, a fin de reducir el número de muertes causadas por el tránsito y, sobre todo, de
proteger a los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito.
En el 2015, la Oficina participó en la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel
sobre Seguridad Vial, celebrada en el Brasil, que convocó a más de 100 ministros de
transporte, de salud y del interior, y a sus representantes, y dio lugar a la Declaración de
Brasilia, adoptada por los Estados Miembros de la OPS y posteriormente respaldada por
la 70.a Asamblea General de las Naciones Unidas y la 69.a Asamblea Mundial de la
Salud. En la Declaración se acoge con beneplácito la inclusión de la seguridad vial en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se recomienda la adopción de medidas
regionales para fortalecer la gestión de la seguridad vial; mejorar las leyes y su
cumplimiento; fomentar la seguridad de los caminos y los vehículos; promover los
medios de transporte sostenibles; proteger a los usuarios vulnerables de las vías de
tránsito; mejorar la respuesta posterior a las colisiones y los servicios de rehabilitación; y
fortalecer la cooperación y coordinación mundiales en materia de seguridad vial.
En el 2016 la Oficina convocó una reunión regional sobre el alcohol, las drogas y
los traumatismos causados por el tránsito, en colaboración con la OMS y con la
participación de los Estados Miembros, a fin de examinar la situación en la Región. La
reunión permitió preparar un protocolo regional que los países pueden adaptar para
realizar estudios en las salas de urgencias sobre los traumatismos no mortales causados
por el tránsito que afectan a los pasajeros, conductores y peatones, con el objetivo de
evaluar la función y el riesgo asociado con el consumo de alcohol y otras drogas antes del
traumatismo. Se espera que esta información promueva mejoras de la seguridad vial y la
reducción de los daños ocasionados por los traumatismos relacionados con el consumo de
alcohol y drogas. El BID colabora en la ejecución de estos estudios, que comenzarán en
el 2017 en Jamaica y Chile.
En el 2015, el Brasil y México participaron en la puesta en marcha de la segunda
fase de la iniciativa de Bloomberg Philanthropies para la seguridad vial en el mundo,
dirigida a nivel mundial por la OMS y en la Región de las Américas por la OPS. Esta iniciativa sin precedentes consolidó la función del sector de la salud en las actividades de
prevención de los traumatismos causados por el tránsito sobre la base de los puntos de
referencia que figuran en el Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos
causados por el tránsito del 2004. En el marco de la iniciativa, la Oficina promovió
mejoras en los datos, la integración intersectorial y la formación de capacidad para los
profesionales en el ámbito de la seguridad vial, los periodistas, las ONG y otros
interesados directos. También emprendió cooperación técnica con los países para
elaborar planes y políticas sobre seguridad vial, mejorar la legislación y preparar
materiales didácticos.
Regreso al menú
El período que se analiza en el presente informe, que abarca desde febrero del
2013 hasta julio del 2017, cubre la mayor parte de mi mandato actual como Directora de
la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina u OSP), que es la secretaría de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina Regional para las Américas
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el 2013, tuve el honor de que los
Estados Miembros de la OPS me seleccionaran como Directora, la décima persona en
ocupar este puesto al frente de esta venerable y augusta Organización. Casi cinco años
después, todavía considero un honor, un privilegio y un placer estar al servicio de los
países de la Región de las Américas en la búsqueda de la salud y el bienestar para todos
sus pueblos.
En el período 2013-2017, la Organización Panamericana de la Salud, Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, prosiguió sus
actividades de cooperación técnica a nivel nacional, subregional y regional en apoyo del
desarrollo en el ámbito de la salud en los países. Estas iniciativas fueron lideradas y
coordinadas por la Oficina Sanitaria Panamericana, la secretaría de la OPS, con la
participación de interesados directos y asociados nacionales e internacionales clave. La
cooperación técnica de la OPS durante este período, que empezó cuando la doctora
Carissa Etienne asumió el cargo de Directora, se ha guiado principalmente por el Plan
Estratégico de la OPS 2014-2019. El Plan Estratégico se elaboró con una importante
participación de los Estados Miembros, por medio de un proceso de abajo arriba que tuvo
en cuenta las prioridades establecidas a nivel de país al elaborarse las estrategias de
cooperación en los países, junto con la adopción de una metodología para la fijación de
prioridades. También está en consonancia con el Programa General de Trabajo de la
OMS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda de Salud para las Américas
2008-2017, y la formulación prospectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
el año 2030, a fin de asegurar la contribución de la OPS al cumplimiento por los Estados
Miembros de estos acuerdos y marcos internacionales importantes relacionados con la
salud.
Desde que se estableció la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
diciembre de 1902, su centro de interés inicial se ha ampliado desde la prevención y el
control de ciertas enfermedades infecciosas para incluir muchos otros retos para la salud
y el bienestar de los pueblos de la Región de las Américas. Es crucial determinar y
abordar los factores subyacentes y las causas fundamentales de las amenazas a la salud y
el bienestar, mediante la consideración de temas como las emergencias y los desastres
tanto naturales como provocados por el hombre; las enfermedades transmisibles
emergentes y reemergentes; las enfermedades no transmisibles, entre otras, los trastornos
mentales; y la promoción de la salud a lo largo del curso de la vida.
Los países de la Región de las Américas han progresado considerablemente en el mejoramiento del acceso a los sistemas y servicios de salud. Sin embargo, las inequidades en cuanto a la riqueza y otros determinantes sociales de la saludh
La OPS ha proseguido su larga trayectoria de cooperación técnica con los países
en materia de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencias y desastres,
tanto naturales como ocasionados por el hombre; asimismo, ha colaborado con los
Estados Miembros a fin de formar las capacidades básicas necesarias para la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y para la detección de brotes de
enfermedades y la respuesta ante ellos.
La OPS reconoce la función importante de la familia y la comunidad en la
promoción y la protección de la salud como un valor social y un derecho humano, y ha
adoptado un enfoque de la totalidad del curso de la vida, desde antes de la concepción
hasta la vejez, para atender necesidades específicas en cada etapa clave de la vida. Este
enfoque es transversal por su naturaleza misma; por ende, las intervenciones relacionadas
con los determinantes sociales de la salud y la equidad son fundamentales para mejorar
los resultados en materia de salud. La cooperación técnica en esta esfera procura acelerar
la reducción de la mortalidad materna, neonatal y de menores de 1 año; promover la
salud, la nutrición y el desarrollo integral de los niños desde la lactancia hasta la
adolescencia; y abordar el tema de la salud de las personas mayores.
En el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 se especifican cuatro temas
transversales —género, equidad, derechos humanos y etnicidad— que deben incorporarse
de manera prioritaria en toda la cooperación técnica de la Organización. En el 2014, la
Directora estableció un grupo de trabajo interprogramático para facilitar este proceso, con
responsabilidades que incluyeron asegurar que los departamentos y las unidades
intercambien la información pertinente sobre estos temas, así como diseñar y aplicar
iniciativas para promover el trabajo colaborativo en estas áreas. El grupo de trabajo
organizó un curso de capacitación para todos los funcionarios de la OPS acerca de los
determinantes sociales de la salud en el contexto de los temas transversales; además, se
terminaron de preparar las directrices para integrar estos temas en el trabajo de la
Organización.
El concepto de la salud en todas las políticas se considera una expresión
innovadora de la acción intersectorial y como “la rama práctica” para ejecutar la
Declaración Política de Rio sobre los determinantes sociales de la salud. En la
Declaración de Helsinki, adoptada en el 2013, se define la salud en todas las políticas
como un enfoque para las políticas públicas en todos los sectores que, de manera
sistemática, tiene en cuenta las consecuencias de las decisiones para la salud, busca
sinergias y evita los efectos nocivos para la salud con el objetivo de mejorar la salud de la
población y la equidad en salud. Aunque el concepto se refiere a “todas las políticas”,
ello no implica que el enfoque deba estar presente en todas las iniciativas; más bien se
refiere al objetivo de lograr que se tengan en cuenta de manera sistemática en todos los
sectores las inquietudes y las responsabilidades en relación con el impacto para la salud y
la equidad en la salud.
La Oficina continuó llevando adelante políticas y prácticas para mejorar su
liderazgo, gestión, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y ética, y promover un
tratamiento justo en el lugar de trabajo. Las recomendaciones de tanto las evaluaciones
como las auditorías internas y externas se analizaron cuidadosamente, se trataron con los
Estados Miembros y se pusieron en práctica según correspondiese, dando lugar a
iniciativas y desarrollos al nivel institucional que mejoraron las operaciones y el impacto
de la Oficina.
La cooperación técnica de la OPS ha contribuido al fortalecimiento continuo de la
capacidad y a muchos de los éxitos que se han logrado a nivel de país, subregional y
regional en el período que se cubre en el presente informe. Para abordar los problemas
prioritarios de salud pública en la Región de las Américas, los Estados Miembros de la
OPS y la Oficina usaron modalidades que han sido comprobadas, como la formulación y
el uso de políticas y directrices, pero también generaron ideas, herramientas y enfoques
creativos e innovadores, como el uso de la eSalud y la introducción de nuevas tecnologías
y plataformas para el intercambio de información. Asimismo, los Estados Miembros
demostraron su solidaridad y colaboraron estrechamente con la Oficina y entre ellos
mismos en sus esfuerzos por reducir las inequidades en la salud, lograr avances hacia la
salud universal y asegurar el bienestar de su población. Sin embargo, también hubo
numerosos retos, muchos de los cuales aún subsisten.