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En vista de la necesidad de ampliar la disponibilidad de recursos humanos para la salud que estén preparados para la transformación de los sistemas de salud en la Región de las Américas, en septiembre del 2018 el 56.o Consejo Directivo de la OPS aprobó el Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023 (documento CD56/10, Rev. 1), que presenta un análisis integral del personal de salud en la Región. Este plan de acción se basa en la Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud (documento CSP29/10), que fue aprobada por la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre del 2017, así como en los extensos aportes de los Estados Miembros y en tres consultas subregionales. Se señala específicamente la necesidad de considerar el género, la etnicidad, la migración y los derechos humanos en las políticas y los planes relativos al personal de salud.

Uno de los retos más importantes que enfrenta la Región de las Américas es el despliegue de equipos multidisciplinarios en el primer nivel de atención para responder a las necesidades de los grupos vulnerables en zonas subatendidas. Diez países (Belice, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Suriname) participaron en un taller coordinado por la Oficina, que se realizó en Washington, D.C., en octubre del 2018, sobre cuentas nacionales del personal de salud, cuya finalidad era mejorar las aptitudes para la gestión, la generación de datos y la planificación del personal. Posteriormente, la Oficina organizó talleres intersectoriales para la formación de capacidad en el área de planificación del personal en cuatro países (Belice, Guatemala, Paraguay y Suriname) y colaboró con Belice en la elaboración de su plan estratégico de recursos humanos para la salud universal 2019-2024. La Oficina también colaboró con los Estados Miembros para impulsar la planificación del personal de salud sobre la base de las competencias y la modelación de situaciones hipotéticas. Asimismo, desplegó una iniciativa sobre la gestión de datos sobre el personal y la integración de las cuentas nacionales del personal de salud para la formulación y la planificación de políticas basadas en las necesidades del sistema de salud en su totalidad.

En la Estrategia sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud se señala que, en la Región, a pesar de que la educación en el campo de las ciencias de la salud ha aumentado de manera exponencial en los últimos decenios, la regulación de los procesos relacionados es insuficiente, lo cual suscita preocupación por la calidad de la formación, la pertinencia de muchos programas académicos y el ejercicio de la profesión. Sin embargo, un número cada vez mayor de instituciones de enseñanza están redefiniendo sus responsabilidades sociales y su compromiso con las comunidades que sirven, elaborando perfiles profesionales compatibles con las necesidades de salud de la población y demostrando su responsabilización social. A fines del 2018, la Oficina creó una herramienta denominada “Indicadores de la responsabilización social” (ISAT), que puede usarse para dar seguimiento al progreso de la misión social de la formación profesional para la salud. En marzo del 2019, la Oficina participó en la XXI Conferencia Panamericana de Educación Médica, celebrada en Cartagena (Colombia), y colaboró en la elaboración de la Declaración de Cartagena sobre la Educación Médica y la Responsabilización Social, en la cual se vinculan los retos de la educación médica a la estrategia de la atención primaria de salud.

Con el apoyo de la Oficina, Argentina organizó una reunión de la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas (REIP) en el 2018, en la cual los representantes de 15 países[1] abordaron la ejecución de las directrices y el plan de trabajo bienal de la red 2018-2019. La Red Regional, establecida con el apoyo de los ministerios de salud de Argentina, Brasil y Chile durante una reunión técnica regional sobre la educación interprofesional que se realizó en Brasilia en diciembre del 2017, ha promovido varios seminarios por internet y ha producido documentos técnicos para ayudar a los países a preparar sus propios planes de educación interprofesional. A mediados del 2019, 19 países[2] tenían planes para aplicar estrategias de educación interprofesional y práctica colaborativa en el ámbito de la salud.

A fin de abordar y mejorar la combinación de aptitudes en los sistemas de salud, la Oficina puso en marcha la iniciativa de práctica de enfermería avanzada como parte de la educación interprofesional y la práctica colaborativa en seis países: Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. La Oficina también elaboró la Orientación estratégica para enfermería en la Región de las Américas, que se dio a conocer en el Día Internacional de la Enfermería en mayo del 2019.

La migración de recursos humanos para la salud de zonas rurales a zonas urbanas y de países con menos recursos a países con más recursos continúa en la Región. La Oficina colaboró con 12 países[3] que se han visto afectados por el éxodo de personal de salud para elaborar estrategias a fin de mejorar la planificación y las previsiones relacionadas con los recursos humanos para la salud y retener la fuerza laboral existente. Como parte de este proceso y para alcanzar las metas establecidas en el Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023, la Oficina apoyó la elaboración de planes estratégicos intersectoriales avanzados para el personal de salud en cinco países: Belice, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Suriname.

La Oficina cooperó con el Cuerpo Regional de Enfermería del Caribe en la finalización del plan estratégico regional para la enfermería y partería 2020-2024 y concluyó un estudio sobre la migración del personal de salud en el Caribe, en el cual participaron 26 países y territorios.[4] Según los resultados preliminares, que fueron presentados al Comité de Ministros de Salud de CARICOM en septiembre del 2018, antes del 56.° Consejo Directivo de la OPS, casi 60% de los profesionales de la salud que todavía residen en su país de origen y que participaron en el estudio dijeron que migrarían si tuvieran la oportunidad. Se estima que el número de plazas en las escuelas de enfermería de la subregión del Caribe es suficiente para satisfacer las necesidades de la subregión, y la escasez de personal de enfermería se debe a una tasa de deserción de 55% durante la formación y a la migración a otros países de 73% de quienes que se gradúan. Estos resultados ponen de relieve los retos que afrontan los países del Caribe con la formación y la retención de personal de salud, especialmente con respecto a la enfermería especializada, la planificación del personal de salud y la regulación de la migración. La Oficina colaboró con los países de la subregión para abordar estos temas y asistió en la formulación y ejecución de planes integrados de recursos humanos para la salud. Se observó un progreso notable en Antigua y Barbuda, Dominica, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.

En enero del 2019, la Oficina colaboró con el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA) en la preparación de una hoja de ruta para la acreditación de carreras en el ámbito de la salud en Centroamérica y la República Dominicana, haciendo hincapié en los programas de salud familiar y comunitaria. La SE-COMISCA y la Secretaría General del CSUCA firmaron un memorando de entendimiento sobre el desarrollo y la formación profesional de recursos humanos para la salud en la subregión centroamericana y establecieron las líneas estratégicas de acción, entre ellas la adaptación del marco de calificaciones para la enseñanza superior a los programas del sector de la salud, la definición de los criterios y el proceso para la acreditación de carreras profesionales y técnicas en la salud, la armonización de los programas de estudios subregionales en el campo de la salud y la movilidad de los profesionales de la salud en Centroamérica y la República Dominicana. Para abril del 2019, como parte de esta iniciativa subregional, se había hecho un inventario de los programas de capacitación en salud familiar y comunitaria de ocho países (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) y se había definido un conjunto de competencias para el primer nivel de atención y los médicos de salud familiar. Se terminó de preparar una propuesta para la introducción progresiva de un trayecto para las carreras en el ámbito de la salud, que fue validada por los países.

También en Centroamérica se inició un estudio multicéntrico de factores que influyen en la elección de una carrera en el primer nivel de atención por los médicos de los servicios sociales. La muestra abarca 2.545 pasantes y médicos de los servicios sociales de más de 25 facultades de medicina de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En la subregión sudamericana, la cooperación técnica de la Oficina brindó oportunidades para la cooperación Sur-Sur y el intercambio de experiencias con el fin de facilitar la ejecución del Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023. Entre esas oportunidades cabe señalar las siguientes:

1. una reunión de observatorios de recursos humanos de la subregión, que tuvo lugar en Uruguay en agosto del 2018;
2. un taller sobre la ejecución del plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud para los países sudamericanos, que se realizó en Perú en noviembre del 2018;
3. la inauguración de la Red Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública durante la V Conferencia Internacional de Educación Médica, celebrada en Perú en mayo del 2019; esta red, que abarca instituciones de pregrado y de posgrado, aprovechará la experiencia de la Red de Escuelas de Salud Pública de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y la Oficina ayudó a la nueva red a examinar los métodos de enseñanza de la salud pública en la Región y a apoyar la ejecución, el seguimiento, y la evaluación de la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en la Región de las Américas;
4. una reunión sobre los sistemas de información, la regulación de la práctica profesional y la planificación de residencias médicas, que se realizó en Argentina en junio del 2019.
   

El Campus Virtual de Salud Pública siguió siendo un recurso muy valorado para el aprendizaje. Cuarenta países y territorios[5] participaron en programas y estrategias de educación continua para el personal de salud que se ofrecieron por medio del Campus Virtual o redes de ciberaprendizaje equivalentes. A diciembre del 2018, el Campus Virtual había llegado a 550.000 usuarios.

[1]  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.

[2]  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[3]  Belice, Bolivia, Brasil, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Suriname.

[4]  Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire, Curaҫao, Dominica, Granada, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[5]  Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Bonaire, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, Curaҫao, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, y Uruguay.

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En un contexto macroeconómico que está limitando la disponibilidad de recursos financieros para los sistemas y servicios de salud en muchos países, especialmente en los pequeños estados insulares en desarrollo, se ha renovado el énfasis en el análisis de las estrategias financieras, el margen fiscal para la salud y las oportunidades para aumentar la eficiencia en los sistemas y servicios de salud. Solo cuatro países (Canadá, Cuba, Estados Unidos de América y Uruguay) han alcanzado y mantenido la meta de dedicar 6% del PIB al financiamiento de la salud, porcentaje que en general se considera necesario para alcanzar la salud universal.

El promedio del gasto directo de bolsillo en la salud sigue siendo alto en la Región y asciende a casi un tercio del gasto en salud. La mayor parte de los Estados Miembros no tienen planes de cobertura para proporcionar todos los medicamentos esenciales sin pagos directos en el lugar donde se provee el servicio, y los desembolsos directos para medicamentos y tecnologías sanitarias representan entre 30% y 70% del gasto general en efectivo en salud. Esta es la segunda partida más grande, después de los recursos humanos, de los presupuestos de salud pública y constituye un importante obstáculo para el acceso a los servicios de salud necesarios para gran parte de la población, y muchas familias corren permanentemente el riesgo de caer en la pobreza a raíz de gastos catastróficos en salud.

Varios países, entre ellos Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada y Jamaica, comenzaron a hablar de reformas del financiamiento de la salud, incluida la opción de adoptar programas de seguro nacional de salud. Para mediados del 2019, Anguila había terminado de preparar un proyecto de ley sobre un seguro nacional de salud; Antigua y Barbuda había establecido un sistema de cuentas de salud, con la colaboración de la Oficina y la Unidad de Economía de la Salud de la Universidad de las Indias Occidentales (Campus de San Agustín) en Trinidad y Tabago; Granada había hecho una revisión de las prestaciones, las fuentes de financiamiento y el marco de gobernanza para el seguro nacional de salud, y Saint Kitts y Nevis había iniciado una evaluación actuarial de las prestaciones del seguro nacional de salud.

La Oficina coordinó un diálogo subregional del Caribe sobre financiamiento de la salud, realizado en Barbados en agosto del 2018, a fin de apoyar el compromiso de los Estados Miembros de CARICOM de avanzar hacia la salud universal. Participaron altos funcionarios de gobierno de países de CARICOM, representantes de las principales instituciones subregionales del Caribe y expertos internacionales, con el fin de abordar los retos para el financiamiento de los servicios de salud en el Caribe y señalar oportunidades para fortalecer la colaboración subregional en este tema. Prosiguió la cooperación técnica de la Oficina en los sistemas de pago para las RISS, con la meta de reducir la fragmentación con mecanismos de financiamiento para promover las RISS sobre la base de la estrategia de APS.

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Los Estados Miembros siguieron haciendo grandes avances en el aumento de la capacidad de los sistemas regulatorios y la obtención de medicamentos y tecnologías sanitarias como estrategias centrales para aumentar el acceso a medicamentos y tecnologías que cumplan las normas internacionales de calidad, seguridad y eficacia.

Para mediados del 2019, el Sistema Regulador del Caribe (SRC), órgano regulatorio subregional innovador para el Caribe que fue establecido con cooperación técnica de la Oficina y cuya administración está a cargo del Organismo de Salud Pública del Caribe (CARPHA), había registrado 37 productos con autorización final o provisional y tenía previsto agregar 60 medicamentos recomendados durante el 2019, casi el doble de los recomendados en el 2017 y el 2018. Entre los medicamentos aprobados se encuentran una cura para la hepatitis C contenida en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS y varios medicamentos para ENT. Para junio del 2019, el SRC había recibido casi 200 informes de eventos adversos y medicamentos inferiores al promedio y falsificados por medio de VigiCarib, su programa de farmacovigilancia y vigilancia posterior a la comercialización. Igual que el SRC, VigiCarib se estableció con la premisa de que un enfoque regional facilitaría la mancomunación de recursos, el intercambio de información, la coordinación de las actividades y las eficiencias de escala en los Estados Miembros de CARICOM, y contribuiría al fortalecimiento general de los sistemas de salud.

Cada vez se reconoce más que el SRC es un modelo eficaz para los pequeños estados insulares en desarrollo con recursos humanos limitados. En febrero del 2019, la Oficina y CARICOM presentaron la iniciativa del SRC a los ministros de salud de las islas del Pacífico en una reunión convocada por la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental (WPRO) en Fiji. Sobre la base de la experiencia del SRC, las islas del Pacífico decidieron avanzar con su propio enfoque regulatorio regional, aprovechando el ejemplo de CARICOM en esta área.

En agosto del 2018, como parte de los esfuerzos para fortalecer los organismos de regulación farmacéutica de Centroamérica y la República Dominicana, se inició un proyecto piloto para el examen conjunto de expedientes de medicamentos. El proyecto reunió a personal técnico del organismo de regulación farmacéutica de cada país, con la meta de mejorar el proceso de registro de nuevos productos farmacéuticos en la subregión centroamericana y crear sinergias para aumentar el acceso a medicamentos seguros y eficaces. El proyecto piloto fue patrocinado por la Oficina, la USAID y el Banco Mundial.

La Oficina colaboró con la OMS en la producción de la primera herramienta mundial de evaluación comparativa para determinar la capacidad nacional de regulación de medicamentos. Esta herramienta permitirá a los países de todo el mundo detectar los puntos fuertes y las lagunas en su capacidad de regulación y priorizar áreas críticas para el desarrollo institucional sistemático y transparente. Utiliza elementos de la herramienta regional de la OPS, que se ha aplicado a los sistemas regulatorios de la Región de las Américas durante los últimos diez años y que se mejoró por medio de extensas consultas con organismos de regulación farmacéutica de todo el mundo. En abril del 2019 concluyó la aplicación piloto de la herramienta en El Salvador. Los resultados se usarán para validar la herramienta y la metodología en toda la Región.

La Oficina organizó la IX Conferencia de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF) en El Salvador en octubre del 2018, con el tema “Contribuciones de la armonización regulatoria en el logro de salud para todos: conmemorando 20 años de la Red PARF y 40 años de Alma-Ata”. Asistieron 200 participantes de diversos sectores e instituciones, entre ellos la OMS, la OPS, autoridades regulatorias nacionales, la industria farmacéutica, organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones profesionales. Los Estados Miembros de la Red PARF aprobaron notas conceptuales y recomendaciones sobre el estado actual de la regulación de productos medicinales terapéuticos avanzados, la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones, y modelos de sistemas reguladores para estados y mercados pequeños con recursos limitados. Los documentos proporcionan una orientación muy útil a los países en sus iniciativas de fortalecimiento de la calidad, la seguridad, la eficacia y los sistemas regulatorios de los productos farmacéuticos.

En un área conexa, la Oficina organizó una reunión de la red de precios para los Estados Miembros que forman parte de la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de las Américas (RedETSA). La reunión, que se realizó en Buenos Aires en noviembre del 2018, se centró en el papel de la evaluación de las tecnologías sanitarias en la ampliación del acceso eficaz y equitativo a los medicamentos. La Oficina también elaboró una lista de dispositivos médicos prioritarios para el primer nivel de atención —la primera lista de ese tipo— a fin de guiar a los países en la selección y el uso racional de dispositivos médicos. La lista abarca 257 dispositivos médicos seleccionados con un enfoque basado en la evidencia que fue validado por los Estados Miembros. Los objetivos son aumentar la disponibilidad de estos dispositivos en el primer nivel de atención y asegurar la capacidad de respuesta de los centros de salud en las RISS. La Oficina también propuso un nuevo modelo para la evaluación, la selección, la incorporación, la prescripción, la dispensación, el uso racional y el seguimiento de medicamentos y tecnologías sanitarias, que se está poniendo a prueba en Paraguay.

Con el fin de mejorar la calidad y la seguridad, la cooperación técnica de la Oficina posibilitó la realización de evaluaciones de servicios de radioterapia en 17 países[1] en el 2018. En Belice, la Oficina se asoció con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para evaluar las normas de control de calidad de la radiología y el riesgo para la seguridad radiológica, con miras a mejorar los servicios de radiología y la protección contra la radiación en el país.

El Fondo Estratégico de la OPS apoyó las negociaciones encabezadas por el MERCOSUR con los fabricantes de medicamentos para la hepatitis C que llevaron a reducciones de hasta 40% del costo de uno de los antivirales críticos. El Fondo Estratégico también colaboró con los Estados Miembros del MERCOSUR en una estrategia de negociación para el 2019 a fin de comprar medicamentos para la hepatitis C y el cáncer.

Mantenimiento y mejora de la inmunización

La vacunación sigue siendo un programa emblemático de la estrategia de atención primaria de salud y es una fuerza que impulsa la salud universal. En el 2018, la cobertura regional con la tercera dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DPT) permaneció en 88%, y 22 países y territorios[2] aumentaron la cobertura de vacunación respecto del 2017.

La cooperación técnica de la Oficina durante el período analizado procuró mantener la calidad de los programas de vacunación. Se ofrecieron talleres regionales sobre la respuesta rápida a brotes de sarampión, rubéola y poliomielitis; la fiebre amarilla, y la notificación oportuna y correcta por medio del formulario de notificación conjunta de la OPS/OMS y el UNICEF. A escala subregional, se hizo un taller de capacitación para los gerentes del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en el Caribe, y se realizaron actividades en 22 países y territorios[3] para aumentar la capacidad nacional en áreas como la cadena de frío y la gestión eficaz de vacunas, la evaluación de la calidad de los datos, la vacunación en grandes ciudades, la planificación y el funcionamiento del PAI y los registros de vacunación electrónicos.

Cuatro países agregaron vacunas nuevas a sus planes nacionales de vacunación durante el período abarcado por el presente informe: Guatemala introdujo la vacuna contra el VPH y Haití introdujo la vacuna antineumocócica en el 2018, en tanto que las Islas Turcas y Caicos y Santa Lucía introdujeron la vacuna contra el VPH en el 2019. Cuarenta países y territorios[4] de la Región están usando la vacuna contra el VPH. A pesar de este progreso, en el 2019, uno de los dos proveedores mundiales anunció su salida de los mercados regionales y mundiales, con lo cual ha quedado un solo proveedor de esta vacuna, al menos hasta el 2022. Esta situación causa preocupación con respecto al suministro y el precio de la vacuna. La desconfianza con respecto a la vacuna contra el VPH también plantea un reto, ya que la captación de la vacuna es subóptima a pesar del aumento observado. La Oficina seguirá colaborando con los países para prevenir el desabastecimiento de la vacuna contra el VPH y reforzar la campaña de promoción basada en la evidencia para aumentar la captación de la vacuna.

Se hicieron evaluaciones del programa de inmunización de Islas Vírgenes Británicas, el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (CAVEI) de Chile y el programa regional de inmunización de la OPS.

1. Como parte de la evaluación realizada en las Islas Vírgenes Británicas se formularon recomendaciones para mejorar la logística de la vacunación y la cadena de frío, la capacitación del personal de salud, la puesta en marcha de un registro de inmunización electrónico y la elaboración de estrategias para la comunicación y movilización social.
2. En la evaluación efectuada en Chile se recomendó que el CAVEI tratara de aumentar su propia visibilidad y la conciencia del público sobre su labor para fomentar la aceptación de vacunas y la confianza por parte de la comunidad y los prestadores de servicios de salud.
3. Tras la evaluación del programa regional de inmunización de la OPS, realizada por un comité externo independiente, se recomendó que el programa promoviera más enérgicamente la vacunación y se mostrara más receptivo a los argumentos de los grupos que tienen dudas con respecto a la vacunación; que evaluara las necesidades y mejorara la capacitación y los incentivos para su personal; que hiciera evaluaciones más frecuentes de los programas de inmunización de los países, en particular los países clave; que examinara sus mecanismos financieros, especialmente las contribuciones relativas de donantes externos y de la Organización, y que buscara fondos nuevos de asociados anteriores y nuevos.

La Oficina desplegó una extensa respuesta en el terreno frente a los brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación en la Región, que incluyó la cooperación técnica con la República Bolivariana de Venezuela (en adelante Venezuela) para llevar a cabo una campaña de vacunación de gran alcance en la cual se vacunó a alrededor de 9 millones de niños de 1 a 4 años. La Oficina movilizó a expertos técnicos para asistir en la respuesta a brotes, incluidos los de sarampión en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; difteria en Haití y Venezuela, y fiebre amarilla en Brasil. La Oficina también colaboró con las autoridades de salud de todos los países de América Latina y el Caribe a fin de mejorar los preparativos para posibles brotes. Además de los ministerios de salud, colaboraron en esta tarea la Iniciativa Sarampión y Rubéola, los CDC de Estados Unidos y el UNICEF. La Oficina movilizó alrededor de US$ 9 millones[5] para estas actividades.

La Semana de Vacunación en las Américas, iniciativa emblemática de la Oficina, celebró su decimoséptimo aniversario en abril del 2019, con el lema “Protege tu comunidad. Haz tu parte”. Durante la celebración, 65 millones de personas se vacunaron en 45 países y territorios. En vista del resurgimiento del sarampión en la Región, la Semana de Vacunación en las Américas 2019 tuvo un especial sentido de urgencia. Por ejemplo, los CDC de Estados Unidos señalaron que se habían producido 981 casos de sarampión en 26 estados entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2019, el mayor número de casos notificados en ese país desde 1992 y desde que se declaró la eliminación del sarampión en el 2000.[6] Otros aspectos destacados de la Semana de Vacunación en las Américas 2019 fueron los siguientes:

1. administración de 450.000 dosis de vacuna contra el sarampión mediante una variedad de actividades, como campañas de “barrido” y otras actividades de vacunación notificadas por 23 países y territorios,[7] incluida la focalización en grupos de alto riesgo;
2. campaña de vacunación masiva contra la gripe en Brasil, donde se hizo la ceremonia inaugural a nivel regional de la Semana de Vacunación en las Américas, que llegó a 59 millones de personas. Además, alrededor de 3.500 profesionales de la salud administraron la vacuna antigripal y otras vacunas corrientes en comunidades indígenas, con la meta de que casi 700.000 niños y adultos de esas zonas estuvieran al día con los planes de vacunación recomendados;
3. campañas de vacunación contra la gripe en otros 13 países,[8] en previsión de un aumento de la circulación del virus en meses posteriores;
4. administración de la vacuna antiamarílica en zonas en riesgo de al menos cuatro países (Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador);
5. vacunación de adolescentes contra el VPH en 16 países y territorios;[9]
6. medidas especiales para vacunar a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres durante el embarazo y el puerperio, personal de salud, adultos mayores, poblaciones indígenas, personas con enfermedades crónicas, reclusos y personal penitenciario, en 17 países y territorios.[10]

La Oficina negoció y celebró un importante convenio con la División Médica de la Universidad de Texas para la administración de una patente que protege una vacuna contra el virus del Zika que representa una gran innovación científica. La Oficina también proporcionó asistencia jurídica para ampliar la participación de los países en el Fondo Rotatorio de la OPS y el Fondo Estratégico de la OPS. En ese sentido se están realizando negociaciones con México, algunas provincias de Argentina y varias entidades estatales de Colombia.

[1]  Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

[2]  Anguila, Barbados, Belice, Bermudas, Chile, Curaçao, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[3]  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

[4]  Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Bonaire, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, México, Montserrat, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saba, San Eustaquio, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, y Uruguay.

[5]  A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias en este informe se encuentran en dólares de los Estados     Unidos.

[6]  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Measles cases in 2019. Disponible en https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html. Consultado el 7 de junio del 2019.

[7]  Anguila, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[8]  Barbados, Belice, Colombia, Dominica, Granada, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, y Uruguay.

[9]  Anguila, Barbados, Belice, Colombia, Granada, Guatemala, Honduras, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, México, Montserrat, Panamá, Paraguay, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago.

[10] Bahamas, Belice, Bermudas, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.

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Reconociendo la necesidad cada vez mayor y la enorme importancia de contar con información oportuna, actualizada y de buena calidad sobre la salud y temas conexos, la Oficina mantuvo la cooperación técnica a fin de promover el marco de los IS4H. Este marco fue introducido en el 2016 para abordar la necesidad de que se dé seguimiento a las metas de los ODS relacionadas con la salud en los datos subnacionales y, en términos más generales, asegurar que los encargados de formular políticas y adoptar decisiones cuenten con los datos que necesitan para adoptar intervenciones en el ámbito de la salud que verdaderamente no dejen a nadie atrás.

Durante el período abarcado por el presente informe, la Oficina colaboró con el Grupo de Trabajo Técnico sobre los IS4H apoyado por CARICOM para elaborar una hoja de ruta con el fin de mejorar los sistemas de información para la salud en el Caribe.[1] La hoja de ruta fue respaldada por CARICOM y el Consejo de Ministros de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).

Tras un llamado a concurso,[2] la Oficina otorgó subvenciones a 36 adjudicatarios de 27 países y territorios[3] para llevar a cabo proyectos de IS4H en el 2019 con el fin de que los sistemas de información sean más interoperables y estén interconectados. La Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Salud (RELACSIS) aprovechó sus alianzas y asociados de toda la Región de las Américas para conseguir que la información técnica y los seminarios por internet sobre los IS4H se difundieran de forma gratuita a los miembros de la red y otros destinatarios. Esto proporcionó a los Estados Miembros un medio para difundir prácticas eficaces y recibir información sobre metodologías, herramientas, políticas y estrategias recomendadas por la Oficina en relación con los IS4H.

En el mismo marco, la Oficina ayudó a 15 países y territorios[4] a usar la herramienta de evaluación de la madurez de los IS4H y formular recomendaciones para mejorar sus sistemas de información para la salud. La Oficina también colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo en el uso de la herramienta para evaluar la madurez de los IS4H a fin de orientar las inversiones en sistemas de información y salud digital. También colaboraron en esta labor USAID, el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá, el Hospital Italiano de Buenos Aires (centro colaborador de la OMS) y algunas instituciones académicas, como la Universidad de Illinois, la Universidad de Utah y la Universidad de Harvard.

Los datos del registro civil son componentes importantes de los IS4H, pero suelen ser inexactos e incompletos. Durante el período examinado, la Oficina organizó cinco cursos regionales y tres cursos virtuales para 500 codificadores que trabajaban en el registro civil de países latinoamericanos. Una de las intervenciones de aprendizaje fue un curso que se ofreció en noviembre del 2018 para codificadores de 19 países[5] sobre búsquedas intencionales de muertes maternas en todas las fuentes de certificados de defunción de los países, o sea, una auditoría de los certificados de defunción para detectar las muertes maternas que no se habían incluido originalmente en el recuento. En el curso se usó el método de Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM), creado por el Centro Mexicano para la Clasificación de las Enfermedades (CEMECE), que es un centro colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS.

En dos talleres regionales —uno realizado en agosto del 2018 con 16 países[6] y otro realizado en marzo del 2019 con 12 países[7]— se capacitó a profesionales de ministerios de salud y oficinas nacionales de estadísticas en una metodología utilizada por el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Materna[8] a fin de estimar la mortalidad materna, y por el Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Infantil, también de las Naciones Unidas, a fin de medir el número de mortinatos y la mortalidad infantil. Después del curso, la Oficina fomentó la participación de equipos nacionales de los países destinatarios en la selección de estrategias con el propósito de fortalecer la calidad y la cobertura de los datos para fundamentar mejor las intervenciones de los gobiernos y las estimaciones de las Naciones Unidas.

Tanto en la ASSA2030 como en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se insta a los Estados Miembros a que den seguimiento al progreso nacional y subnacional hacia los objetivos y las metas para mejorar la salud y el bienestar de todos los grupos poblacionales. El mandato mundial de los ODS ha planteado grandes retos para la Oficina y los países de la Región de las Américas, ya que los datos que recopila la Oficina por medio de la Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud no abarcan 10 de los 27 indicadores del ODS 3, y muchos países no recopilan datos subnacionales desglosados por las principales variables de estratificación sociodemográfica. Se dará seguimiento al progreso hacia los objetivos de la ASSA2030 principalmente por medio de los indicadores de impacto y de resultados intermedios del proyecto de Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, que se seleccionaron en consulta con los 21 integrantes del Grupo Asesor sobre el Plan Estratégico de la OPS[9] y se someterán a la aprobación del 57.o Consejo Directivo en septiembre del 2019.

La Plataforma de Información en Salud para las Américas (PLISA) es el repositorio de datos de la Organización sobre 170 indicadores básicos de salud (365 si se los desglosa), los datos de mortalidad proporcionados por los Estados Miembros y los problemas de salud que van desde la resistencia a los antimicrobianos hasta la vacunación. Se introdujeron mejoras en PLISA durante el período abarcado por el presente informe, que permiten a los países intercambiar datos epidemiológicos, aprovechar su capacidad de análisis para el dengue y el zika y dar seguimiento a indicadores clave, entre ellos la tasa de letalidad del dengue. Se está trabajando en la ampliación de la capacidad de PLISA para incluir información epidemiológica sobre el chikunguña, la leishmaniasis, la malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores.

[1]  OPS. High-level meeting on information systems for health: Advancing public health in the Caribbean region, 7-8 November 2016, Kingston, Jamaica. Meeting report. Washington, D.C.: OPS; 2017. Disponible en https://bit.ly/2YlY8HZ.

[2]  El concurso se cerró en noviembre del 2018.

[3]  Argentina, Antigua y Barbuda, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaҫao, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[4]  Anguila, Bahamas, Barbados, Bermudas, Dominica, Ecuador, Guyana, Honduras, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[5]  Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

[6]  Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Suriname.

[7]  Bahamas, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tabago.

[8]  El Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Materna está integrado por representantes del UNFPA, el UNICEF, la División de Población de las Naciones Unidas, la OMS y el Banco Mundial.

[9]  El Grupo Asesor contó con representación de todas las subregiones de la OPS: el Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tabago), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), América del Norte (Canadá, Estados Unidos de América y México) y América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela). Panamá fue designado para ocupar la presidencia y Bahamas para la vicepresidencia.

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Durante el período analizado, la Oficina continuó la cooperación técnica para facilitar y posibilitar la formulación de políticas basadas en la evidencia, la adopción de decisiones y la planificación. Esta tarea estuvo encabezada por el Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud (BIREME), centro especializado de la OPS ubicado en Brasil.

Se indizaron 35.000 documentos nuevos en LILACS, el índice bibliográfico de la OPS de la bibliografía científica y técnica de la Región sobre la salud, y se actualizaron más de 20.000 términos en inglés, francés, español y portugués en DeCS, el vocabulario de la Organización para indizar información científica. LILACS sirvió de piedra angular para dos bibliotecas virtuales nuevas sobre la salud:

1. La Biblioteca Virtual en Salud en Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas (BVS MTCI) fue inaugurada en diciembre del 2018 en reconocimiento de la importancia de la medicina tradicional para los enfoques interculturales incluyentes. La BVS MTCI promueve la visibilidad, el acceso, la utilización y el desarrollo de información científica y material didáctico sobre modelos de sistemas de salud interculturales e incluyentes. Un ejemplo es la iniciativa de la Oficina para integrar los conocimientos tradicionales indígenas sobre la reducción del riesgo de desastres, junto con una red regional en la que participen pueblos indígenas.
2. El portal EvIDeNCe de CARPHA se estableció con el fin de servir de repositorio dinámico para la investigación, síntesis, documentos pertinentes para la formulación de políticas e información sobre la salud para facilitar la adopción de decisiones fundamentadas en la evidencia en el Caribe. La Oficina presentó el portal en la 49.a Conferencia de la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del Caribe (ACURIL) en junio del 2019.

La base de datos internacional de las directrices GRADE (BIGG),[1] donde se compila la nueva evidencia, comenzó a funcionar en el 2018. Esta base de datos recoge las directrices para la salud pública y la práctica, basadas en la evidencia, elaboradas por la OMS, la OPS, instituciones gubernamentales y asociaciones científicas nacionales e internacionales de varios países que cumplen las normas recomendadas por la OPS/OMS. La base de datos BIGG se integró en la BVS de la OPS, con más de 600 directrices indizadas y enlaces con el texto completo que ofrecen recomendaciones de buena calidad, fundamentadas en la evidencia, con respecto a la salud pública y su práctica. También en el 2018 se estableció un nuevo marco para la interoperabilidad que facilita la actualización continua del Global Index Medicus (GIM) con bibliografía técnica y científica de todas las regiones de la OMS. Se prevé que el portal se actualizará a fines del 2019.

En agosto del 2018 se puso en marcha el repositorio de leyes sobre los factores de riesgo de las ENT, que ofrece acceso a los marcos jurídicos establecidos por los países para combatir las enfermedades crónicas. Este repositorio ha facilitado la sistematización de la organización, el seguimiento y la consulta de leyes relacionadas con las ENT en los Estados Miembros. Procura fortalecer la rectoría y la gobernanza con el fin de avanzar hacia la salud universal y proporciona un modelo para compilar legislación en materia de salud.

En el marco del programa regional de investigación sobre enfermedades tropicales y el programa OPS de pequeñas subvenciones,[2] la Oficina fortaleció la capacidad de los países para realizar investigaciones sobre la ejecución en el área de las enfermedades tropicales. En el período abarcado por el presente informe se aprobaron y financiaron cinco proyectos de investigación sobre la ejecución de programas para la tuberculosis, la malaria y la leishmaniasis. La Oficina también llevó a cabo la Iniciativa de Investigación Operacional Estructurada y Capacitación de TDR (SORT IT), cuya finalidad es mejorar la capacidad del personal nacional de salud pública para el diseño y la redacción de protocolos, el análisis de datos, la redacción científica y la difusión de resultados. Durante el período abarcado por el presente informe se ofreció capacitación para personal de salud pública de Ecuador, Paraguay y Uruguay por medio de la investigación operacional integrada y la formación de capacidad relacionada con los sistemas de salud y los programas para combatir enfermedades específicas.

Desde mediados del 2018, la Oficina, en colaboración con el CEMECE de México, el UNICEF, el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Materna, USAID y el Ministerio de Salud de Argentina:

1. coordinó una serie de sesiones virtuales y presenciales con seis países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) a fin de aumentar la capacidad de los profesionales de la salud para analizar datos de estadísticas vitales y abordar los problemas de la calidad de los datos, prestando especial atención a los indicadores de los ODS relacionados con la mortalidad;
2. trabajó con cuatro países (Bolivia, Colombia, Ecuador y República Dominicana) para mejorar los conocimientos de los profesionales de la salud sobre la metodología para estimar y analizar la mortalidad infantil, neonatal y materna en el plano nacional y subnacional;
3. capacitó a profesionales de ministerios de salud y oficinas nacionales de estadísticas de 20 Estados Miembros[3] para establecer metas y analizar datos subnacionales a fin de determinar las inequidades sociales relacionadas con los indicadores de la ASSA2030 y los ODS.

[1]  GRADE = Clasificación de la evaluación, desarrollo y valoración de las recomendaciones.

[2]  El programa conjunto HRP/TDR/OPS de pequeñas subvenciones es una iniciativa del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, copatrocinado por el UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la OMS (conocido como TDR), el Programa Especial PNUD/UNFPA/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (conocido como HRP) y la OPS.

[3]  Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, y Trinidad y Tabago.

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Continuaron los avances en la institucionalización de programas de manejo de desastres. A fines del 2018, 26 países y territorios[1] tenían un programa formal de manejo de desastres en el ámbito de la salud, 29[2] tenían un plan para responder a emergencias de salud, 23[3] tenían equipos médicos de emergencia, 27[4] tenían centros de operaciones de emergencias de salud y 30[5] tenían un comité coordinador nacional para emergencias en el ministerio de salud. Sin embargo, persisten algunas lagunas a pesar del notable progreso. Por ejemplo, de los 26 países y territorios que han establecido formalmente programas para desastres, solo 20[6] tienen programas con personal a tiempo completo y presupuesto propio.

En el período analizado, la Oficina continuó —y mejoró, en los casos en que era necesario— su cooperación técnica con países que se enfrentaban con desastres ocasionados por amenazas naturales u otras emergencias, o incluso con problemas relacionados con la migración masiva, el cambio climático y los brotes de enfermedades. Esta tarea abarcó la respuesta a situaciones inmediatas y prolongadas, así como en la etapa posterior al evento y en la etapa de recuperación, y la adaptación al cambio climático. La respuesta consistió en la colaboración con autoridades nacionales de salud y de otros sectores, así como con asociados regionales e internacionales, para detectar y subsanar brechas, y formar la capacidad nacional y subnacional necesaria para responder a diversas situaciones y mitigarlas.

En su labor para aumentar la resiliencia de los Estados Miembros frente a las emergencias y los desastres, la Oficina contó con la colaboración de importantes asociados, entre ellos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), los CDC de Estados Unidos, la Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior de USAID, la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), el Fondo central para la acción en casos de emergencia (CERF) de las Naciones Unidas, el Fondo para Contingencias relacionadas con Emergencias (FCE) de la OMS y los gobiernos de Macau, Nueva Zelandia y Suiza.

Fortalecimiento de la capacidad para tomar decisiones durante emergencias
en Chile, Haití y República Dominicana

La Oficina, en coordinación con los ministerios de salud y los servicios nacionales de salud de Chile, Haití y República Dominicana y con el apoyo de varios asociados, organizó talleres sobre mecanismos de coordinación y decisión para las operaciones de respuesta a emergencias de salud.

Estos talleres, realizados en el marco del RSI, procuraban fortalecer la capacidad del personal técnico para tomar decisiones durante emergencias de salud y elaborar, actualizar y difundir procedimientos normalizados de trabajo. Eso posibilitará una respuesta oportuna, coordinada e integral en la cual todos los componentes del sector de la salud estén representados en un plan para responder a múltiples riesgos.

Los representantes de los Estados Miembros observaron que algunos desastres son una consecuencia del cambio climático e hicieron énfasis en  la relevancia de los talleres para ayudar a los países de la Región de las Américas a responder de manera apropiada y reducir el impacto de las emergencias y los desastres. Se subrayó la importancia de los centros de operaciones para emergencias de salud, sean físicos o virtuales, a fin de aunar los aspectos políticos y técnicos y facilitar la ejecución oportuna de los planes de emergencia.

La migración masiva y las necesidades crecientes de salud pública en Venezuela y los países vecinos

Entre el 2015 y el 2018, más de 3 millones de venezolanos migraron a otros países de la Región y del resto del mundo debido a la situación política y socioeconómica del país. La crisis ha tenido graves repercusiones en la capacidad del sistema de salud de Venezuela y ha dado lugar a una escasez de personal, medicamentos, productos y suministros para la salud, así como al mantenimiento inadecuado de equipo crítico y servicios esenciales, como agua, electricidad, gases médicos, abastecimiento de alimentos y eliminación de desechos. Esto ha puesto en riesgo los avances en el campo de la salud o los ha revertido, y la interrupción de los sistemas de vigilancia epidemiológica y el debilitamiento de los programas de vacunación han causado un resurgimiento de enfermedades que ya se habían eliminado (como el sarampión y la difteria)  o controlado (como la malaria). Los países vecinos (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) siguen recibiendo un gran número de migrantes venezolanos y son la primera parada para los que se dirigen a otros lugares de la Región, y este flujo migratorio constituye un riesgo para la propagación de enfermedades transmisibles en toda la Región.

La Oficina ha intensificado la cooperación técnica para fortalecer las redes de servicios de salud de Venezuela y de los países vecinos a fin de hacer frente a los brotes activos de enfermedades y las necesidades de salud cada vez mayores. Durante el período analizado, la Oficina colaboró con las autoridades nacionales y con asociados externos a fin de elaborar un plan maestro para el control de la infección por el VIH, la tuberculosis y la malaria en Venezuela, y organizó una reunión de asociados e interesados para presentarlo y examinarlo. El plan maestro recibió $5 millones del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria para la compra de antirretrovirales por medio del Fondo Estratégico de la OPS.

La Oficina movilizó más de $20 millones de la comunidad internacional para fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas de salud nacionales y locales, y colaboró con las autoridades nacionales y otros asociados en la esfera de la salud a fin de apoyar los servicios de salud locales y proporcionar atención de salud esencial a los grupos más vulnerables entre los migrantes y la población receptora. En Colombia, Ecuador y Perú, la labor se centró en la mejora del acceso y la capacidad para proporcionar servicios de salud esenciales y en el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria nacional y descentralizada, la gestión de la información y los sistemas de vigilancia para la detección y el control de brotes.

En Venezuela, la Oficina aumentó las intervenciones a corto plazo y de gran impacto con el fin de reforzar la capacidad institucional y de la comunidad para la vigilancia y el control de brotes, el manejo clínico de casos relacionados con agentes patógenos de gran impacto y grandes consecuencias, y los preparativos para hacer frente a amenazas para la salud. En el 2018, con financiamiento de asociados estratégicos y recursos propios, la Oficina compró 82 toneladas de medicamentos esenciales y suministros médicos para algunos establecimientos de salud prioritarios, los principales programas de salud y algunos ONG estratégicas asociadas. En los primeros tres meses del 2019, la Oficina compró 80 toneladas más de medicamentos y suministros, incluidos productos para el tratamiento de la malaria con complicaciones, el sarampión, la difteria, las urgencias de salud reproductiva y las ENT.

La Oficina proporcionó cooperación técnica y apoyo logístico para una campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la difteria que llegó a casi 9 millones de niños. La Oficina ayudó con la compra directa de 9 millones de dosis de vacuna combinada contra el sarampión y la rubéola y 1,5 millones de dosis de vacuna contra el tétanos y la difteria, así como jeringas y cajas de seguridad; la contratación de ocho expertos internacionales y 30 profesionales nacionales; el transporte para las operaciones sobre el terreno, incluso en zonas remotas de los estados de Amazonas y Delta Amacuro, y la capacitación de los vacunadores y los profesionales de la salud. La Oficina también estableció el Sistema de Gestión de Incidentes en mayo del 2018, con el despliegue de más de 60 profesionales de la sede de la OPS y las representaciones para colaborar en la gestión técnica, administrativa y logística.

Junto con el MERCOSUR, el Instituto Social del MERCOSUR, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y el ORAS, la Oficina apoyó la labor de los grupos de trabajo técnicos sobre la salud fronteriza que, entre otros temas, abordaron los retos para la salud relacionados con la migración masiva en el Chaco sudamericano, el altiplano andino y la cuenca amazónica.

La cooperación técnica ha aumentado considerablemente en Venezuela y los países vecinos con la finalidad de atender las necesidades críticas vinculadas al fenómeno prolongado y complejo de la migración masiva. Sin embargo, subsisten grandes brechas en la disponibilidad continua y el acceso no discriminatorio a servicios de salud críticos para los grupos más vulnerables.

Equipos médicos de emergencia

La iniciativa de equipos médicos de emergencia procura mejorar los preparativos para situaciones de emergencia y apoyar el despliegue rápido y eficiente de equipos médicos nacionales e internacionales para proporcionar atención clínica coordinada y de buena calidad, a fin de reducir la pérdida de vidas y prevenir la discapacidad a largo plazo causada por desastres debidos a las amenazas naturales, los brotes y otras emergencias. La iniciativa, centrada en el fortalecimiento de la capacidad y la respuesta a escala local y nacional, apoya a las autoridades nacionales de salud en su papel de liderazgo y aprovecha la capacidad nacional de los países para apoyarse mutuamente.

Hasta la fecha, la mayor parte del trabajo de la Oficina con los equipos médicos de emergencia ha consistido en la introducción de la iniciativa en los países y territorios de la Región; la creación de herramientas operacionales y de células de información y coordinación médica (CICOM), cuya finalidad es facilitar el manejo de la información y la coordinación de los equipos médicos de emergencia durante las emergencias y los desastres, y el fortalecimiento de la capacidad logística y operativa de los equipos médicos de emergencia. El trabajo de la Oficina con los Estados Miembros ha incluido la selección, la inscripción, la mentoría, el fortalecimiento y la clasificación de equipos médicos de emergencia locales y nacionales y la adopción de normas mundiales para la iniciativa. Participan también más de 30 ONG de América Latina y el Caribe dedicadas a la asistencia médica humanitaria. La iniciativa facilita la difusión y el análisis de prácticas adecuadas, conceptos técnicos y temas operativos relacionados con el desarrollo y la respuesta de los equipos médicos de emergencia, con miras a una mejora continua.

A diciembre del 2018, 39 países y territorios[7] habían introducido oficialmente la iniciativa de equipos médicos de emergencia a escala nacional y estaban recibiendo apoyo de la Oficina para formar capacidad nacional y local en el área del manejo de emergencias de salud y crear sus propios equipos médicos de emergencia. Se ha sensibilizado a más de 500 especialistas en manejo de emergencias de salud de los países y se los ha capacitado en mecanismos de coordinación de equipos médicos de emergencia. Se ofrecieron cinco cursos regionales para coordinadores de equipos médicos de emergencia en Panamá (2015), Costa Rica (2016), Chile (2017), Estados Unidos de América (2018) y Barbados (2019). Estas intervenciones contribuyeron al establecimiento de una nómina regional de 112 coordinadores de equipos médicos de emergencia capacitados de 35 países y territorios,[8] listos para desplegarse a escala nacional, regional y mundial con el fin de facilitar la coordinación de la asistencia médica en situaciones de emergencia.

Durante el período abarcado por el presente informe, 23 Estados Miembros[9] designaron oficialmente puntos focales de los equipos médicos de emergencia para que representasen a su país en el grupo regional de equipos médicos de emergencia. Los equipos de tres instituciones u organizaciones nacionales han sido designados equipos internacionales por la OMS: el Equipo Rubicon de Estados Unidos, el Ministerio de Salud de Ecuador y la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, 30 equipos están inscritos en un programa de mentoría para lograr la clasificación internacional de la OMS. Cinco países (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú) están implementando procedimientos nacionales para solicitar y desplegar equipos médicos de emergencia, y están estableciendo células de información y coordinación médica con la cooperación técnica de la Oficina.

La Oficina colaboró con la Fuerza de Defensa de Barbados y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe en la compra del hospital de campaña que usarán los equipos de respuesta del Caribe oriental y la capacitación sobre su uso. El hospital recibirá la certificación de equipo médico de emergencia de nivel 1 de la OMS en julio del 2019, y ya se ha iniciado la labor para fortalecer el hospital a fin de que llegue al nivel 2 para el 2020, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y China.

Fortalecimiento de las capacidades básicas requeridas por el RSI

El RSI proporciona el marco fundamental para la colaboración de los Estados Miembros a fin de abordar el tema de la seguridad de la salud mundial. El Reglamento es un documento jurídicamente vinculante que requiere que los Estados Partes notifiquen al Punto de Contacto de la OMS para el RSI, que funciona en la Oficina en el caso de la Región de las Américas, todo evento, independientemente de su origen o fuente, que pueda tener implicaciones para la salud pública internacional. Estos eventos pueden luego ser declarados emergencias de salud pública de importancia internacional, de acuerdo con los criterios definidos. El fortalecimiento de las capacidades básicas de los países para aplicar el RSI sigue siendo una prioridad importante para la cooperación técnica de la Oficina, y el trabajo relacionado con el RSI durante el período abarcado por el presente informe se llevó a cabo con el apoyo de los CDC de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá y contribuciones voluntarias nacionales de Brasil.

La información especial o “inteligencia” sobre epidemias es el ciclo de recopilación, análisis e interpretación organizados y sistemáticos de información de todas las fuentes para detectar, comprobar e investigar posibles riesgos para la salud. Las actividades captadas a lo largo de este ciclo son funciones básicas establecidas en el RSI. Se necesita un sistema y una red mundial de alerta temprana eficiente que publique evaluaciones de riesgos de todos los eventos que puedan tener implicaciones para la salud pública en el sitio de información sobre eventos del Centro Nacional de Enlace para el RSI dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de la evaluación.

Un aspecto fundamental del cumplimiento del RSI es la capacidad de los países para comunicar de manera eficiente y con exactitud, interna y externamente, eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional en un lapso de 24 horas. Entre el 1 de julio del 2018 y el 17 de mayo del 2019, 117 eventos que se produjeron en la Región de las Américas se registraron en el sistema interno de manejo de eventos de la OMS: 10 requirieron documentación necesaria con una evaluación rápida de riesgos, la información con respecto a ocho eventos se difundió por medio del sitio seguro de la OMS para la información sobre eventos utilizado por los Centros Nacionales de Enlace para el RSI, y la información con respecto a tres eventos se dio a conocer en la página web pública de la OMS con noticias sobre brotes de enfermedades.

De acuerdo con sus funciones de análisis y evaluación de riesgos, la Oficina emitió 28 alertas epidemiológicas y actualizaciones entre el 1 de julio del 2018 y el 17 de mayo del 2019, relacionadas principalmente con enfermedades prevenibles mediante vacunación. Las alertas epidemiológicas y actualizaciones incluyeron recomendaciones para abordar los eventos, y fueron la única fuente autorizada de información actualizada de dominio público sobre eventos en Venezuela.

El período abarcado por este informe coincidió con la introducción de un instrumento revisado para la notificación bajo el RSI.[10] El instrumento, que contiene cambios en las funciones esenciales de salud pública relacionadas con las capacidades básicas requeridas por el RSI, facilita la presentación obligatoria de los informes anuales de los Estados Partes a la Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con el artículo 54 del RSI. Treinta y tres de los 35 Estados Partes de las Américas (94%) presentaron informes anuales a la 72.a Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2019. Se analizaron los datos de 31 de los Estados Partes que presentaron informes anuales del 2018:[11] 17 (55%) indicaron que habían probado, examinado y actualizado al menos uno de los instrumentos que constituían su marco nacional para emergencias de salud, 11[12] (35%) dijeron que los presupuestos se distribuían oportunamente y se ejecutaban de una manera coordinada y 19[13] (61%) afirmaron que había un mecanismo de financiamiento público para situaciones de emergencia en los sectores pertinentes que posibilitaba la recepción estructurada y la distribución rápida de fondos para responder a emergencias de salud pública. 

Las puntuaciones promedio para la Región de las Américas fueron de alrededor de 60% o más, y las puntuaciones relacionadas con 12 de las 13 capacidades básicas requeridas por el RSI[14] fueron superiores al promedio mundial, excepto por la capacidad básica de prestación de servicios de salud. La puntuación promedio regional más alta, de 92%, siguió siendo la correspondiente a amenazas zoonóticas, mientras que las capacidades básicas vinculadas a los recursos humanos y la respuesta a eventos relacionados con peligros químicos tuvieron los puntajes más bajos: 65% y 63%, respectivamente. No obstante, el estado de las capacidades básicas en las distintas subregiones siguió siendo heterogéneo. Las puntuaciones subregionales promedio más altas se observaron sistemáticamente en América del Norte, en tanto que la mayoría de las capacidades básicas con las puntuaciones promedio más bajas correspondieron al Caribe, en las áreas de legislación y financiamiento, eventos zoonóticos y la interfaz entre los seres humanos y los animales, vigilancia, recursos humanos, comunicación de riesgos, puntos de entrada, eventos químicos y situaciones de emergencia por radiación.

El marco de seguimiento y evaluación del RSI del 2018 tiene un componente obligatorio (el informe anual de los Estados Partes) y tres voluntarios (examen posterior a la acción de eventos de salud pública, simulacros y evaluaciones externas voluntarias). Durante el período abarcado por el presente informe, la Oficina colaboró con Granada para realizar una evaluación externa voluntaria con el instrumento de evaluación externa conjunta del 2018, y la Oficina está colaborando con Argentina, Haití y República Dominicana en los preparativos para recibir (o recibir nuevamente, en el caso de Haití) una evaluación externa voluntaria durante el segundo semestre del 2019. Cuatro Estados Partes incluyeron una evaluación externa voluntaria en su plan de trabajo bienal para el 2018-2019 y cuatro expresaron interés en someterse a una evaluación externa voluntaria. La Oficina facilitó simulacros en Bolivia, Brasil y República Dominicana y exámenes posteriores a la acción de eventos de salud pública en Brasil y República Dominicana.

El fortalecimiento de la prevención y el control de infecciones es una capacidad básica requerida en el RSI. Durante el período abarcado por el presente informe, la Oficina impartió capacitación sobre prevención y control de infecciones, investigación de brotes, y vigilancia y contención de infecciones relacionadas con la atención de salud en 30 países y territorios.[15] La Oficina siguió abogando por la asignación de prioridad a escala nacional a la agenda de prevención y control de infecciones relacionadas con la atención de salud, el uso del marco de la OMS para la aplicación de componentes básicos de la prevención y el control de infecciones, y la designación de puntos focales nacionales en esta área. La cooperación técnica con algunos países específicos abarcó lo siguiente:

1. Ecuador: se estableció un grupo de trabajo multidisciplinario para revisar las políticas de prevención y control de infecciones y establecer un conjunto mínimo de indicadores para la vigilancia de infecciones relacionadas con la atención de salud.
2. Guyana: un brote de histoplasmosis que se produjo en abril del 2019 en trabajadores de minas de manganeso destacó la necesidad de revisar la política nacional de prevención y control de infecciones e iniciar la capacitación del personal de salud en preparativos (detección temprana de enfermedades emergentes y reemergentes que puedan dar lugar a brotes o epidemias) y respuesta (investigación inmediata de casos, con medidas de contención y comunicación de resultados).
3. República Dominicana: un brote de micobacterias no tuberculosas ofreció una oportunidad a la Oficina para concientizar sobre la agenda de prevención y control de infecciones, y apoyar la formulación de una directriz nacional sobre las mejores prácticas de prevención y control de infecciones.
4. Suriname: tras una evaluación nacional de las normas mínimas para la prevención y el control de infecciones en los establecimientos de salud y un brote intrahospitalario en unidades neonatales, la Oficina apoyó el refuerzo de las capacidades y políticas nacionales para la prevención y el control de infecciones y la vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención de salud.
5. Trinidad y Tabago: la Oficina colaboró en la formulación de una política nacional sobre prevención y control de infecciones y vigilancia de infecciones relacionadas con la atención de salud, incluidas las funciones y las responsabilidades del personal de salud, así como la publicación del manual nacional sobre prevención y control de infecciones.

Se fortalecieron los preparativos y la capacidad de respuesta para una pandemia de gripe en 23 países[16] con la cooperación técnica de la Oficina. Como parte de esta tarea se evaluaron los sistemas nacionales de vigilancia, el uso de datos para la formulación de políticas basadas en la evidencia y la gravedad de la gripe estacional. Los resultados incluyeron no solo una mejora de la capacidad nacional en el ámbito de los preparativos y la respuesta para una pandemia de gripe, sino también la ampliación de la red regional de profesionales para apoyar a los países en casos de pandemia. Además, Argentina y Trinidad y Tabago recibieron capacitación en gestión de calidad y bioseguridad de los laboratorios para la gripe; Bolivia y República Dominicana fortalecieron sus equipos multisectoriales de respuesta rápida, y Colombia, El Salvador, Haití, Jamaica, México, Paraguay, República Dominicana y Suriname aumentaron su capacidad para el despliegue eficaz de vacunas antipandémicas e insumos conexos.

Brote de cólera en Haití

En el 2018 se notificaron 3.786 casos presuntos de cólera en Haití, principalmente en los departamentos de Artibonito y el Centro, el número anual más bajo desde el comienzo de la epidemia en el 2010. En el 2019, para mediados de abril se habían notificado 308 casos presuntos; el último caso confirmado por laboratorio se notificó a principios de febrero del 2019.

La reducción constante de los casos notificados de cólera puede atribuirse al apoyo concertado de asociados internacionales, incluida la cooperación técnica ininterrumpida de la Oficina con el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y otras autoridades nacionales, entre ellas la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA), con apoyo del CERF y el Banco Mundial. La Oficina proporcionó asistencia para la vigilancia epidemiológica, la capacidad en materia de laboratorios, el manejo médico de casos y la vacunación.

Desde julio del 2018, el sistema de “enfermeras labo-moto”, una red de enfermeras de campo establecida en diciembre del 2017 para transportar muestras de centros de tratamiento de las diarreas agudas (CTDA), ha operado en seis de los diez departamentos que han notificado casi todos los casos sospechosos. Otras iniciativas consistieron en el suministro de materiales para la obtención de muestras de cólera (medio de transporte Cary Blair) a los CTDA, la capacitación del personal de los CTDA para obtener muestras de personas con cólera en cumplimiento de las normas de bioseguridad y la entrega de los resultados de las pruebas de laboratorio a los CTDA. Entre julio del 2018 y abril del 2019, las enfermeras labo-moto transportaron 1.556 muestras de cólera, suministraron 2.041 medios de transporte Cary Blair a los CTDA y capacitaron a 1.299 trabajadores de CDTA.

Las iniciativas contribuyeron a un aumento notable de la notificación de casos en todo el país desde el 2017, año en que se obtuvieron muestras de menos de 30% de los casos presuntos de cólera. En el 2018 se obtuvieron muestras de 80% de los casos y a mediados de mayo del 2019 se habían obtenido muestras de 97% de los casos. El aumento del muestreo y de la confirmación de casos presuntos de cólera en este país clave ha llevado a una mejor comprensión de la transmisión del cólera y ha fundamentado las decisiones para orientar mejor el uso de los recursos limitados.

Brote de fiebre amarilla en Brasil

El brote de fiebre amarilla más grande de la historia reciente de Brasil comenzó en el 2016. A junio del 2019 se habían notificado 2.236 casos confirmados en seres humanos, con 759 muertes, y 2.542 en animales, principalmente a lo largo de la costa este y en el sudeste. De estos casos, 82 casos confirmados en seres humanos y 48 en animales se notificaron entre el 1 de enero y el 9 de junio del 2019. Al mediados del 2019, la Oficina seguía trabajando en “modalidad de alerta” y estaba dando seguimiento al brote en colaboración con las autoridades nacionales de salud. La cooperación técnica de la Oficina abarca información especial sobre epidemias, seguimiento de las actividades de vacunación, mapeo de casos en seres humanos y en animales, e informes periódicos de la evolución del brote.

En diciembre del 2018, la Oficina convocó una reunión con funcionarios de los ministerios de salud de Argentina, Brasil y Paraguay en la ciudad brasileña de Foz do Iguaҫu a fin de examinar las estrategias de respuesta en caso de que aparecieran casos de fiebre amarilla en las zonas fronterizas. Los participantes llegaron a un acuerdo sobre una estrategia común de respuesta adaptada a la estructura de salud de cada país, basada en intervenciones integrales, entre ellas vacunación, control de vectores y vigilancia epizoótica urbana. Las medidas pertinentes consisten en la vacunación en los municipios con cobertura baja de vacunación, campañas en los medios de comunicación, capacitación de los profesionales de la salud en la vigilancia y el control de la fiebre amarilla, y el fortalecimiento de la vigilancia de primates no humanos para facilitar la detección temprana.

La cooperación técnica de la Oficina mejoró la preparación y la respuesta para la fiebre amarilla en Argentina, Perú y Suriname, centradas en el fortalecimiento de las redes de laboratorios de los países, la vigilancia de epizootias y epidemias, el manejo clínico y la evaluación de riesgos geográficos de acuerdo con el RSI. También se crearon herramientas predictivas para pronósticos de la fiebre amarilla, la planificación de la prevención y la respuesta temprana a brotes.

La capacidad adecuada de detección y diagnóstico de laboratorio es crucial para que los países puedan detectar y notificar emergencias de salud pública de importancia internacional de conformidad con el RSI. Durante el período abarcado por el presente informe, la Oficina contribuyó a la capacitación en las siguientes áreas:

1. aislamiento de virus y cultivos celulares en Argentina;
2. detección y diagnóstico de laboratorio de enfermedades arbovirales y gripe, incluido un curso de bioinformática realizado en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) en el cual participó personal de Argentina, Cuba, México, Panamá y Paraguay;
3. detección molecular de la fiebre amarilla y el virus de Mayaro, en un contexto de cocirculación, para personal de laboratorio de Barbados y Jamaica;
4. detección molecular de arbovirus en mosquitos para personal de laboratorio, en un curso ofrecido en Brasil que contó con participantes de Chile y Jamaica.

La Oficina también desempeñó un papel decisivo en el suministro de material de laboratorio a los países que tienen dificultades —limitaciones presupuestarias, pocos proveedores y normas aduaneras— para obtener reactivos críticos y materiales de laboratorio.

1. Se proporcionaron reactivos para la detección molecular del virus de Mayaro al Instituto Nacional de Salud Pública de Guayaquil (Ecuador), con lo cual se pudo confirmar por primera vez la presencia del virus en el país en abril del 2019.
2. Se proporcionaron reactivos críticos y material de laboratorio para la detección molecular y estudios serológicos de enfermedades arbovirales y causadas por otros virus a 26 países.[17] Este mecanismo de suministro, que usa la misma fuente de materiales y los mismos protocolos para todos los países, asegura la continuidad del componente de laboratorio de la vigilancia nacional de los virus y el uso de reactivos de buena calidad y materiales normalizados en la red de laboratorios. Asimismo, facilita la comparabilidad de los resultados y la solución eficiente de problemas, en particular los relacionados con la detección molecular.
   

Se amplió el programa de evaluación externa de la calidad del desempeño de los laboratorios a fin de incluir virus endémicos y emergentes, y de asegurar la exactitud de las plataformas de laboratorio serológicas y moleculares para el diagnóstico de enfermedades arbovirales y gripe. Actualmente participan 28 laboratorios de 24 países[18] en el programa.

En el 2018, la Oficina hizo la primera evaluación externa de la calidad del diagnóstico molecular de la fiebre amarilla en la Región de las Américas. La serie de muestras para la evaluación fue diseñada, coordinada y distribuida por la Oficina en colaboración con el Instituto Robert Koch de Alemania. La evaluación abarcó los laboratorios de salud pública nacionales y subnacionales, y se enviaron series de muestras a 31 laboratorios de 21 países.[19] Los resultados generales mostraron una concordancia con el resultado previsto en 30 de 31 laboratorios (97%), lo cual confirmó los beneficios de la capacitación y del uso de métodos y procedimientos de referencia en toda la Región.

Durante el período examinado, la Oficina colaboró con el OIEA, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Centro Colaborador de la OMS para el Manejo de Salud Pública de la Exposición a Sustancias Químicas (CC UNK-179 de la OMS) con el fin de ayudar a los Estados Partes a fortalecer los mecanismos intersectoriales para abordar esta amenaza.

Fortalecimiento de los preparativos para situaciones de emergencia y reducción de riesgos de desastres en el sector de la salud

La cooperación técnica de la Oficina contribuyó al fortalecimiento de la capacidad nacional relacionada con los preparativos para situaciones de emergencia y la reducción de riesgos de desastres por medio de la capacitación sobre atención de víctimas en gran escala, sistemas de comando de incidentes y la formulación y finalización de planes de manejo de desastres ocasionados por varios peligros. La Oficina formuló, difundió y promovió directrices y herramientas para fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a emergencias de salud y desastres, entre las cuales cabe señalar las siguientes:

1. el Marco de respuesta multiamenaza del sector de la salud, que se terminó de preparar a principios del 2019 y se promovió en talleres realizados en Guatemala y República Dominicana;
2. el Índice de preparativos ante emergencias y desastres en salud, también terminado a principios del 2019, que ayudará a los países a evaluar su capacidad para responder a eventos naturales, ocasionados por el hombre y epidémicos;
3. información y nuevos protocolos para la realización de estudios epidemiológicos de afecciones respiratorias durante erupciones volcánicas;
4. directrices preliminares, tituladas Ola de calor y medidas a tomar, cuya finalidad es mejorar la capacidad del sector de la salud para prepararse para esta amenaza y responder en coordinación con los servicios meteorológicos; entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, siete países de la Región (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay) declararon una alerta por ola de calor casi simultáneamente, algo nunca antes visto en la Región;
5. el sistema de comando de incidentes para hospitales, que se introdujo en todos los países centroamericanos; en siete países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), la Oficina capacitó a 98 facilitadores, que repetirán la metodología en sus países.

Tornado de categoría EF4 en La Habana (Cuba)

El 27 de enero del 2019, un tornado de categoría EF4 (en la escala Fujita mejorada, que tiene cinco niveles) golpeó directamente a La Habana. Este fenómeno meteorológico sin precedentes afectó a alrededor de 532.000 habitantes de cinco de los quince municipios de la capital de Cuba y ocasionó grandes daños a la infraestructura, incluidos establecimientos de salud críticos y sistemas de servicio públicos. Sufrieron daños 19 instituciones de salud, entre ellas el hospital materno Hijas de Galicia. Este hospital, que ocupa el primer lugar por el número de partos en la capital y el segundo en todo el país, sirve de centro de referencia para la atención perinatal. Después del tornado hubo que evacuar el hospital, lo cual afectó la continuidad de la atención de salud esencial para los grupos más vulnerables, como los niños y las embarazadas.

Frente a este evento, la Oficina activó su mecanismo de respuesta a emergencias y proporcionó apoyo directo a las autoridades cubanas para evaluar y atender las necesidades humanitarias inmediatas. Asimismo, movilizó a expertos en evaluación de daños para acompañar a funcionarios del Ministerio de Salud en visitas en el terreno y determinar cuáles eran las medidas más urgentes que era necesario tomar, y brindó asistencia para vigilar la calidad del agua en los municipios afectados a fin de evitar una compleja situación epidemiológica en un contexto de deterioro de las condiciones ambientales.

La Oficina movilizó $300.000 del CERF y el Gobierno de Suiza en apoyo de las medidas de respuesta prioritaria del sector de la salud como el restablecimiento rápido de servicios críticos en los centros de salud dañados y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y del control de enfermedades transmitidas por el agua y por vectores a fin de prevenir brotes. Las prioridades señaladas con el fin de restablecer y fortalecer los servicios de salud afectados fueron la reparación de la infraestructura dañada y la compra de suministros esenciales y equipo de salud para el control de vectores, la vigilancia epidemiológica y el funcionamiento de los laboratorios.

La Oficina, en colaboración con el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y con apoyo adicional del Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá, coordinó la ejecución del tercer año de la fase II de la iniciativa Hospitales Inteligentes en los siete países destinatarios: Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía. La iniciativa procura fortalecer los establecimientos de salud combinando mejoras de la seguridad y la ecologización —por ejemplo, con el uso sostenible del agua y de energía renovable— para abordar las brechas, aumentar la resiliencia y generar ahorros en las operaciones. Cabe señalar los siguientes logros obtenidos durante el período analizado:

1. modernización de siete establecimientos en Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía y selección de 13 establecimientos más que se modernizarán para agosto del 2019 (el apogeo de la temporada de huracanes) y otros 21 cuya modernización se iniciará durante los próximos seis meses;
2. evaluación de 362 establecimientos de salud de 10 países del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Suriname) y selección de 54 establecimientos que se modernizarán; 10% de los establecimientos seleccionados atienden a grupos en situación de vulnerabilidad (son hogares para jóvenes, personas mayores y personas con trastornos mentales); dos establecimientos de dos países son establecimientos de salud estratégicamente importantes porque se encargan del almacenamiento de suministros para todo el país; además, los evaluadores recibieron capacitación en el uso de la Herramienta para hospitales inteligentes.

En el contexto de la iniciativa de Hospitales Seguros, la Oficina actualizó y publicó las directrices para el índice de seguridad hospitalaria en español e inglés. En octubre del 2018, capacitó a 50 personas de 18 países[20] en el uso de las directrices actualizadas.

Las emergencias afectan desproporcionadamente a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, que por lo general no participan en la formulación de políticas y la planificación de la gestión del riesgo de desastres. Esto aumenta aún más su vulnerabilidad y dificulta la respuesta a sus necesidades después de un desastre. Con el fin de abordar esta situación, la Oficina apoyó los esfuerzos de los países para fomentar una mayor participación de las personas con discapacidad y su familia en la gestión de riesgos para la salud en situaciones de emergencia. De acuerdo con el artículo 11 (“Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias”) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Oficina colaboró en la aplicación de medidas correctivas en hospitales priorizados, dirigidas a elementos estructurales y no estructurales vinculados a la inclusión de estas personas, y en la preparación del personal de salud para responder a emergencias y desastres con el enfoque de no dejar a nadie atrás.

La Oficina creó herramientas prácticas a fin de asegurar que se incorporen arreglos para las personas con discapacidad en los planes de respuesta de los hospitales y apoyó la prueba piloto de las directrices en tres países (Chile, Ecuador y México). La metodología utilizada (Inclusión para la Gestión del Riesgo de Desastres en Hospitales, conocida como INGRID-H) es sencilla y práctica y está orientada a los resultados a fin de evaluar y mejorar el grado de inclusión de las personas con discapacidad en los establecimientos de salud en casos de desastre. La prueba piloto abarcó la evaluación de establecimientos de salud, la capacitación de personal y la compra de suministros básicos para que los establecimientos sean más incluyentes. Con los estudios piloto se logró finalizar y validar las directrices en septiembre del 2018 y difundirlas en español y en inglés a principios de diciembre del 2018. En Perú se examinó la metodología en junio del 2019, y en Chile y México se están llevando a cabo actividades de seguimiento. Se planea extender su aplicación a otras áreas, como los equipos médicos de emergencia y la respuesta de las comunidades.

Los países en desarrollo de la Región de las Américas y los grupos poblacionales más vulnerables de esos países son afectados desproporcionadamente por el cambio climático. Veintiocho Estados Miembros[21] señalaron la salud como tema prioritario en sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que representan sus esfuerzos para reducir las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. Esos Estados Miembros también se han comprometido a recopilar evidencia sobre las amenazas relacionadas con el clima, a prevenirlas, a prepararse para ellas y a responder con rapidez. La Oficina proporcionó cooperación técnica para la preparación de los capítulos sobre la salud de los planes nacionales de adaptación al cambio climático de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Santa Lucía. La Oficina también está preparando un perfil de los países en lo que respecta al clima y la salud. Estos diversos instrumentos de diagnóstico y planificación fortalecen la participación de líderes del sector de la salud, aportan evidencia para la promoción de la causa y facilitan la movilización de recursos.

Junto con CARICOM, sus Estados Miembros y organismos especializados, la Oficina proporcionó cooperación técnica para la preparación, el lanzamiento y el inicio de la ejecución del Plan de acción del Caribe sobre la salud y el cambio climático 2019-2023. En el plan de acción se insta al Caribe a participar en la Iniciativa Especial de la OMS sobre Cambio Climático y Salud en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Sus cuatro líneas de acción estratégica concuerdan con las cuatro áreas clave de la iniciativa especial (empoderamiento, evidencia, implementación y recursos). El plan de acción procura proteger a las poblaciones del Caribe de los efectos nocivos del cambio climático con sistemas de salud capaces de adaptarse al cambio climático, una mayor conciencia, la integración de oportunidades de financiamiento para apoyar a los países y la promoción de medidas intersectoriales de mitigación en el sector de la salud. La Unión Europea ha aprobado una subvención de 7 millones de euros para la Oficina, destinada a un proyecto colaborativo con la finalidad de establecer sistemas de salud capaces de adaptarse al cambio climático en el Caribe, que se prevé que comenzará durante el segundo semestre del 2019 y beneficiará a los Estados Miembros de CARIFORUM.

La Oficina abogó por la salud en una reunión de pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe convocada en agosto del 2018 en San Pedro (Belice) con el fin de prepararse para el examen de mitad de período de las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), que se realizará en septiembre del 2019. El documento sobre la Trayectoria de Samoa se preparó en la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se celebró en el 2014 en la nación insular de Samoa. De la reunión preparatoria de los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe del 2018 emanó la Declaración de San Pedro, en la cual los países señalaron la necesidad de mejorar la participación de los ciudadanos y del sector privado a escala nacional y de incorporar la Trayectoria de Samoa (que abarca el período 2015-2025) en los planes nacionales de desarrollo. Los países del Caribe también reafirmaron que el cambio climático era uno de los mayores retos del momento y reconocieron que sus efectos, entre ellos el aumento del nivel del mar, seguían planteando una gran amenaza para los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe y la puesta en práctica de la Trayectoria de Samoa.

La labor de promoción de la causa de la Oficina contribuyó a la participación de representantes de pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe en la reunión preparatoria interregional para el examen de mitad de período, celebrada en Apia, la capital de Samoa, a fines del 2018. De esa reunión emanó la declaración titulada Apia Outcome [resultados de Apia], en la cual se reafirma la Trayectoria de Samoa como marco fundamental para guiar a los pequeños estados insulares en desarrollo en sus esfuerzos nacionales, regionales y mundiales orientados al desarrollo en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En la subregión sudamericana, la Oficina organizó la capacitación de funcionarios sobre la salud y el cambio climático para ayudarles a preparar la “Declaración de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados en relación a la Salud y el Cambio Climático”, que se dio a conocer en noviembre del 2018.[22]

[1]  Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[2]  Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica (en curso), Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[3]  Anguila, Bahamas, Barbados, Bermudas, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica (en curso), Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, y Saint Kitts y Nevis.

[4]  Anguila, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía.

[5]  Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago.

[6]  Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y Suriname.

[7]  Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[8]  Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Nicaragua, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[9]  Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela.

[10] RSI (2005). Instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes de los Estados Partes. Ginebra: OMS; 2018. Disponible en https://apps.who.int/iris/handle/10665/272956.

[11] Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[12] Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, México, Nicaragua, Suriname y Uruguay.

[13] Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Jamaica, México, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, y Uruguay.

[14] Las capacidades básicas establecidas en el RSI y su estado de aplicación en la Región se pueden consultar en el documento CD57/INF/4 de la OPS, de julio del 2019.

[15] Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, y Venezuela.

[16] Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Uruguay.

[17] Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[18] Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guayana Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[19] Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[20] Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

[21] Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[22] La declaración y más información al respecto se encuentran en https://bit.ly/2L81k3d.

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La cooperación técnica de la Oficina para la prevención y el control de las ENT se intensificó durante el período analizado. La Oficina contribuyó a la preparación de los Estados Miembros para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las ENT, que se celebró en septiembre del 2018, y participó en ella. En la declaración política de dicha reunión se reafirmó el compromiso político de los jefes y representantes de Estados y gobiernos de acelerar y aumentar la ejecución de los compromisos contraídos en la declaración política del 2011 y en el documento final del 2014 sobre los resultados de las reuniones de alto nivel anteriores sobre el tema. En la declaración política del 2018 se reconoció que algunos países habían logrado avances en los compromisos, pero muchos otros enfrentaban grandes retos, y se señaló que la carga de las ENT seguía aumentando desproporcionadamente en los países en desarrollo, donde causaban 85% de la mortalidad prematura, es decir, la que se produce en personas de 30 a 69 años.

En la declaración política del 2018 también se afirma que las intervenciones deben concentrarse en las cinco ENT principales (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, y trastornos neurológicos y mentales) y en los cinco factores de riesgo principales (consumo de tabaco, alimentación poco saludable, consumo nocivo de alcohol, inactividad física y contaminación del aire). Los países se comprometieron a adoptar intervenciones y prácticas adecuadas, eficaces en función de los costos, asequibles y basadas en la evidencia, entre ellas las “mejores inversiones” de la OMS y otras intervenciones recomendadas para la prevención y el control de las ENT.

Enfermedades cardiovasculares: la iniciativa HEARTS

La Oficina continúa promoviendo la iniciativa mundial HEARTS en la Región de las Américas como conjunto integral de prácticas óptimas para la prevención y el manejo de enfermedades cardiovasculares. En esta iniciativa se abordan los modos de vida sanos, los protocolos basados en la evidencia, el acceso a medicamentos esenciales y tecnologías, el manejo basado en el riesgo, la atención por equipos multidisciplinarios y la distribución de tareas, y los sistemas de monitoreo. Sus cuatro componentes centrales son un algoritmo simplificado, basado en la evidencia, para el tratamiento de la hipertensión; la disponibilidad y la asequibilidad de un conjunto básico de medicamentos antihipertensivos de buena calidad; el registro de los pacientes hipertensos para el seguimiento y la evaluación del desempeño, y la distribución de tareas con un enfoque basado en el trabajo en equipo en el primer nivel de atención.

Durante el período analizado, cuatro países más pusieron en marcha la iniciativa HEARTS: Argentina, Ecuador, Panamá y Trinidad y Tabago, que se sumaron a Barbados, Chile, Colombia y Cuba como participantes. Los cuatro países nuevos agregaron 22 centros de salud al número de establecimientos que aplicaban la iniciativa, con lo cual se alcanzó una cobertura de alrededor de 800.000 personas en los ocho países participantes.

Se proporcionó apoyo a la implementación de la iniciativa HEARTS por medio de seminarios por internet, cursos virtuales y la difusión de herramientas nuevas, como los módulos técnicos de HEARTS y el Marco de monitoreo y evaluación para programas de control de hipertensión elaborado por la OPS y la Liga Mundial de la Hipertensión. Alrededor de 460 profesionales de la salud del primer nivel de atención, incluidos médicos, enfermeras y asistentes de enfermería, recibieron capacitación en Argentina, Ecuador, Panamá y Trinidad y Tabago, y 8.030 personas de esos países fueron acreditadas tras haber terminado cursos virtuales sobre el manejo de la hipertensión en el primer nivel de atención y la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares. Para mediados del 2019, estos cursos virtuales habían llegado a 82.354 profesionales de la salud del primer nivel de atención en 29 países y territorios.[1] Una amenaza para la sostenibilidad de la iniciativa es el recambio frecuente del personal de salud. Para abordar este tema se está estableciendo una red de personas capacitadas en la ejecución de la iniciativa HEARTS en todos los niveles de los ministerios de salud mediante programas de formación de instructores.

Diabetes

La Oficina proporcionó cooperación técnica para combatir los factores de riesgo de las ENT y la obesidad, fortalecer la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud y las RISS, y mejorar el autocuidado de las personas con diabetes y otras ENT.

1. En Honduras, el Instituto Nacional de la Diabetes recibió equipo y suministros, y sus técnicos recibieron capacitación, a fin de mejorar la capacidad para diagnosticar la diabetes de manera correcta y oportuna. Esta intervención se efectuó con una subvención del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.
2. En Paraguay, la atención integral de las personas con ENT en la red de servicios de salud mejoró tras la introducción de un modelo para el manejo y la atención integral de enfermedades crónicas, en particular la diabetes. El modelo fue introducido en el primer nivel de atención, en 124 unidades de salud familiar de tres departamentos del país. A mediados del 2019, el programa estaba extendiéndose a más unidades de salud familiar de la red de servicios de salud pública.
3. En Trinidad y Tabago, la Oficina contribuyó al examen y la actualización del manual de autocuidado y otros tipos de material didáctico conexos para la diabetes y la hipertensión, y facilitó la capacitación sobre las ENT para educadores que no son profesionales. Estas intervenciones procuran dar poder de decisión a los miembros de la comunidad y a las personas con ENT para que asuman una mayor responsabilidad por su propia salud y estén en mejores condiciones de controlar sus enfermedades crónicas.

Cáncer

Tras el llamamiento mundial realizado por el Director General de la OMS en mayo del 2018 para la eliminación del cáncer cervicouterino, y aprovechando el considerable trabajo anterior de la Oficina en esta área, la Oficina promovió el nuevo Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino 2018-2030 (documento CD56/9). En el plan de acción, aprobado por el 56.o Consejo Directivo de la OPS, los Estados Miembros se comprometen a efectuar intervenciones de gran impacto a escala poblacional a lo largo del proceso continuo de la educación para la salud y la promoción de la salud, la vacunación contra el VPH, la detección y el diagnóstico del cáncer cervicouterino, y el tratamiento de las lesiones precancerosas y del cáncer invasor, con intervenciones adaptadas a las necesidades de los grupos poblacionales prioritarios en situación de vulnerabilidad.

Los países se comprometieron a mejorar la organización y la gobernanza de los programas contra el cáncer cervicouterino, incluidos los sistemas de información y los registros del cáncer; a fortalecer la prevención primaria por medio de la información, la educación y la vacunación contra el VPH; a mejorar la detección del cáncer cervicouterino y el tratamiento de las lesiones precancerosas con estrategias innovadoras, y a aumentar el acceso a los servicios de diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer invasor. Estas líneas de acción encaminarán a la Región de las Américas hacia la eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud pública. Para alcanzar esta meta, durante el período analizado el Fondo Rotatorio de la OPS proporcionó a los países más de 1,6 millones de dosis de la vacuna contra el VPH.

Como parte de su estrategia integral para la prevención y el control del cáncer cervicouterino, Saint Kitts y Nevis incluyó la vacunación contra el VPH en su programa nacional de vacunación, y la Oficina contribuyó a la elaboración de un plan de acción y capacitación para el personal del Ministerio de Salud y otras partes interesadas como los medios de comunicación, las organizaciones de carácter religioso, los padres y los adolescentes. Aunque en muchos países se ofrece la vacunación contra el VPH como parte de los programas de vacunación (véase el apartado “Mantenimiento y mejora de la inmunización”), alcanzar los 7 millones de niñas del grupo destinatario de 9 a 14 años sigue siendo un reto, ya que la cobertura en la mayoría de los países es menor que la recomendada de 80% de esta población.

Trinidad y Tabago es el único país de la Región de las Américas que participa en el estudio de la OMS para determinar los costos del cáncer cervicouterino, en el cual se usa el instrumento elaborado por la OMS para determinar el costo de la prevención y el control del cáncer cervicouterino. Trinidad y Tabago también está contribuyendo a la campaña regional “Es hora de poner fin al cáncer cervicouterino”, que se inició en noviembre del 2018 en el marco del Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino 2018-2030. En la campaña se relatan intervenciones de prevención y control efectuadas en diversos países de la Región y se proporciona material pertinente a todos los países.

Con la cooperación técnica de la Oficina se actualizaron los planes de control del cáncer y los protocolos de tratamiento, se llevaron a cabo actividades de divulgación y educación, y se introdujeron mejoras en los sistemas de información sobre el cáncer en algunos países, en colaboración con algunos asociados clave.[2]

1. Belice: se evaluaron las necesidades del programa de control del cáncer, se actualizó el plan nacional de prevención y control del cáncer, y se elaboró un plan operacional para apoyar su ejecución a lo largo de tres años.
2. Bolivia y Honduras: para mejorar la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas del cuello uterino, se fortalecieron los servicios de colposcopia de seis consultorios de Bolivia y diez de Honduras, con la provisión de colposcopios y otros tipos de equipo y suministros, y se ofrecieron cursos de actualización para técnicos en colposcopia.
3. Colombia: el Instituto Nacional del Cáncer colaboró con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) a fin de generar información para la planificación y el seguimiento de los programas contra el cáncer en América Latina. En esta iniciativa también participaron Argentina, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.
4. Trinidad y Tabago: en una evaluación multidisciplinaria del programa de control del cáncer se examinó la capacidad para proporcionar servicios, así como las brechas en la atención, y se presentó al Ministerio de Salud una hoja de ruta para fortalecer los servicios del cáncer. La Oficina colaboró en la elaboración de un plan de acción para mejorar el control del cáncer y organizar eventos de divulgación y concientización del público con el fin de mejorar el tamizaje del cáncer, la detección temprana y el tratamiento.
5. Subregión sudamericana: como parte de una iniciativa horizontal de cooperación que abarcó la Red de Institutos e Instituciones Nacionales de Cáncer (RINC) de UNASUR y el CIIC, se estableció un registro del cáncer a escala poblacional, importante herramienta técnica para el seguimiento y el control del cáncer en la subregión y en la Región de las Américas en general.

Otros temas relacionados con las ENT

Al mismo tiempo que se centraba en las cinco ENT principales, la Oficina continuó su trabajo interprogramático en el campo de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales en Centroamérica.[3] Se preparó un informe sobre los avances de los Estados Miembros en relación con este problema de salud prioritario, que se presentará en el 57.o Consejo Directivo de la OPS en septiembre del 2019. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá han formulado respuestas integradas con el fin de aumentar la capacidad de sus servicios de salud para diagnosticar esta enfermedad y proporcionar atención y tratamiento apropiados. Además, los países están aumentando su capacidad para mejorar la vigilancia, con la integración de la vigilancia epidemiológica y de estrategias de vigilancia ambiental y ocupacional.

La cooperación técnica de la Oficina puso de relieve la gran disparidad entre la demanda y la disponibilidad de órganos para trasplantes en la Región de las Américas. Por esta razón se elaboró la Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso equitativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030, basada en la donación voluntaria y en la observancia de los Principios rectores sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos de la OMS, que se presentará al 57.o Consejo Directivo en septiembre del 2019. El objetivo de la estrategia y plan de acción es crear y ampliar los programas de trasplante de riñón en todos los países de la Región, en particular en Centroamérica y el Caribe.

La cooperación técnica de la Oficina fortaleció los sistemas de vigilancia de las ENT en varios Estados Miembros durante el período examinado.

1. Se hizo la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que genera información clave sobre los comportamientos de riesgo de los adolescentes de 13 a 17 años, en cinco países: Argentina, Bolivia, Panamá (por primera vez), San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía. Los datos se usarán para generar informes de país sobre el consumo de alcohol y tabaco, la actividad física, la obesidad, la salud mental y el comportamiento sexual en la adolescencia. 
2. Siete países avanzaron con la encuesta panamericana STEPS sobre las ENT y sus factores de riesgo: Bahamas, Bolivia y Ecuador la terminaron, y los dos últimos países hicieron estimaciones nacionales de las ENT y sus factores de riesgo por primera vez. Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía adaptaron el protocolo a su situación nacional y prevén que concluirán la encuesta a fines del 2019; Antigua y Barbuda y Granada comenzaron a formular un plan para realizar la encuesta en el 2020.
3. Se dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre la capacidad de los países para hacer frente a las ENT, que sirvieron de base para los perfiles de las ENT en los países, publicados por la OMS en el 2018,[4] con datos sobre la mortalidad por ENT, la prevalencia de factores de riesgo, la capacidad de los sistemas nacionales para prevenir y controlar las ENT y el progreso hacia metas nacionales relacionadas con el marco mundial de vigilancia integral para la prevención y el control de las ENT, basado en las nueve metas mundiales para el 2025. Los resultados permitieron a los directores de los programas para las ENT en los países comparar su situación con la de otros países de la Región.

Factores de riesgo de las ENT

La Oficina, en consonancia con los marcos regionales, como la Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2012-2025 (documento CSP28/9, Rev. 1), el Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (documento CD52/7, Rev. 1), el Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia (documento CD53/9, Rev. 2), las “mejores inversiones” de la OMS y otras intervenciones recomendadas para la prevención y el control de las ENT, fortaleció su cooperación técnica para reducir los factores de riesgo de las ENT durante el período analizado. Se hizo hincapié en la promoción de políticas fiscales para reducir el consumo de productos poco saludables, como aumentos de los impuestos sobre productos de tabaco y el alcohol, impuestos sobre las bebidas azucaradas que aumenten el precio por lo menos 20% (según la recomendación de la OMS),[5] la mejora de los conocimientos básicos sobre nutrición y el rotulado en el frente de los envases para facilitar las decisiones fundamentadas, restricciones del suministro y la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables dirigidos a la población infantil, e intervenciones en la escuela, la comunidad y el lugar de trabajo para promover y posibilitar una nutrición saludable y una mayor actividad física. También se destacó un posible beneficio colateral de un impuesto más alto sobre los productos poco saludables, a saber, la disponibilidad de más fondos para la salud al orientar una parte de los fondos recaudados o su totalidad a la prevención y el control de las ENT y otros programas prioritarios.

Una alimentación poco saludable, con alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido de grasas, azúcar o sal según criterios como los del modelo de perfil de nutrientes de la OPS del 2016, y la inactividad física contribuyen considerablemente a la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y las cardiopatías. El consumo regional de sal es de 10 g por persona al día, el doble del recomendado por la OMS. El aumento de la obesidad y el sobrepeso en la Región es evidente, en particular en la niñez: 7% de los menores de 5 años tienen sobrepeso, proporción que excede el promedio mundial de 6%.[6] Estas tendencias son preocupantes, ya que presagian aumentos de la carga ya abrumadora de las ENT en la Región.

Por medio de su cooperación técnica, la Oficina ayudó a elaborar, aplicar, actualizar y evaluar marcos nacionales (leyes, normas, planes y directrices) para la reducción de los factores de riesgo de las ENT y la prevención y el control de la obesidad y el sobrepeso, especialmente en niños y adolescentes, en 13 países y territorios:[7]

1. Antigua y Barbuda elaboró una política en materia de lactancia materna, estableció un comité sobre la lactancia materna, capacitó a instructores y fortaleció las políticas y las normas nutricionales escolares. Estas intervenciones formaron parte de los preparativos para la certificación de hospitales “amigos del niño”, que está relacionada con el objetivo 1 de la ASSA2030, pero también es pertinente para la meta 9.7 de la ASSA2030, en vista de los vínculos reconocidos entre la lactancia materna exclusiva y la prevención de la obesidad en la niñez.[8]
2. En las Bahamas se ofrecieron opciones más saludables entre los alimentos de la canasta familiar con control de precios y se ampliaron los programas de salud escolar.
3. Belice elaboró un manual para los menús del programa nacional de alimentación escolar en colaboración con los ministerios de salud y de educación y el UNICEF.
4. Brasil evaluó el impacto económico de la obesidad y las estrategias de prevención.
5. Brasil, Costa Rica, Paraguay y Perú realizaron investigaciones formativas, en colaboración con el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), para formular una estrategia con el fin de utilizar los medios sociales para reducir el consumo discrecional de sal. Esta estrategia servirá de referencia para el resto de la Región.
6. Dominica, Granada y Santa Lucía fortalecieron las políticas y normas relativas a la nutrición escolar.
7. Guatemala elaboró la estrategia nacional para la prevención de sobrepeso y obesidad en niñez y adolescencia.
8. Puerto Rico elaboró y ejecutó su plan de acción para la prevención de la obesidad.
9. Uruguay promulgó una ley sobre el rotulado en el frente de los envases que entrará en vigor en el 2020.

Ley 30021 de promoción de la alimentación saludable para niños y adolescentes en Perú

En Perú se aprobó un manual sobre advertencias publicitarias relacionadas con la Ley 30021 de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. El manual regula el uso de las frases “Alto en (sodio, azúcar, grasas saturadas)” y “Contiene grasas trans” en octógonos negros en el frente de los envases de productos procesados. El manual también regula la publicidad de dichos productos en distintos medios, y con su aprobación y publicación se cumplen los requisitos para la plena vigencia de la Ley 30021.

La documentación del proceso y la experiencia de la elaboración, la aprobación y la aplicación de la ley 30021 en Perú proporciona un modelo útil y una herramienta a los países que deseen introducir la rotulación nutricional como parte de sus intervenciones para reducir los factores de riesgo modificables de las ENT.

En una medida complementaria, Perú aumentó el impuesto selectivo sobre las bebidas azucaradas, el tabaco, el alcohol y los combustibles fósiles. Los nuevos ingresos tributarios contribuirán a la prevención y el control de las ENT, la reducción de la violencia y los traumatismos causados por el tránsito, y la protección del ambiente.

La Oficina trabajó a escala regional y subregional para contribuir a la promoción de la nutrición saludable.

1. Brasil encabeza una red regional para reducir las enfermedades cardiovasculares mediante la reducción del consumo de sal.
2. En el Caribe, en el marco de la cooperación entre países para el desarrollo sanitario, prosiguió la iniciativa encaminada a impulsar las políticas de salud pública a fin de abordar el sobrepeso y la obesidad, iniciada conjuntamente por el Gobierno de Chile y CARICOM en el 2017. La iniciativa concuerda con la labor de CARICOM en esta área, como el aval que los jefes de Estado y de gobierno de CARICOM dieron al rotulado en el frente de los envases como medida prioritaria en julio del 2018.

3. En Centroamérica y la República Dominicana, la Oficina coordinó con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) la introducción de la caja de herramientas de la red de seguimiento y apoyo mundiales para la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud (NetCode). La Oficina también colaboró con el INCAP y el COMISCA en la elaboración de una estrategia subregional centroamericana para reducir el consumo de sal.

Rotulación en el frente de los envases en el Caribe

La Organización Regional de CARICOM para las Normas y la Calidad (CROSQ) está revisando la norma regional relativa a las especificaciones para la rotulación de alimentos envasados (CRS 5:2010), a fin de incorporar disposiciones sobre la rotulación en el frente del envase. El enfoque propuesto, que consiste en el uso de la frase “alto en” en el frente del envase, es una medida decisiva que permite a los consumidores determinar de una manera rápida y fácil qué alimentos envasados tienen un alto contenido de nutrientes relacionados con la epidemia cada vez mayor de las ENT y la obesidad en el Caribe.

El proceso regional de la CROSQ abarca la colaboración con diversos interesados, entre ellos la sociedad civil, el sector privado, la comunidad académica, ministerios de salud y otros sectores gubernamentales, como el de finanzas, comercio y agricultura y ganadería. Las oficinas nacionales de normas de todo el Caribe realizaron consultas con los interesados y se formaron comités para establecer la posición nacional sobre el proyecto de norma. Se prevé que habrá una tercera ronda de consultas de interesados durante el segundo semestre del 2019, antes de la preparación de una versión final que se presentará al Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (COTED) de CARICOM.

Esta iniciativa ha suscitado un debate público sobre el derecho a conocer el contenido nutricional de los productos alimenticios. Varias organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Caribe Saludable, están encabezando campañas de educación pública sobre este tema y otros relacionados con la obesidad y la prevención y el control de las ENT. La iniciativa también ha impulsado la participación del sector privado. Algunas entidades de la industria han expresado preocupación y han propuesto enfoques voluntarios y otros sistemas de rotulación en el frente del envase que no serían tan eficaces para alcanzar el objetivo de salud pública propuesto.

Con esta iniciativa, el Caribe está más cerca de introducir la frase “alto en” en la rotulación en el frente del envase, lo que no solo facilitará decisiones más saludables de los consumidores, sino que también posibilitará la adopción de otros enfoques eficaces, como la tributación, políticas nutricionales escolares y la restricción de los avisos publicitarios dirigidos a la población infantil, al identificarse claramente los productos procesados y ultraprocesados a los cuales deben aplicarse estas medidas. A fin de armonizar mejor las políticas, el COTED ha convocado una reunión conjunta de ministros de comercio y de salud para examinar y armonizar posiciones, y se han señalado la obesidad en la niñez y la reducción del consumo de alcohol como áreas prioritarias.

Durante el período analizado, la cooperación técnica de la Oficina abordó la actividad física adecuada como componente importante de la prevención de la obesidad y el sobrepeso, y como parte de la acción integrada a escala nacional y subregional para reducir los factores de riesgo de ENT.

1. Belice: se firmó un memorando de acuerdo entre la Asociación de Alcaldes de Belice y el Ministerio de Salud para fomentar parques que promuevan el bienestar en los seis distritos del país.
2. Brasil: se incluyó la actividad física como componente de una agenda nacional intersectorial de convergencia para la acción en la que participan el gobierno, la comunidad académica, la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. Los otros componentes de la agenda son la contaminación del aire y la movilidad sostenible.
3. Caribe: tras la puesta en marcha de “Jamaica se mueve” por el Ministerio de Salud en el 2017, con el propósito de facilitar el aumento de la actividad física de la población, la iniciativa se extendió en el ámbito subregional cuando los jefes de Estado y de gobierno de CARICOM respaldaron la iniciativa “El Caribe se mueve” en septiembre del 2018. Con el apoyo de la Oficina, la iniciativa se difundió a otros países del Caribe, como Barbados, donde se puso en marcha “Barbados se mueve” en octubre del 2018 como parte de una iniciativa nacional de bienestar, y Trinidad y Tabago, donde “TT se mueve” comenzó en abril del 2019.
4. Ecuador: como parte de un proyecto financiado por el Organismo Coreano para la Cooperación Internacional (KOICA) se crearon redes intersectoriales y multisectoriales, con la participación de la comunidad académica y la sociedad civil, para fortalecer la atención primaria y los conocimientos sobre la salud, promover una nutrición sana y la actividad física en las escuelas, y prevenir la infección por el virus del Zika. Como resultado del proyecto, que concluyó en febrero del 2019, los vendedores de alimentos callejeros empezaron a vender alimentos más sanos; las escuelas agregaron horas extraescolares para actividades físicas, lo cual llevó a un aumento de la actividad física de los estudiantes; se desinfectaron las fuentes de agua de los distritos escolares a fin de proporcionar agua potable a los estudiantes, y se fortalecieron los servicios de salud para mejorar la prevención y el control de las ENT.

En términos generales, la Región de las Américas está en buen camino para alcanzar en el 2015 la meta de una reducción de 30% de la prevalencia ajustada por la edad del consumo de tabaco en hombres y mujeres mayores de 15 años. Según el informe mundial de la OMS sobre las tendencias en cuanto a la prevalencia del consumo de tabaco en el período 2000-2025,[9] la meta regional de este indicador para el 2025 es de 14,2%; sin embargo, la prevalencia prevista para la Región para el 2025 es menor (13%).

Durante el período abarcado por el presente informe, la Oficina proporcionó cooperación técnica para la aplicación en los países del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), sobre la base de la Estrategia y plan de acción para fortalecer el control del tabaco en la Región de las Américas 2018-2022 (documento CSP29/11).

1. Antigua y Barbuda aprobó una ley integral de control del tabaco que hizo que se convirtiera en uno de los 20 países[10] de la Región con entornos sin humo de tabaco, uno de los 21 países[11] que exigen la colocación de advertencias sanitarias y uno de los siete países (Antigua y Barbuda, Brasil, Colombia, Guyana, Panamá, Suriname y Uruguay) que han prohibido la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, en consonancia con el CMCT.
2. Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tabago y Venezuela examinaron su legislación en materia de tabaco.
3. Brasil alcanzó el nivel máximo de ejecución del programa MPOWER, con la aplicación de sus seis medidas al nivel más alto. La finalidad del programa MPOWER es facilitar intervenciones eficaces recomendadas en el CMCT para reducir la demanda de tabaco en los países, y Brasil es el segundo país del mundo (después de Turquía) en alcanzar este nivel sin precedentes. En reconocimiento de este logro, la OMS y el Gobierno de Brasil presentarán el informe de la OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo correspondiente al 2019 en Brasil en julio del 2019.
4. Brasil y Colombia se sumaron a Argentina y Chile en la adopción de impuestos sobre los productos de tabaco que representan más de 75% del precio final minorista.
5. Canadá y Uruguay adoptaron el empaquetado neutro de los productos de tabaco.
6. Guyana llevó a cabo una campaña contra el tabaco por radio y televisión, carteleras, carteles, folletos, la prensa y los medios sociales, tras la promulgación en el 2017 de una ley sobre el control del tabaco que se encuentra entre las más completas de la Región.
7. Santa Lucía ultimó un proyecto de ley para enmendar la Ley de Salud Pública, con el propósito de establecer espacios públicos sin humo de tabaco. A mediados del 2019, el proyecto de ley estaba en consideración en el Gabinete. En abril del 2018 se inició una campaña antitabaco de ocho meses en la prensa, los medios sociales, la televisión y la radio.

En agosto del 2018, la Oficina patrocinó una conferencia regional en Washington, D.C., en preparación para dos eventos que tendrían lugar en octubre del 2018: la octava reunión de la Conferencia de las Partes (COP8) del CMCT y la primera reunión de las Partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP1). La conferencia regional de agosto posibilitó el intercambio de experiencias entre las partes del CMCT de la Región de las Américas y brindó una oportunidad para establecer una plataforma regional más cohesiva en preparación para la COP8 y la MOP1. La Oficina sigue facilitando la coordinación entre las partes de ambos tratados.

En el 2018, la Oficina colaboró con el Ministerio de Salud y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) de El Salvador, la Secretaría del CMCT, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y RTI International en la formulación de argumentos a favor de la inversión en el control del tabaco en ese país. La formulación de argumentos a favor de la inversión ha resultado eficaz para facilitar la elaboración de una política tributaria sobre el tabaco y fomentar la participación de otros sectores, además del sector de la salud, en la aplicación del CMCT.[12]

Los colaboradores y los asociados de la Oficina en esta labor incluyen la Campaña para los Niños Sin Tabaco, la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, la Alianza para el Convenio Marco, la Asociación Americana Contra el Cáncer, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Illinois en Chicago, la Fundación Interamericana del Corazón y la organización Vital Strategies.

La cooperación técnica de la Oficina para reducir la contaminación del aire como factor de riesgo durante el período abarcado por el presente informe se describe más adelante, en el apartado sobre el objetivo 11 de la ASSA2030.

Seguridad vial

En apoyo del informe de la OMS sobre la situación mundial de la seguridad vial correspondiente al 2018,[13] se recopilaron datos regionales y se analizaron las principales intervenciones legislativas y de salud pública y su impacto en 30 países de la Región.[14] El análisis correspondiente a la Región de las Américas, que también se detalla en el cuarto informe regional sobre la seguridad vial publicado en el 2018, La seguridad vial en la Región de las Américas, mostró que las muertes por traumatismos causados por el tránsito aumentaron levemente, de 153.714 en el 2013 a 154.997 en el 2016, aunque las tasas de mortalidad permanecieron relativamente estables, en 15,6 por 100.000 habitantes en el 2016, en comparación con 15,9 por 100.000 habitantes en el 2013.

Los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito (peatones, motociclistas y ciclistas) presentaron las tasas más elevadas de muertes y traumatismos causados por el tránsito, y aumentaron las muertes de motociclistas en particular. En términos generales, las muertes causadas por el tránsito siguen siendo la segunda causa principal de muerte en adultos jóvenes de 15 a 29 años en la Región, lo cual pone de relieve la necesidad de dar prioridad a la seguridad vial en la agenda de salud en la adolescencia. El informe regional indica que algunos aspectos del manejo de la seguridad vial, la legislación y la atención después de las colisiones han mejorado en varios países. El informe también proporciona una herramienta importante para dar seguimiento al progreso e impulsar a los Estados Miembros a que indiquen las principales lagunas y oportunidades para mejorar la seguridad vial.

Reducción del consumo de alcohol y los traumatismos causados por el tránsito en Guatemala

En Guatemala, la Oficina asumió un papel de liderazgo en la labor colaborativa e intersectorial del gobierno con miras a fortalecer la aplicación y el cumplimiento del marco jurídico para reducir las muertes relacionadas con el alcohol y los traumatismos causados por el tránsito. La iniciativa, financiada por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, fortaleció la capacidad de los funcionarios del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito, así como de los profesionales de la salud de las salas de urgencias de uno de los hospitales más grandes del país, para realizar intervenciones breves.

Junto con el Ministerio del Interior, la Oficina organizó un foro público para debatir los aspectos jurídicos de la conducción en estado de ebriedad. Fue la primera vez que las autoridades y los funcionarios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Asociación de Jueces y Magistrados, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, el decano de la Facultad de Derecho, la Policía Municipal y organismos nacionales de transporte trataron este importante tema. Como resultado del foro, todas las entidades participantes firmaron un acuerdo con la finalidad de establecer un grupo de trabajo técnico, preparar un protocolo y revisar la ley sobre conducción en estado de ebriedad. Esto constituye un avance importante en Guatemala para abordar temas de seguridad vial relacionados con el alcohol y el tránsito con un enfoque colaborativo.

La Oficina colaboró con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y el Ministerio del Interior a nivel central, municipal y comunitario para fortalecer la prevención y el control del consumo nocivo de alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas. Un objetivo específico de esta iniciativa, que recibió apoyo del Gobierno de Suecia como parte de un programa conjunto de desarrollo rural integral, fue proteger a las poblaciones indígenas de los graves problemas de salud causados por el consumo nocivo de alcohol.

Trastornos mentales y neurológicos

Durante el período analizado prosiguió la cooperación técnica de la Oficina en relación con la salud mental y los trastornos neurológicos, en el marco del Programa de acción para superar las brechas en salud mental de la OMS (conocido como mhGAP por su sigla en inglés). La premisa del programa es que, con atención, asistencia psicosocial y medicación apropiadas y suficientes, se podría tratar a millones de personas para la depresión, la esquizofrenia y la epilepsia, a fin de prevenir el suicidio y de que puedan llevar una vida normal, incluso en entornos de escasos recursos. El programa mhGAP procura ampliar la escala de los servicios para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en los países. Proporciona herramientas que se pueden usar en entornos de salud no especializados, como el manual de operaciones del mhGAP (actualizado en el 2018), la guía de intervención y manuales de capacitación sobre el programa. Para mediados del 2019, 25 países y territorios[15] de la Región habían implantado el mhGAP.

Fortalecimiento del programa de acción para superar las brechas en salud mental en los países

Anguila, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas. Estos países comenzaron a ejecutar el mhGAP, integrando la salud mental en la estrategia de atención primaria de salud y centrándose en los módulos sobre la depresión y el suicidio, a fin de reducir la estigmatización y facilitar el diagnóstico temprano y el tratamiento. La formación de instructores para supervisar la capacitación continua de los prestadores de atención de salud sobre el mhGAP fue uno de los aspectos principales de la cooperación técnica de la Oficina: 20 personas recibieron capacitación en Anguila, 35 en Saint Kitts y Nevis, y 30 en San Vicente y las Granadinas.

Argentina. Se elaboró un plan para la introducción gradual y efectiva del programa mhGAP, que condujo a mejoras de las aptitudes y la capacidad de los equipos de salud centrales, provinciales y locales para realizar intervenciones en el primer nivel de atención. Se capacitó a 250 profesionales y se inició la fase de rendición de cuentas de la ejecución local del mhGAP, con el establecimiento de indicadores para el seguimiento que permitirán hacer ajustes en la ejecución de la estrategia.

Bahamas. En el 2018 se llevó a cabo una campaña de prevención del suicidio y capacitación para 25 profesionales de la salud de las islas Family, a fin de aumentar el acceso a servicios de salud mental comunitarios. Con la participación de grupos multisectoriales —con representantes de los ministerios de salud, educación y seguridad nacional, así como otros asociados— se integró un módulo de conocimientos básicos sobre la salud mental en el programa de educación sobre salud y vida familiar de ocho escuelas secundarias, y se inició un proyecto piloto de prevención de la violencia en una escuela primaria y una escuela secundaria de New Providence, la isla más populosa de las Bahamas. En estos proyectos escolares se procura detectar a niños y niñas con trastornos mentales o que son perpetradores o víctimas de violencia juvenil, remitirlos a servicios apropiados y reducir la estigmatización.

Belice. Las intervenciones incluyeron la formación de capacidad de médicos y enfermeras en lo que se refiere a las directrices del mhGAP, la capacitación de instructores sobre conocimientos básicos de salud mental para 65 empleados de los ministerios de salud y de educación, y la formulación de un plan estratégico nacional para la prevención y el control del suicidio. Un asociado decisivo para la mejora de los conocimientos básicos sobre la salud mental fue la Universidad Dalhousie (Canadá), que es un centro colaborador de la OPS/OMS.

Colombia. Para fines del 2018, 1.800 profesionales de la salud del primer nivel de atención y de hospitales básicos de casi todo el país habían recibido capacitación sobre el programa mhGAP. Este es el único ejemplo de una labor de capacitación de un alcance tan amplio en la Región, que se llevó a cabo por medio del Campus Virtual de Salud Pública de la OPS, aprovechando la pericia de cuatro universidades de la Región. El personal capacitado por medio de esta iniciativa aumentará la atención a los trastornos mentales en el primer nivel de atención en Colombia. Esta labor puede servir de ejemplo para países de ingresos bajos y medianos, donde hasta 75% de las personas con trastornos mentales no tienen acceso al tratamiento que necesitan.

Ecuador. Se revisó el Plan nacional de salud mental para fortalecer el enfoque comunitario.

Guyana. Se avanzó mucho en la integración de la salud mental en el primer nivel de atención, con una hoja de ruta para la introducción de servicios de salud mental comunitarios, el establecimiento de una unidad de salud mental encargada de la ejecución de una estrategia de salud mental y un plan de acción para prevenir el suicidio, y la capacitación de 233 prestadores de servicios de salud sobre el mhGAP.

Islas Turcas y Caicos. Se inició la revisión y actualización de las leyes sobre salud mental del país, con el fin de reducir la estigmatización, fomentar una mayor colaboración multisectorial y establecer nexos con la atención comunitaria en el país, según corresponda, para personas con trastornos mentales. La Oficina proporcionó acceso a recursos para la capacitación en línea del personal de salud sobre salud mental.

Paraguay. Entre las intervenciones encaminadas a la reforma de la salud mental cabe señalar la creación de un grupo de trabajo técnico para la reforma de la atención de salud mental y la transición gradual del modelo tradicional centrado en el hospital psiquiátrico a un enfoque holístico centrado en la comunidad. Se trata de una intervención importante, ya que en el 2003 y el 2008 el país fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de las personas con trastornos mentales en lo que se refiere a su atención de salud.

Perú. Se aprobó el Plan nacional de fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria 2018-2021, que representa una señal de la institucionalización en el país de la reforma de la salud mental y la adopción de un modelo basado en los derechos humanos. El modelo de salud mental comunitaria incluye una ampliación del presupuesto para la salud mental y el financiamiento de la ejecución del plan; el establecimiento de 106 centros comunitarios de salud mental en 24 regiones; el fortalecimiento de los servicios en el primer nivel de atención, con la capacitación de 170 facilitadores del programa mhGAP en Lima y en las provincias; la formulación de un conjunto de instrumentos normativos y regulatorios, entre ellos una política sectorial para la salud mental y normas para los centros de salud mental comunitaria y hogares protegidos, y la preparación de la propuesta de un proyecto de cooperación entre países para el desarrollo sanitario, con la participación de Chile, Paraguay y Perú, con el fin de difundir prácticas adecuadas de salud mental a nivel comunitario y promover el fortalecimiento mutuo de los servicios pertinentes en los países.

República Dominicana. Se avanzó mucho en la reforma del modelo de atención de salud mental a fin de orientarlo a la persona, la familia y la comunidad mediante el externamiento psiquiátrico, con el reemplazo del hospital psiquiátrico por un centro psicosocial; la creación de unidades de salud mental en hospitales provinciales, municipales y regionales; la inversión en centros de salud a nivel comunitario y el refuerzo del primer nivel de atención, y la creación de otros servicios de rehabilitación psicosocial, como guarderías infantiles y establecimientos residenciales para personas con trastornos mentales crónicos. Se elaboró el Plan nacional de salud mental 2019-2022 en consonancia con el Plan de acción sobre salud mental 2015-2020 de la OPS.

Trinidad y Tabago. Se revisó la política y el plan de salud mental, y en el 2019 se iniciaron consultas con los interesados para obtener la aprobación final. Se llegó a un acuerdo sobre la versión definitiva y se comenzó a redactar el plan de ejecución. El país también elaboró una estrategia de prevención del suicidio, que se anunciará oficialmente el Día Mundial de la Salud Mental 2019, en consonancia con el lema de este año: “Conect@ con la vida”, centrado en la prevención del suicidio. Con apoyo de la Oficina, la Unidad de Salud Mental comenzó a capacitar sobre el mhGAP a las autoridades sanitarias regionales e inició una evaluación del impacto de la capacitación en los servicios y la atención de salud mental.

Consciente del impacto psicosocial de los desastres y las emergencias humanitarias en la población general, las personas que intervienen primero y el personal de salud, la Oficina centró su cooperación técnica en la mejora de la salud mental y el apoyo psicosocial para las poblaciones afectadas por desastres. Se realizaron intervenciones en nueve países: Antigua y Barbuda, Brasil, Colombia, Ecuador, Granada, Nicaragua, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, y Venezuela.

Mejora del apoyo psicosocial en desastres y emergencias humanitarias

En Antigua y Barbuda se inició una evaluación de las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial, se elaboró un plan de acción y 30 gerentes de albergues recibieron capacitación sobre primeros auxilios psicológicos.

En Brasil se elaboró una propuesta para fortalecer la capacidad local en el ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial para atender a las personas afectadas por desastres y emergencias humanitarias.

En Colombia, como parte de las intervenciones de la iniciativa de Salud para la Paz, se abordaron la promoción y el desarrollo de la capacidad institucional y comunitaria en las áreas marcadas por el conflicto armado, el reconocimiento de problemas relacionados con la salud mental y el abuso de sustancias psicoactivas, y formas de allanar el camino para seguir ejecutando estrategias pertinentes en el 2019.

En la frontera entre Colombia y Venezuela se proporcionó apoyo psicosocial y atención de salud mental a la población migrante y a profesionales de la salud que experimentaban desgaste.

En Ecuador se incluyó el fortalecimiento de las aptitudes de los equipos de salud para responder a la migración transfronteriza en el plan nacional de salud mental revisado.

En Granada, Santa Lucía y Trinidad y Tabago se ofrecieron cursos con el fin de fortalecer la capacidad nacional para apoyar la salud mental durante los desastres y los primeros auxilios psicológicos.

En las Islas Vírgenes Británicas se llevó a cabo un proyecto encaminado a aumentar la resiliencia individual y comunitaria frente a la devastación causada por los huracanes Irma y María en el 2017. Esta iniciativa utilizó un enfoque de varios niveles para ayudar a las personas a abordar el efecto psicológico persistente de los desastres; mejorar la capacidad del personal de salud, los equipos de primeros intervinientes y otros trabajadores de la comunidad para atender sus propias necesidades de salud mental al responder a las necesidades de otros, y aumentar la resiliencia frente a eventos adversos futuros. El proyecto también colaboró con las comunidades participantes en la formulación de planes de resiliencia comunitaria, así como en una campaña de comunicación nacional para mejorar la concientización y educar a la población sobre la forma de preservar la salud mental en situaciones de desastre.

En Nicaragua se puso en marcha un programa, con la participación de los ministerios de salud y de la familia, para la atención de salud mental durante la crisis sociopolítica que atravesó el país en el 2018 y con posterioridad. Se capacitó a 120 facilitadores en el manejo estandarizado de primeros auxilios psicológicos y se reforzó la capacidad de los equipos de salud mental de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) y de los Equipos de Salud Familiar y Comunitaria (ESFAC), proporcionándoles conocimientos para la detección oportuna, la prevención y la atención de trastornos mentales en las personas y las familias afectadas.

Los equipos de cuatro países y territorios del Caribe (Belice, Bermudas, Islas Caimán y Jamaica) recibieron capacitación para una intervención escolar con un modelo de conocimientos básicos sobre salud mental basado en la evidencia. Además, en Jamaica se terminó de elaborar el primer argumento a favor de la inversión en la salud mental a nivel de país. Se demostró que, por cada dólar jamaiquino destinado a ampliar la escala del tratamiento para la depresión, la ansiedad y la psicosis, el rendimiento previsto de la inversión era de J$ 5,50.

Consumo de sustancias psicoactivas

La Oficina siguió trabajando para fortalecer la cooperación intersectorial a escala regional y de país con el fin de mejorar el acceso al tratamiento para trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas, así como su calidad. El principal reto sigue siendo la participación de las autoridades nacionales de salud en el fortalecimiento de la dimensión de salud pública de las políticas para reducir el consumo de sustancias psicoactivas y sus complicaciones. Aunque el punto central de estas políticas está pasando de una perspectiva represiva y punitiva a un enfoque más integral con un componente de salud pública, las estrategias y los recursos siguen sesgados a favor de intervenciones represivas y judiciales.

La Oficina participó en la validación de las Normas Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por el Consumo de Drogas, elaboradas por la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como los criterios estandarizados para la acreditación de programas de reducción de la demanda de drogas elaborados por el Programa de Cooperación en Políticas sobre Drogas (COPOLAD).[16] En consecuencia, la Oficina estuvo particularmente bien posicionada para apoyar a 18 países[17] en la aplicación de estas normas durante el período abarcado por el presente informe.

La Oficina trabajó para fortalecer la colaboración con asociados mundiales, regionales y subregionales, como la UNODC, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la OEA, y CARICOM en la formulación y actualización de políticas sobre drogas con un enfoque de salud pública. La Oficina también proporcionó cooperación técnica a organismos nacionales responsables de las políticas sobre drogas de 14 países,[18] y este trabajo ayudó a posicionar a la OPS como agente decisivo en la reorientación de las políticas actuales sobre drogas hacia un enfoque más completo, equilibrado e integrado. En el 2018 y el 2019, la Oficina renovó su memorando de entendimiento con la CICAD en torno a proyectos para mejorar el acceso al tratamiento de los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas, así como su calidad, por medio de redes de servicios de salud pública. Los beneficiarios del proyecto son los ministerios de salud, las comisiones nacionales de control de drogas y algunas organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bahamas, Jamaica, Panamá y Perú. La Oficina colaboró con Bahamas para completar y adoptar las normas de atención para establecimientos que ofrecen tratamiento para el consumo de drogas administrados por organismos del sector público y por ONG.

En el marco de la cooperación técnica para reducir el consumo nocivo de alcohol, la Oficina colaboró con Guyana, Jamaica y Suriname con el propósito de formular estrategias y planes de acción nacionales sobe el consumo de alcohol. En la República Dominicana se capacitó a prestadores de servicios de salud en la evaluación y el diagnóstico de trastornos fetales causados por el alcohol, lo cual llevó a la creación del primer centro de diagnóstico de estos trastornos en el país a principios del 2019. La Oficina organizó e inició un curso virtual autodidáctico sobre el alcohol y el embarazo en español, inglés y portugués; para fines de junio del 2019, 4.500 estudiantes habían tomado el curso.

La Oficina coordinó un estudio regional sobre el alcohol, las drogas y los traumatismos causados por el tránsito en las salas de urgencias e introdujo, a título piloto, intervenciones eficaces para reducir el consumo de alcohol en Jamaica, Perú y República Dominicana. Además, la Oficina preparó y publicó un informe regional [19] sobre el grado de aplicación de las políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol en los Estados Miembros, en el cual se mide su progreso en la ejecución de la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol (2010). La estrategia fue respaldada por los Estados Miembros de la OPS y se introdujo en la Región de las Américas por medio del Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol (documento CD51/8, Rev. 1). El informe regional del 2018 indicó que había amplio margen para que los Estados Miembros de la OPS elaboraran políticas más amplias y estrictas en materia de alcohol, y la Oficina instó a los países a que usaran el informe y su sistema de calificación para vigilar y comparar su progreso en esta área.

En las Islas Turcas y Caicos se usó el instrumento de la OMS para las encuestas sobre el alcohol con el fin de detectar, documentar y reducir las brechas en las políticas encaminadas a reducir el consumo de alcohol, mientras que, en la subregión centroamericana, la Oficina usó un enfoque interprogramático para trabajar con el PARLACEN y la SE-COMISCA a fin de redactar una declaración sobre la regulación integral del alcohol —la primera de la subregión— y lograr que se aprobara.

Enfoque subregional de las políticas para reducir el consumo de alcohol en Centroamérica

La Oficina desempeñó un papel clave en la preparación de una propuesta del Parlamento Centroamericano encaminada a fortalecer y armonizar la legislación en materia de alcohol en Centroamérica y la República Dominicana, de acuerdo con la iniciativa SAFER, de la OMS, para el control del alcohol. El propósito de esta iniciativa es fortalecer las restricciones a la disponibilidad de alcohol; avanzar y hacer cumplir las medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol; facilitar el acceso a la detección, a intervenciones breves y al tratamiento; hacer cumplir las prohibiciones y restricciones integrales a la publicidad, el patrocinio y la promoción del alcohol, y elevar los precios del alcohol por medio de impuestos selectivos al consumo y políticas de precios.

La propuesta fue aprobada en marzo del 2019 durante un taller que contó con la presencia de 120 miembros del PARLACEN y fue ratificada formalmente por la sesión plenaria del PARLACEN en abril del 2019. Se aplica a todos los Estados Miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

En la resolución del PARLACEN se declara que el consumo nocivo de alcohol es un grave problema de salud pública y se reconoce que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol. Se insta a todos los países centroamericanos y a la República Dominicana a que trabajen en la actualización y el fortalecimiento de la legislación para limitar la disponibilidad de alcohol, prevenir la conducción en estado de ebriedad, prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del alcohol, reducir la demanda de alcohol mediante políticas de control de precios y tributación, prevenir la influencia de la industria del alcohol en las políticas de salud pública, y garantizar el acceso a información fidedigna acerca del consumo de alcohol.

Asimismo, en la resolución se estableció, por primera vez, la obligación de la SE-COMISCA de compilar y presentar al PARLACEN información detallada sobre el cumplimiento de la resolución por los países. Este trabajo ilustra un área prometedora de actuación de la salud pública promovida por la Oficina y conocida como “legislación comunitaria”.

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La Oficina continuó la cooperación técnica para poner fin a las epidemias de la infección por el VIH/sida, las ITS y la tuberculosis; eliminar la malaria, las enfermedades infecciosas desatendidas y la transmisión maternoinfantil de varias enfermedades transmisibles (como se describe en el apartado sobre el objetivo 1 de la ASSA2030); combatir las hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles; luchar contra la resistencia a los antimicrobianos y mitigar los riesgos con respecto a la inocuidad de los alimentos.

Infección por el VIH/sida, ITS, tuberculosis y malaria

La Organización continuó impulsando el acceso universal al tratamiento de la infección por el VIH mediante la cooperación técnica para aumentar la aplicación de las recomendaciones de la OMS sobre el inicio del tratamiento antirretroviral en las personas con la infección, independientemente de su recuento de células CD4 (la política de “tratar a todos”). A mediados del 2019, 29 (83%) de los 35 Estados Miembros de la OPS habían adoptado esas recomendaciones, mientras que los seis restantes estaban actualizando sus políticas.

La Oficina colaboró con asociados regionales y laboratorios de referencia de la OMS a fin de ampliar la vigilancia de la farmacorresistencia del VIH y la optimización de los tratamientos para la infección por el VIH para responder a la amenaza emergente de la resistencia a los medicamentos de primera línea que se usan comúnmente. A mediados del 2019, 16 países[20] habían realizado encuestas de farmacorresistencia; otros cinco (El Salvador, Haití, Paraguay, Perú y Uruguay) las estaban haciendo; otros ocho (Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica y Venezuela) habían iniciado la transición a esquemas basados en dolutegravir (DTG), que la OMS recomendó como tratamiento de primera línea en su guía provisional de julio del 2018 para el tratamiento de la infección por el VIH. Diez países (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela) compraron DTG por medio del Fondo Estratégico de la OPS.

Según las estimaciones mundiales contenidas en el número de agosto del 2019 del Boletín de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia y la incidencia de cuatro ITS curables (clamidiasis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis) seguían siendo altas, con un promedio de más de un millón de infecciones nuevas al día en el 2016. Estas estimaciones son similares a las publicadas en el 2012, a escala mundial y por región, y subrayan el reto persistente para la salud pública que plantean estas cuatro ITS.

De acuerdo con el Plan de acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de transmisión sexual 2016-2021 (documento CD55/14), la Oficina ha priorizado la acción encaminada a hacer frente a la sífilis y la gonorrea, y prevenir la infección por el virus del papiloma humano (VPH). En ese sentido, se está trabajando para desplegar pruebas diagnósticas rápidas; estandarizar y simplificar los algoritmos de diagnóstico de la sífilis en embarazadas y grupos de población clave en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y realizar intervenciones piloto en Barbados, Jamaica, Suriname, Trinidad y Tabago y los seis países independientes que son miembros de la OECO (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía). El trabajo en el Caribe se hizo con una subvención del Fondo Mundial para la OECO y CARPHA. En el último año, la Oficina publicó una alerta epidemiológica sobre la resistencia de Neisseria gonorrhoeae a la cefalosporina de amplio espectro, y proporcionó cooperación técnica para mejorar la vigilancia nacional de la resistencia a los antimicrobianos a fin de guiar el tratamiento.

La tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública a pesar de los avances en cuanto a su prevención y control. La Oficina contribuyó a la preparación de los Estados Miembros para la primera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Tuberculosis, celebrada en septiembre del 2018. En la Declaración política de esa reunión[21] se hace un llamamiento para que se intensifiquen los esfuerzos y las inversiones encaminados a poner fin a la pandemia de tuberculosis para el 2030, y se establecen hitos cuantificables que deberán alcanzarse para el 2022. Durante el período analizado, la cooperación técnica de la Oficina con los países estuvo guiada por el Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis (documento CD54/11, Rev. 1), la Estrategia Fin a la Tuberculosis, introducida por la OMS en el 2018, y la Declaración política de la reunión de alto nivel de septiembre del 2018. La Oficina asignó prioridad a los países con una carga elevada de tuberculosis, con intervenciones para fortalecer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la capacidad de gestión. En las intervenciones se prestó especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, a los enfoques interprogramáticos e intersectoriales, y a la participación activa de la sociedad civil. Se promovieron iniciativas innovadoras, como el control de la tuberculosis en grandes ciudades y la iniciativa de eliminación de la tuberculosis.

La Oficina proporcionó cooperación técnica a los 18 países de la Región[22] que reúnen los requisitos para presentar solicitudes al Fondo Mundial. Para mediados del 2019, todos los países habían obtenido acceso a nuevo financiamiento para programas contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, que ascendió a $351,3 millones para la Región. En abril del 2019 se estaban ejecutando 42 subvenciones en 18 países y había seis propuestas para varios países. La Oficina también apoyó las actividades relacionadas con la sostenibilidad y la transición (“evaluación de la preparación para la transición”) en ocho países que estaban “graduándose” del Fondo Mundial durante el período abarcado por el presente informe (Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Suriname).

La Oficina colaboró con el Fondo Mundial en otras áreas, entre ellas el acuerdo conjunto para fortalecer las cadenas de suministro de productos farmacéuticos y reducir el riesgo de escasez y desabastecimiento de medicamentos esenciales en ocho países (Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay), la iniciativa de Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla La Española, y el proyecto regional para fortalecer las redes de laboratorios de tuberculosis en 20 países.[23]

Como parte de la ejecución del Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020 (documento CD55/13), la Oficina ayudó a Argentina y Paraguay a completar el proceso de certificación de la eliminación de la malaria en julio del 2018 y mayo del 2019, respectivamente. Otros países que están muy cerca de eliminar la malaria, en particular Belice, Costa Rica, El Salvador y Suriname, han recibido apoyo constante de la Oficina para afianzar la interrupción de la transmisión. La Oficina colaboró con todos los países con endemicidad en la adaptación de los planes y las estrategias para la eliminación de la malaria, y proporcionó recursos técnicos y financieros para iniciativas en los países que tienen zonas de carga elevada y un interés político renovado, como Colombia, mediante el Pacto para eliminar la malaria, y en Perú, con la iniciativa “Municipios eliminando la malaria”.

La Oficina promovió medidas de gran impacto a nivel local con el establecimiento de un marco técnico para abordar los focos de malaria y consolidar la colaboración en la lucha contra la malaria en algunos de los municipios de carga más elevada de Brasil, Colombia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.

En el 2018, la Oficina participó en la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM) en calidad de entidad principal para la cooperación técnica. Esta iniciativa, dirigida a los países centroamericanos, Colombia y la República Dominicana, cuenta con la colaboración del BID y aprovecha nuevos enfoques técnicos, el desarrollo de la capacidad, la movilización de recursos y un renovado interés político. Otros asociados son el COMISCA y la Fundación Bill y Melinda Gates.

Enfermedades infecciosas desatendidas

Estas enfermedades a menudo se consideran como indicadores de inequidades, dado que son más comunes en los grupos poblacionales que viven en condiciones socioeconómicas deficientes, con ingresos bajos, poca escolaridad, poco o ningún acceso a servicios básicos tales como agua potable y saneamiento adecuado, y obstáculos para acceder a los servicios de salud.

Como parte de la cooperación técnica para la eliminación de la filariasis linfática durante el período analizado, la Oficina movilizó $1,5 millones al año durante dos años ($1 millón de la USAID y $500.000 del Fondo END para poner fin a las enfermedades desatendidas) y apoyó el programa de eliminación de la filariasis linfática en Guyana.

Se validó la eliminación de Rhodnius prolixus, el vector doméstico de la enfermedad de Chagas, como problema de salud pública en Guatemala, Honduras y Nicaragua durante el período abarcado por el presente informe. Eso significa que Centroamérica y México ahora están libres del vector responsable de la mayor parte de la endemicidad en esa zona. De manera análoga, Paraguay recibió la certificación de la eliminación de la transmisión de Trypanososma cruzi, el parásito que causa la enfermedad de Chagas, por el vector Triatoma infestans, en el departamento Presidente Hayes y, en consecuencia, en todo el territorio. Los éxitos representan grandes logros para estos países clave, dados los conocidos retos que presenta la eliminación de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.

La Región está a punto de eliminar la rabia humana transmitida por el perro. Se ha registrado una marcada reducción del número de casos humanos de rabia transmitida por el perro, y durante el período analizado solo dos países (Haití y República Dominicana) notificaron casos (seis en total). Ambos países están ejecutando programas de prevención, y en Haití se observó un aumento notable del acceso de las personas en situación de vulnerabilidad a la profilaxis posexposición a la rabia. La Oficina facilitó la donación a Haití de 15.000 dosis de la vacuna antirrábica humana de Brasil y 3.000 dosis de Paraguay. Ocho países notificaron casos de rabia canina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela), y 27 países y territorios[24] compraron productos inmunológicos contra la rabia (vacunas e inmunoglobulina humana y animal) por medio del Fondo Rotatorio de la OPS. México concluyó la validación externa de la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, como se señaló en el 2018 en el Tercer informe de la Consulta de Expertos de la OMS sobre la rabia.

La cooperación técnica de la Oficina contribuyó a la ejecución de programas de profilaxis preexposición para la rabia silvestre en zonas amazónicas de Brasil, Colombia y Perú, y de prevención de la rabia de los herbívoros en Guyana. De esta forma se redujo el impacto de la enfermedad en poblaciones indígenas y en otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

En Brasil, Ecuador, Panamá y Paraguay se inició una evaluación de la situación epidemiológica de la brucelosis, centrada en la mejora de los programas nacionales de control y de la colaboración entre la sanidad animal y distintos sectores de la salud pública. La Oficina siguió apoyando la iniciativa sudamericana para el control y la vigilancia de la equinococosis quística/hidatidosis, y proporcionó cooperación técnica para la documentación de la interrupción de la transmisión de la esquistosomiasis en Antigua y Barbuda y Santa Lucía.

Los incidentes con animales venenosos conducen a tasas elevadas de morbilidad y causan muertes en todo el mundo. En mayo del 2018, la 71.a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA71.5, Reducción de la carga de envenenamiento por mordedura de serpiente, con el fin de reducir la mortalidad, las disfunciones y el sufrimiento por esta causa. Los países de América Latina y el Caribe se ven particular afectados por incidentes con serpientes venenosas, principalmente en zonas rurales, y con otros animales venenosos, como escorpiones, arañas, orugas y abejas. Durante el período abarcado por el presente informe, la Oficina, por medio del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), centro especializado de la OPS con sede en Brasil, convocó la primera reunión de laboratorios oficiales productores de antídotos en América Latina e inició la coordinación de una guía técnica que se usará como material de referencia para el diagnóstico y el tratamiento de incidentes con animales venenosos en la Región.

Hepatitis

Además de la labor descrita en el apartado sobre el objetivo 1 de la ASSA2030 con respecto a la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la hepatitis B, la Oficina apoyó la ampliación a mayor escala de las pruebas y el tratamiento de buena calidad para la hepatitis B y C en la Región. Con la publicación de las Directrices para la atención y el tratamiento de las personas diagnosticadas de infección crónica por el virus de la hepatitis C, en las cuales se recomiendan los antivirales pangenotípicos de acción directa, la Oficina respaldó la armonización de las directrices nacionales en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, e inició la elaboración de directrices para la hepatitis C en un proceso que abarca todo el Caribe, el primero de su tipo en relación con el tratamiento de las hepatitis. En el Caribe, Ecuador y Perú se facilitó la armonización de las directrices nacionales para la prueba y el tratamiento de la hepatitis B con las directrices publicadas por la OMS en el 2015 en relación con esta enfermedad.

Por primera vez, la Oficina convocó una reunión subregional del Caribe sobre la prevención y el control de las hepatitis. También por primera vez, en noviembre del 2018, se celebró en Guatemala una reunión de directores de programas latinoamericanos contra las hepatitis, la infección por el VIH y la tuberculosis. Se inició o se apoyó la planificación nacional del control de las hepatitis en varios países, entre ellos Ecuador, Guatemala y Perú; Honduras se convirtió en el primer país centroamericano en redactar una estrategia nacional para las hepatitis, y Colombia publicó la primera estrategia nacional integrada de la Región para la infección por el VIH, las ITS, la tuberculosis y las hepatitis.

La Oficina realizó grandes esfuerzos para ayudar a los países a comprender mejor los costos actuales y futuros, desde el punto de vista epidemiológico y de los sistemas de salud, relacionados con las epidemias de hepatitis B y C. En ese sentido, cabe señalar las siguientes actividades:

1. la formulación de argumentos a favor de la inversión en el control de las hepatitis y un proceso de modelación matemática y formación de consenso para proyectar la carga de enfermedad y el impacto económico de las medidas encaminadas a abordar las epidemias en Brasil y Chile;
2. exámenes del programa contra las hepatitis de Bolivia, El Salvador y Perú; el examen en El Salvador se hizo con la colaboración de los CDC de Estados Unidos.

Enfermedades transmitidas por vectores y por el agua

Como se describe en los apartados precedentes sobre brotes, emergencias y desastres y, más adelante, en los apartados sobre agua, saneamiento e higiene, la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, el chikunguña y el zika, y de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, siguen planteando retos para varios países de la Región de las Américas. La gran disminución del cólera en la isla La Española —de 3.895 casos presuntos notificados en el 2018 a 452 en el primer semestre del 2019— es una señal de que se está avanzando hacia la eliminación. Sin embargo, tal como se señala en la Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales (documento CD55/16), aprobada por el 55.o Consejo Directivo en el 2016, es necesario intensificar la acción para controlar varias enfermedades transmitidas por mosquitos.

La cooperación técnica de la Oficina siguió centrándose en la reducción del cólera en la isla La Española. Asimismo, se abordó la formación de capacidad para lograr programas eficaces de control de vectores mediante la capacitación en la identificación de mosquitos, la vigilancia de vectores y de la resistencia a los insecticidas en Dominica, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas. En Barbados se evaluó el Programa de Control de Roedores y se formularon recomendaciones para fortalecerlo a fin de prevenir brotes de leptospirosis y hantavirus.

Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos

La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza cada vez mayor para los avances en el ámbito de la salud y un grave reto para el logro del objetivo 10 de la ASSA2030, así como de otros objetivos y metas, entre ellos los relacionados con la mortalidad materna, neonatal y de menores de 5 años y algunos relacionados con las ENT. Con financiamientos de Canadá, Alemania y los CDC de Estados Unidos, en el 2018 la Oficina puso en marcha un nuevo programa especial sobre la resistencia a los antimicrobianos con el fin de mejorar la acción de los Estados Miembros, de acuerdo con su contexto, sus necesidades y sus prioridades, para reducir el impacto de este problema.

El progreso en esta área se refleja en la elaboración y la ejecución de planes nacionales de acción para la resistencia a los antimicrobianos en los países, con el enfoque de “Una salud”. Para fines del 2018, 16 países[25] de la Región tenían planes nacionales de acción y otros 13[26] los estaban preparando. La Oficina proporcionó cooperación técnica directa a ocho países (Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Paraguay, República Dominicana y Suriname) para la formulación de planes nacionales de acción durante el período abarcado por el presente informe.

En noviembre del 2018, la Comisión Europea respaldó una propuesta de colaboración para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. La iniciativa, coordinada por la Oficina y ejecutada en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OIE, tiene como objetivos generales hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos en colaboración con los principales agentes mundiales y países estratégicos, e impulsar el Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, puesto en marcha por la OMS en el 2015, con la difusión de experiencias, la promoción de mejores prácticas y el estímulo de la acción en siete países sudamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.

La Oficina ayudó a los países a realizar intervenciones operativas multidisciplinarias y basadas en la evidencia para los programas de gestión de antimicrobianos:

1. En Barbados, Guyana y Santa Lucía se realizó una encuesta de prevalencia puntual del uso de antimicrobianos en los hospitales y se creó una herramienta estandarizada en una aplicación segura en la web a fin de captar datos para la encuesta sobre el uso de antibióticos.
2. Se publicaron directrices prácticas para las autoridades en lo que respecta al personal de salud y a la ejecución de intervenciones costo-eficaces de manejo de la resistencia a los antimicrobianos.[27]
3. Siete países (Costa Rica, Cuba, Guyana, México, Nicaragua, Paraguay y Perú) recibieron apoyo para la ejecución de programas de rectoría con respecto a los antimicrobianos.
4. Se ofreció un curso de una semana sobre detección, vigilancia y análisis de la resistencia a los antimicrobianos, dirigido a microbiólogos y responsables de la información sobre la salud del Caribe.

La Oficina facilitó la elaboración de una iniciativa de dos años de cooperación entre países para el desarrollo sanitario entre Argentina y CARICOM con objeto de fortalecer la detección y la vigilancia nacional y regional de la resistencia a los antimicrobianos en los 14 Estados Miembros independientes de CARICOM.[28] La finalidad de la iniciativa es formar capacidad técnica para realizar pruebas de buena calidad con el fin de detectar la resistencia a los antimicrobianos, compilar y analizar datos de laboratorio sobre el tema, y usar los resultados de laboratorio con objeto de vigilar las tendencias, mejorar las prácticas de prescripción de medicamentos y fomentar políticas, medidas de prevención e intervenciones en relación con la resistencia a los antimicrobianos. La iniciativa contribuye a la implementación del Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS) de la OMS, que se puso en marcha en el 2015 en apoyo de la ejecución del Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. Además brinda apoyo a los países del Caribe en el cumplimiento del RSI. A mediados del 2019, la Oficina estaba tratando de movilizar recursos para que los territorios holandeses y británicos del Caribe pudieran participar en la iniciativa.

La Oficina participó en la reunión del 2019 del Consejo Asesor Presidencial de Estados Unidos de América para Combatir las Bacterias Resistentes a los Antibióticos y en varias reuniones y deliberaciones del Consejo sobre la vigilancia, la gestión de antimicrobianos, y la prevención y el control de infecciones. La Oficina también desempeñó un papel prominente al conseguir que se incluyera la resistencia a los antimicrobianos en la Declaración del G20 emanada de la cumbre realizada en Argentina a fines del 2018.

La Oficina participó en las negociaciones con el Gobierno de Dinamarca, el Banco Mundial y el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agronómicas Internacionales (CGIAI) para llegar un acuerdo sobre el establecimiento del Centro Internacional de Soluciones ante la Resistencia a los Antimicrobianos (ICARS) en Dinamarca. Este centro fortalecerá la lucha mundial contra la resistencia a los antimicrobianos, servirá de centro independiente del saber mundial y de fuente para organismos nacionales e internacionales, y promoverá soluciones adaptadas y económicamente factibles que tengan en cuenta todos los aspectos del enfoque de “Una salud”, prestando especial atención a los países de ingresos bajos y medianos.

En un área conexa, la Oficina se asoció con los CDC de Estados Unidos y con Canadá a fin de apoyar una reunión de la Red Regional para la Vigilancia de la Resistencia a los Antifúngicos de las Enfermedades Micóticas Invasoras. La Red coordinará la vigilancia regional y fortalecerá la capacidad nacional para establecer el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela forman parte de la organización regional, que está elaborando un protocolo para la vigilancia de la resistencia a los antifúngicos de la especie Candida, una fuente común de septicemia intrahospitalaria. Se ha planificado un proyecto piloto para el 2020 con objeto de aplicar el protocolo en América Latina.

Inocuidad de los alimentos

La inocuidad y la inspección de los alimentos basadas en el análisis de riesgos son componentes vitales de un sistema moderno de control de los alimentos. A nivel subregional, la Oficina colaboró en el Caribe con las autoridades nacionales en materia de inocuidad de los alimentos para fortalecer la regulación basada en los riesgos. Un producto decisivo obtenido durante el período examinado fue un manual genérico sobre inspecciones basadas en riesgos. El manual está dirigido a las autoridades nacionales que se encargan de asegurar la inocuidad de los alimentos para proteger la salud pública, los consumidores y el comercio internacional. El manual concuerda con las directrices y normas del Codex Alimentarius, en particular los principios y los enfoques para los sistemas nacionales de control e higiene de los alimentos, así como otros códigos de práctica, como los relativos al pescado, los productos lácteos, la carne y los alimentos callejeros. El manual fue validado por inspectores de alimentos que recibieron capacitación en un taller subregional sobre inspección de alimentos basada en los riesgos. Las autoridades nacionales en materia de inocuidad de los alimentos pueden usarlo como material didáctico y como plantilla para la creación de manuales nacionales para inspectorías de alimentos del Caribe.

La Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA) abarca 250 laboratorios de 31 países miembros.[29] En el 2018, alrededor de 5.000 técnicos de laboratorio de 19 países[30] recibieron capacitación por medio de seminarios por internet de la RILAA. La Red coordinó una comparación microbiológica entre laboratorios con 41 participantes de 23 países.[31]

La Oficina también proporcionó cooperación técnica a nivel nacional.

1. Se evaluaron los sistemas de inocuidad de los alimentos de Costa Rica, El Salvador y Suriname, y se inició la aplicación de las recomendaciones para fortalecerlos.
2. Honduras recibió $150.000 del Fondo Fiduciario del Codex FAO/OMS para fortalecer su comité nacional del Codex con actividades que proseguirán hasta el 2021; la Oficina proporcionó cooperación técnica para la ejecución del proyecto.
3. En Perú, la Oficina inició la cooperación técnica con la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud, en colaboración con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) del Ministerio de la Producción, con el fin de establecer directrices en materia de comunicación de riesgos para la inocuidad de los alimentos.

En Trinidad y Tabago, el gabinete nacional formuló y aprobó una política nacional de inocuidad de los alimentos.

[1]  Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tabago, Venezuela y Uruguay.

[2]  Las intervenciones en Bolivia y Honduras se realizaron con una subvención del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

[3]  OPS. Epidemic of chronic kidney disease in agricultural communities in Central America: case definitions, methodological basis, and approaches for public health surveillance. Washington, D.C.: OPS; 2017. Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34132.

[4]  OMS. Noncommunicable diseases country profiles 2018. Ginebra: OMS; 2018.

[5]  OMS. Taxes on sugary drinks: why do it? Ginebra: OMS; 2017. Disponible en https://bit.ly/2KbHxQq.

[6]  Global Health Observatory Data Repository. Global regional trends by WHO regions 1990-2030. Overweight 1990-2018. Disponible en https://bit.ly/2Y48hoJ.

[7]  Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Brasil, Dominica, Granada, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, y Uruguay.

[8]  OMS. Exclusive breastfeeding to reduce the risk of childhood overweight and obesity (2014). Disponible en https://www.who.int/elena/titles/bbc/breastfeeding_childhood_obesity/en/.

[9]  OMS. WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2000-2025, segunda edición. Ginebra: OMS; 2018. Disponible en https://bit.ly/2ThRdhj.

[10] Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[11] Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[12] RTI International. Studying investment in tobacco control in low- and middle-income countries: investment cases
for the FCTC. Disponible en https://www.rti.org/impact/studying-investment-tobacco-control-lmics y https://bit.ly/2xdFjre.

[13] OMS. Global status report on road safety 2018. Ginebra: OMS; 2018. Disponible en

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/.

[14] Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[15] Argentina, Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San Martín, Suriname, Trinidad y Tabago y Venezuela.

[16] COPOLAD es un programa de cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

[17] Argentina, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[18] Argentina, Bahamas, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[19] OPS. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. Washington, D.C.; OPS; 2018. Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49679?locale-attribute=es.

[20] Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Suriname.

[21] Documento A\73\l.4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

[22] Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Suriname.

[23] Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

[24] Argentina, Aruba, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Caimán, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[25] Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Granada, Guyana, Haití, México, Perú, Saint Kitts y Nevis, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[26] Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela.

[27] OPS; Florida International University. Recommendations for Implementing Antimicrobial Stewardship Programs in Latin America and the Caribbean: Manual for Public Health Decision-Makers. Washington, D.C.: OPS, FIU; 2018.

[28] Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tabago.

[29] Argentina, Aruba, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[30] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

[31] Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

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El fortalecimiento de los mecanismos para monitorear y medir las inequidades y el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas es una prioridad para la Oficina. En marzo del 2019, la Oficina convocó una reunión regional titulada “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la salud en las Américas: retos para el seguimiento de la equidad y propuestas para progresar”. Ese evento marcó el inicio del establecimiento en toda la organización de un marco centrado en la equidad para dar seguimiento al progreso a nivel regional y de país hacia las metas de la ASSA2030 y del ODS 3. Se examinaron posibles metodologías encaminadas a medir las desigualdades relacionadas con los 27 indicadores del ODS 3 y se elaboró un diagrama en el cual se vincula cada indicador con mecanismos de recopilación sistemática de datos para determinar las líneas de base y las metas. Entre los participantes en la reunión se encontraban funcionarios de departamentos técnicos de la Oficina y varias representaciones de la OPS/OMS, así como expertos de la sede de la OMS en Ginebra, la Oficina Regional de la OMS para Europa, la Universidad Federal de Pelotas (Brasil), el Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria, y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

En su trabajo de promoción de la salud, que es un componente fundamental de la cooperación técnica con los Estados Miembros para impulsar la ASSA2030, la Oficina aborda los determinantes sociales de la salud. Durante el período examinado, tras extensas consultas se estableció el nuevo marco para la cooperación técnica pertinente: la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 (documento CD57/10). El proceso abarcó una reunión regional en Brasil, que contó con 70 participantes de 31 países y territorios,[1] y 35 consultas nacionales con ministerios de salud y representantes de otros sectores, entre ellos la comunidad académica y la sociedad civil.[2] El documento final fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 164.a sesión, y será sometido a la consideración del 57.o Consejo Directivo en septiembre del 2019.

La medida en que la promoción de la salud se usa como enfoque transversal varía entre los países, y es necesario que todos los Estados Miembros la incluyan en su política y sus planes nacionales de salud como un enfoque que abarca no solo actividades de educación sobre la salud, sino también el trabajo intersectorial, la participación comunitaria y otros aspectos de la estrategia de APS. Diecisiete países[3] tienen políticas de promoción de la salud; nueve incluyen la promoción de la salud en sus planes nacionales de salud (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, México y Perú); siete tienen una estrategia nacional de promoción de la salud (Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú).

Para fortalecer la ejecución de la ASSA2030 a escala local e impulsar políticas que fomenten la salud, la Oficina colaboró con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA) a fin de dar nuevo ímpetu al movimiento de ciudades y municipios saludables en la Región. La Oficina contribuyó a la creación de una comisión especial de salud de la FLACMA, que se centrará en la promoción de la salud, la salud en todas las políticas y la ejecución de la ASSA2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel local.

Desde el 2011, la OPS ha celebrado la Semana del Bienestar en las Américas, que se realiza cada año en el mes de septiembre, siguiendo el modelo del Día del Bienestar del Caribe establecido por los jefes de Estado y de Gobierno de CARICOM en la Declaración de Puerto España del 2007 sobre la prevención y el control de las ENT, que también se celebra en septiembre de cada año. El propósito de la Semana del Bienestar es movilizar a diversos agentes que puedan tener un efecto positivo en su comunidad: promotores de salud, personal de ministerios de salud, alcaldes, líderes comunitarios y la sociedad civil en general. El lema de la Semana del Bienestar del 2018, “Creando comunidades saludables para tod@s”, destacó la importancia de la promoción de la salud para las decisiones de todos, en todos los entornos, con el fin de mejorar la vida de todos. En la campaña del 2018 se pusieron de relieve los relatos de personas de ocho países (Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y Jamaica) que realizaron intervenciones de promoción de la salud en su comunidad.

A mediados del 2018, la Oficina inició un examen de los enfoques actuales para abordar la equidad en la salud en la cooperación técnica. Se analizaron la coherencia y la eficacia de los mandatos en esta área ejecutados en cumplimiento del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, así como los obstáculos para las iniciativas sobre la equidad en la salud en la Organización. Se llegó a la conclusión de que gran parte de la labor en este ámbito se había concentrado en la medición de las desigualdades y en los enfoques de los marcos de la salud universal y los determinantes sociales, y se propusieron estrategias para adoptar una gama más amplia de enfoques de la equidad en la salud.

En septiembre del 2018, la Comisión de Equidad y Desigualdades en la Salud en las Américas, establecida por la Directora de la OPS en el 2016 bajo la presidencia de sir Michael Marmot, presentó al 56.o Consejo Directivo un resumen de sus resultados en lo que respecta a las causas sociales y los contextos de la mala salud en la Región, junto con propuestas para abordarlos. En abril del 2019, la Oficina recibió el informe final de la Comisión, que contiene doce recomendaciones organizadas en torno a tres factores principales que influyen en la equidad en la salud: factores estructurales (estructuras políticas, sociales, culturales y económicas; racismo estructural; cambio climático), condiciones de la vida cotidiana (los primeros años y la educación, el trabajo, la protección social y de los ingresos, la violencia, el medioambiente y la vivienda, y el sistema de salud) y mecanismos de gobernanza y protección de los derechos humanos. En el informe también se reconoce la intersección y la multiplicación de los efectos de las diversas formas de desventaja. En consecuencia, la Oficina estableció un grupo interprogramático encargado de analizar la armonización óptima del trabajo de la Oficina con las recomendaciones de la Comisión. Se elaboró un documento de información conexo, que se presentará al 57.o Consejo Directivo de la OPS en septiembre del 2019, en ocasión de la publicación regional del informe final de la Comisión.

En enero del 2019, la Oficina obtuvo financiamiento de un importante asociado nuevo, la Fundación Robert Wood Johnson, a fin de respaldar la atención prioritaria a la equidad en la salud. Con estos recursos se abordarán las lagunas en los conocimientos sobre el alcance y la eficacia de las políticas nacionales y subnacionales encaminadas a reducir las inequidades en materia de salud; la mejora del intercambio de conocimientos con redes dedicadas a la equidad en la salud, integradas por la sociedad civil, la comunidad académica y ejecutores de programas; y la preparación de guías, herramientas y capacitación para los Estados Miembros sobre la formulación de políticas y la planificación en favor de la equidad en la salud.

Durante el período analizado, la Oficina realizó y publicó una revisión sistemática de la incidencia de la infección por el VIH, las ITS y las hepatitis virales en las personas indígenas y afrodescendientes de América Latina.[4] En el estudio se encontraron lagunas en los datos sobre la carga de estas enfermedades y se destacó la necesidad de mejorar la vigilancia nacional con la recopilación y el análisis sistemáticos de datos sobre las variables de etnicidad, de realizar estudios bioconductuales integrados con metodologías robustas y estrategias culturalmente sensibles, de elaborar una política de respuesta de alcance regional que considere las necesidades de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, y de adoptar un enfoque intercultural de la salud y la prestación de servicios para eliminar los obstáculos al acceso y mejorar los resultados en materia de salud de estas poblaciones.

La Oficina mantuvo extensas consultas nacionales y subnacionales con pueblos indígenas, personas afrodescendientes y romaníes, ministerios de salud y otras entidades pertinentes. Se emplearon diversas modalidades, entre ellas reuniones presenciales y virtuales, para sustentar la elaboración de la Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud 2019-2025 (documento CD57/13). El objetivo fue incorporar todas las perspectivas en este nuevo marco, que se presentará al 57.o Consejo Directivo en septiembre del 2019. El marco se basa en la iniciativa La salud de los pueblos indígenas de las Américas (documento CD47/13) del 2006; concuerda con el Plan de acción del decenio de las y los afrodescendientes en las Américas (2016-2025), adoptado conjuntamente por la OEA y la OPS; pone en práctica la orientación proporcionada en la Política sobre etnicidad y salud, aprobada por la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana en el 2017 (documento CSP29/7, Rev. 1) y considera el Plan de salud para la juventud indígena de América Latina y el Caribe y el Plan de salud para la juventud afrodescendiente de América Latina y el Caribe, ambos del 2018. Cuando se apruebe, la nueva estrategia y plan de acción proporcionará orientación para avanzar en la equidad en la salud en la Región de las Américas.

La Oficina colaboró con el Centro Nacional de Salud Intercultural del Ministerio de Salud de Perú para promover la inclusión en los registros de salud de la autoidentificación indígena, afroperuana y de otros pueblos. Esta identificación posibilita el análisis de datos desglosados, la detección de inequidades y la adopción de medidas específicas para atender las necesidades de las personas que se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión. También en Perú, la Oficina apoyó una prueba piloto de un instrumento cualitativo de la OMS para analizar la situación de los obstáculos en el lado de la demanda al acceso a la salud que enfrentan las personas que trabajan en la economía informal. El proyecto piloto se centra en la situación de los migrantes venezolanos, y los resultados servirán de base para iniciativas encaminadas a promover la salud universal en Perú.

En el 2017 se creó una metodología en favor de la equidad, con criterios relativos a los temas transversales,[5] en el marco del proyecto de Sistemas Integrados de Salud en América Latina y el Caribe. La Oficina ha perfeccionado y probado una versión más integrada del instrumento, con una plataforma en línea fácil de usar y ejemplos del uso de la metodología. La nueva versión se usó en las representaciones de la OPS/OMS para la presentación de informes sobre el proyecto de Sistemas Integrados de Salud a fines del 2018. La Oficina prevé usar la nueva metodología y plataforma más ampliamente con el fin de crear, monitorear y actualizar una base de datos de los métodos utilizados por la Oficina y los Estados Miembros para abordar los temas transversales.

Promoción de la igualdad de género en la salud

Es sabido que la desigualdad en materia de género es un factor importante que influye en la inequidad en la salud de los hombres, las mujeres y las personas con identidades de género diversas. En esta desigualdad intervienen diferencias entre hombres y mujeres determinadas social y culturalmente en la exposición, el comportamiento y el acceso a la atención de salud, y los sesgos en la prestación de servicios y la investigación sobre la salud, entre otros factores.

Durante el período abarcado por el presente informe, la Oficina hizo un estudio de las iniciativas regionales y de los países para integrar la perspectiva de género en la salud. El estudio incluyó un análisis de las definiciones de integración de la perspectiva de género y los requisitos institucionales establecidos en los documentos de política y los mandatos regionales; una revisión sistemática de los resultados documentados de la integración de la perspectiva de género en las políticas y los programas nacionales de salud, en particular las prioridades de género y salud de los ODS 3 y 5; un examen de documentos de la OPS, publicaciones científicas e información disponible en la web; y entrevistas semiestructuradas con expertos. Estos componentes se complementaron con tres estudios de casos —en Guatemala, Guyana y Perú— centrados en las experiencias de los interesados y las enseñanzas de la integración del género en los distintos sectores de la salud. Estos países participaron en los estudios, y la Oficina organizó la presentación virtual de los resultados y las recomendaciones a cada uno de ellos, y facilitó la colaboración entre asociados con el fin de estimular la continuación del trabajo.

El estudio integral de la Oficina y los estudios de casos de los tres países han llevado a una serie de recomendaciones sobre la integración de la perspectiva de género en la salud: establecer requisitos mínimos para las intervenciones institucionales y programáticas; documentar las estrategias eficaces y fructíferas y sus resultados; ampliar el alcance y las definiciones, con planes operativos cuantificables y un énfasis en los resultados, y fortalecer la capacidad para los análisis de género, el seguimiento y la evaluación. Las recomendaciones se presentaron en una reunión de un grupo de expertos durante la conferencia Women Deliver 2019 realizada en Vancouver (Canadá) en junio del 2019.

La cooperación técnica de la Oficina contribuyó al fortalecimiento de la capacidad de análisis en materia de género en Granada, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, con el propósito de extender intervenciones similares a otros países del Caribe oriental. La iniciativa abarcó la elaboración de perfiles de género para distintos temas de salud —como la infección por el VIH y las ITS— en colaboración con cada ministerio de salud y sus asociados, a fin de suministrar información de referencia para dar seguimiento a los avances y formular nuevas iniciativas.

Con el fin de reforzar la capacidad de los sistemas de salud del Caribe para responder a la violencia contra la mujer, se capacitó a instructores en la subregión sobre la respuesta del sistema de salud basada en la evidencia a las sobrevivientes de la violencia sexual y de pareja. Los principales objetivos de este trabajo eran fortalecer la capacidad de los prestadores de servicios de salud para detectar y atender a sobrevivientes de la violencia y aumentar la colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que atienden a mujeres sobrevivientes. La intervención se efectuó en colaboración con el Organismo de Salud Pública de Canadá, la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins (Centro Colaborador de la OPS sobre recursos humanos para la salud), el UNFPA, el UNICEF, ONU-Mujeres, el Banco Mundial y CARICOM.

A fines del 2018, la Oficina firmó un memorando de entendimiento con la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH), organización sin fines de lucro, interdisciplinaria, profesional y educativa dedicada a la salud transgénero, para organizar un curso virtual de cinco módulos sobre la salud de las personas LGBT. El curso se ofrecerá en el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS a partir de fines del 2019.

En el 2018, la Directora de la OPS elaboró un informe sobre la salud de las personas LGBT y sus obstáculos para el acceso a los servicios de salud (documento CD56/INF/11, Corr.) con los aportes del grupo de trabajo interprogramático de la Oficina sobre las personas LGBT. Con la presentación del informe al 56.o Consejo Directivo en septiembre del 2018 se cumplió uno de los mandatos establecidos en el 2013 en la resolución CD52.R6, Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. Los resultados y las recomendaciones del informe de la Directora procuran guiar la labor de los países para eliminar los obstáculos que enfrentan las personas LGBT en el acceso a los servicios de salud, en particular el fomento de la protección social y financiera de una manera no discriminatoria y la protección de su derecho a la salud.

Mejora de la salud adolescente

La población adolescente enfrenta muchos obstáculos para recibir la gama completa de servicios preventivos, promocionales y curativos de buena calidad y apropiados para la edad que necesitan. Los servicios, en los lugares donde los hay, pueden estar fragmentados y no concordar con las necesidades de salud de la población joven. Los enfoques multisectoriales y las intervenciones dirigidas a la familia, la escuela y la comunidad, así como las iniciativas para detectar y atender a los grupos de población joven más vulnerables con intervenciones basadas en la evidencia, siguen siendo limitados en número y alcance.

La cooperación técnica de la Oficina en la salud adolescente contribuye a la consecución de varias metas de la ASSA2030, en particular las relacionadas con las ENT y los trastornos mentales, las enfermedades transmisibles, los traumatismos causados por el tránsito, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, la mortalidad materna y la salud sexual y reproductiva. En el 2018, la Oficina terminó de preparar un informe regional sobre el estado de salud de la población adolescente en la Región,[6] basado en 19 indicadores regionales y en información sobre la ejecución de la Estrategia y plan de acción regional sobre los adolescentes y jóvenes 2010-2018. El informe muestra que se han hecho grandes avances a escala regional y de país en el desarrollo y la ejecución de actividades para promover la salud de adolescentes y jóvenes, entre ellas el establecimiento de programas de salud para la población adolescente en la mayoría de los países, la disponibilidad y la utilización de información estratégica, la ampliación de los servicios de salud para la población adolescente, la formación de capacidad de los interesados en una variedad de temas de salud adolescente y la introducción de intervenciones escolares y familiares. Sin embargo, en el informe también se señala que no todos los grupos se han beneficiado por igual de este progreso; la mortalidad en la adolescencia no ha cambiado, y los homicidios, los suicidios y las muertes causadas por el tránsito son las principales causas de muerte en este grupo.

Entre las recomendaciones del informe regional cabe señalar la necesidad de que haya suficientes fondos para los programas multisectoriales de salud de adolescentes y jóvenes que aborden los determinantes sociales de la salud; el establecimiento de un sistema de salud que responda a las necesidades de la población adolescente; intervenciones en la escuela, la familia y la comunidad para proteger y promover la salud infantil y adolescente; el uso de enfoques basados en la evidencia orientados a grupos en situación de vulnerabilidad; el seguimiento y la evaluación para fundamentar la planificación estratégica y la adaptación oportuna de programas y servicios; y la participación de la población joven como agentes de cambio.

Las medidas mundiales aceleradas en favor de la salud adolescente (conocidas como
AA-HA! por su sigla en inglés), propuestas por la OMS en el 2017, son una guía para elaborar planes y estrategias multisectoriales integrales de salud de los adolescentes, basados en la evidencia y en consonancia con los ODS y la Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente. Durante el período analizado, la Oficina capacitó a equipos de ocho países (Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana) para aplicar la guía AA-HA! y proporcionó asistencia a cuatro países (Belice, Honduras, Guyana y Suriname) en la elaboración de una nueva generación de planes de salud adolescente.

La Oficina facilitó el uso del instrumento Innov8 de la OMS no solo para examinar las intervenciones encaminadas a reducir los embarazos en la adolescencia, sino también para analizar los programas de salud adolescente. El proceso analítico de ocho pasos de Innov8 para los programas de salud procura concretar el compromiso de los ODS de “no dejar a nadie atrás” y su aplicación conduce a actividades concretas para abordar las inequidades en materia de salud, apoyar la igualdad étnica y de género, abordar los determinantes sociales críticos de la salud, y alcanzar progresivamente la salud universal y el derecho a la salud.

La Oficina apoyó la traducción y el uso de un manual para evaluar los obstáculos que enfrenta la población adolescente para acceder a los servicios de salud, en particular los adolescentes desfavorecidos, publicado por la OMS en el 2019. El manual presenta una metodología encaminada a detectar los grupos poblacionales sin cobertura de servicios de salud y los obstáculos más importantes que enfrentan. México ha solicitado la aplicación de la metodología para el año próximo.

Salud ambiental, agua, saneamiento e higiene

La cooperación técnica de la Oficina en el período abarcado por el presente informe contribuyó a la reducción de los daños y las amenazas para la salud del medioambiente y a la mejora del agua, el saneamiento y la higiene en algunos países y subregiones.

En colaboración con ministerios de salud, medioambiente y energía, la Oficina realizó una evaluación coyuntural de la preparación nacional para reducir el uso residencial de combustibles sólidos y querosén, usando la herramienta para la evaluación rápida del consumo doméstico de energía (HEART) en Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Esta herramienta es un método novedoso para estimular la conversación intersectorial de acuerdo con las directrices de la salud en todas las políticas. Al usarla con los países, la Oficina fomentó la participación de los sectores de la salud en las deliberaciones pertinentes y elaboró un informe orientado a cada país con un diagnóstico de la situación y una hoja de ruta para mejorar el acceso a la energía limpia para todos.

Como parte de la campaña mundial BreatheLife, iniciativa conjunta de la OMS, ONU-Medio Ambiente y la Coalición Clima y Aire Limpio, la Oficina ayudó a formar la capacidad para hacer frente a la contaminación del aire ambiental en varios Estados Miembros. La cooperación técnica consistió en un taller en Colombia sobre sistemas de monitoreo del aire, inventarios de emisiones, y transporte, además de asistencia para la preparación de hojas de ruta para la acción en Argentina, Honduras y Paraguay.

La Oficina apoyó la capacitación de funcionarios de salud ambiental y otros interesados de las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Saint Kitts y Nevis sobre el monitoreo de la calidad del aire en locales cerrados. Además, se mejoró la capacidad de los países en el área del manejo in situ de aguas residuales, y se formularon y adoptaron directrices para los países.

En Centroamérica, la Oficina propuso una iniciativa sobre la calidad del aire y la salud, y la negoció con el PARLACEN, que la respaldó por medio de una resolución en mayo del 2019. En la resolución se reconoce la calidad deficiente del aire como problema de salud pública y como importante factor de riesgo ambiental de las ENT que es necesario priorizar y abordar adecuadamente. En la resolución se encomienda a la SE-COMISCA y a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo que establezcan o fortalezcan normas técnicas para la calidad del aire a fin de proteger la salud, se insta a los Estados Miembros del SICA a que examinen su marco jurídico en esta área y se recomienda la creación, con la cooperación técnica de la Oficina, de un observatorio de la calidad del aire en la subregión centroamericana. La Oficina propuso una ley modelo para la creación o el fortalecimiento de leyes sobre la calidad del aire, que también fue aprobada por el PARLACEN.

Con financiamiento de ONU-Medio Ambiente y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Oficina proporcionó cooperación técnica para la eliminación del plomo en la pintura. Con ese fin organizó el primer taller regional sobre el tema en junio del 2019. La Oficina también comenzó a trabajar en otros proyectos del FMAM para la aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio en Argentina (reemplazo de termómetros), el Caribe (productos para aclarar la piel) y Uruguay (eliminación gradual de la amalgama dental).

La Oficina aplicó el protocolo WASH (sigla en inglés de agua, saneamiento e higiene) para evaluar establecimientos de salud de seis países (Bolivia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) en lo que se refiere a las medidas relacionadas con el agua, el saneamiento, la higiene, el drenaje, los desechos de los servicios de salud y el control de vectores. Esta información, que servirá de base para integrar el protocolo WASH en las políticas y planes nacionales de salud, fue la fuente principal de datos regionales para el Informe de línea de base mundial 2019, WASH en los establecimientos de salud, del Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS/UNICEF, que se publicó en abril del 2019. Participaron en esta tarea la OMS, el UNICEF, el proyecto de Sistemas Integrados de Salud en América Latina y el Caribe y el Gobierno del Perú.

En Brasil, la Oficina coordinó y utilizó la metodología TrackFin para dar seguimiento al financiamiento del protocolo WASH a escala subnacional. Además, la Oficina aplicó la metodología del análisis y evaluación mundial sobre saneamiento y agua potable en 25 países y territorios.[7] Ambos instrumentos revelaron grandes disparidades en la comprensión y el seguimiento del financiamiento en el sector del agua, el saneamiento y la higiene en los países, lo cual dificulta la planificación basada en la evidencia y las decisiones presupuestarias. La Oficina seguirá promoviendo la metodología TrackFin y respaldará un estudio regional de la asequibilidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene en un marco de derechos humanos. Participan en esta tarea la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, la AECID, FIOCRUZ Brasil, el Gobierno de Perú y la OMS.

Migración y salud

En el 2018, los Estados Miembros afrontaron grandes retos con respecto a la salud y la migración, que se describen en el apartado sobre el objetivo 8 de la ASSA2030, “Brotes, emergencias y desastres”. Además, en vista de las medidas tomadas por varios Estados en relación con la migración internacional, la Oficina convocó una reunión de alto nivel en Washington, D.C., en noviembre del 2018, en la cual los ministros de salud y otros representantes de 32 países y territorios[8] de la Región de las Américas señalaron una serie de medidas para mejorar la respuesta del sector de la salud a la migración masiva que se está produciendo en la Región.[9] Sobre la base de esos insumos y de consultas adicionales con los Estados Miembros, la Oficina publicó el Documento de orientación sobre migración y salud, en el cual se describen medidas centradas en las personas, un enfoque de múltiples amenazas y la responsabilidad compartida entre instituciones y autoridades nacionales y subnacionales y los sectores público y privado.

Mejora de la cooperación internacional para la salud centrada en los países

Los resultados de la cooperación técnica de la OPS son evidentes en los Estados Miembros, y la Oficina siguió adaptando sus intervenciones a las prioridades y las necesidades de cada país, determinadas por medio de las estrategias de cooperación. Cada estrategia de cooperación concuerda plenamente con la ASSA2030, el ODS 3 y los ODS conexos, según corresponda a la situación nacional, guía el trabajo de la Organización con el país y en el mismo, y refleja la visión a mediano plazo para la cooperación técnica con el Estado Miembro. Durante el período abarcado por el presente informe, concluyeron las estrategias de cooperación en diez países (Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía) y se evaluaron en cuatro (Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana).

Guiándose por el principio de “no dejar a nadie atrás” y teniendo en cuenta las necesidades de los ocho países clave, que enfrentan enormes retos estructurales, económicos y sociales, la Oficina fomentó la aplicación de la estrategia de países clave de la OPS. El seguimiento estrecho y el ajuste de la cooperación técnica con estos países durante el período analizado, incluido el examen formal de la cooperación técnica con Haití, dieron lugar a intervenciones oportunas y eficaces en los países, que aumentaron al máximo el valor agregado y el impacto de la Oficina.

La Oficina tiene una larga trayectoria de defensa y promoción de la cooperación Sur-Sur y triangular, inicialmente por medio de su iniciativa de cooperación técnica entre países (CTP) y ahora con el programa de cooperación entre los países para el desarrollo sanitario, el sucesor de la CTP. La cooperación entre países para el desarrollo sanitario no solo aprovecha la pericia de la Organización, sino que también busca y moviliza conocimientos especializados en los propios países para formular soluciones adaptadas a los problemas de salud, un aspecto igualmente importante. Durante el período abarcado por el presente informe, las experiencias de cooperación entre los Estados Miembros de la OPS se documentaron en publicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur,[10] el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina[11] y la OMS.[12]

Por segundo año consecutivo, la Oficina y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) aunaron fuerzas para contribuir a la visibilidad y la comprensión de la cooperación Sur-Sur y triangular en el sector de la salud de la Región de las Américas con la elaboración y publicación de un informe colaborativo.[13] En esta edición del 2018, que se dio a conocer en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (BAPA+40), celebrada en Buenos Aires en marzo del 2019, se presenta el perfil de cada uno de los Estados Miembros que presentaron informes a la SEGIB. En el informe también se analiza la contribución de la cooperación Sur-Sur y triangular a diversos ODS además del 3, lo cual muestra el enfoque multisectorial de los proyectos.

En el período examinado se aprobaron cinco proyectos en el marco de la iniciativa de cooperación entre países para el desarrollo sanitario, que facilitaron los intercambios entre 25 países y territorios,[14] seis de los cuales son países clave. Los cinco proyectos fueron:

1. “Hacia la salud universal de la población del Chaco sudamericano”, con Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay;
2. promoción de políticas de salud pública para abordar el sobrepeso y la obesidad en Chile y CARICOM, con CARICOM y Chile;
3. mejora de la salud maternoinfantil en la frontera norte de Haití y la República Dominicana, con Haití y la República Dominicana;
4. fortalecimiento de la detección y la vigilancia nacional y regional de la resistencia a los antimicrobianos en los Estados Miembros de CARICOM, con Argentina y CARICOM;
5. generación de información crucial para planificar programas de control del cáncer y darles seguimiento en América Latina, con Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

La Oficina asignó $1,9 millones a esta modalidad de cooperación y movilizó $1,2 millones en contribuciones en especie de los Estados Miembros participantes. Todos los proyectos contribuyeron directamente a metas de la ASSA2030 y el ODS 3, así como a los ODS 2 y 17. Además, la Oficina trabajó para fortalecer las oficinas de relaciones internacionales de los ministerios de salud y creó una comunidad de práctica para representantes de esas oficinas en noviembre del 2018. Los objetivos de esta comunidad de práctica son facilitar las mejoras de la gobernanza nacional para la salud mundial y la cooperación internacional para la salud y promover la diplomacia sanitaria y la cooperación entre países.

La cooperación de la Oficina centrada en los países también mejoró como consecuencia de la estrecha colaboración con los Estados Miembros en tareas cruciales de planificación, presupuestación y evaluación, incluida la evaluación conjunta de fin de bienio; la formulación del proyecto de Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, junto con indicadores para el Plan y la ASSA2030, por medio del Grupo Asesor; la formulación de la nueva política del presupuesto regional y la preparación del proyecto de presupuesto por programas 2020-2021. Se presentan más detalles en la tercera parte de este informe, en el apartado titulado “Planificación y presupuestación”.

[1]    Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, y Venezuela.

[2]    Las consultas nacionales se celebraron en Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Islas Caimán, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Venezuela y Uruguay.

[3]    Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú y República Dominicana.

[4]    Russell NK, Nazar K, del Pino S, Alonso Gonzalez M, Díaz Bermúdez XP, Ravasi G. HIV, syphilis, and viral hepatitis among Latin American indigenous peoples and Afro-descendants: a systematic review. Rev Panam Salud Pública. 2019;43:e17. Disponible en https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.17.

[5]    En el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 se señalan cuatro temas transversales —género, equidad, derechos humanos y etnicidad— como enfoques programáticos que deben aplicarse en todas las áreas programáticas para mejorar los resultados en materia de salud y reducir las inequidades.

[6]    OPS. La salud de los adolescentes y jóvenes en la Región de las Américas: la aplicación de la estrategia y el plan de acción regionales sobre la salud de los adolescentes y jóvenes (2010-2018). Washington, D.C.: OPS; 2018 (actualizado en febrero del 2019). Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49545.

[7]    Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, y Venezuela.

[8]    Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaҫao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

[9]    OPS. Regional ministerial meeting on mass migration on health, 29 November 2018: Meeting proceedings. Washington, D.C.: OPS; 2018. Disponible en https://bit.ly/2OEMm4o.

[10]   Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Buenas Prácticas en la Cooperación Sur-Sur y Triangular para el Desarrollo Sostenible - Volumen 2. Nueva York: UNOSCC; 2018. Disponible en https://www.unsouthsouth.org/2018/11/28/good-practices-in-south-south-and-triangular-cooperation-for-sustainable-development-vol-2-2018-in-seven-languages/?lang=es.

[11]   Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Cooperación Argentina. Buenos Aires: MREC; 2019. Disponible en https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/publicacion-paba.pdf.

[12]   OMS. Promoting health through South-South and triangular cooperation: selected WHO country case studies. Ginebra: OMS; 2019 (WHO/CCU/19.05).

[13]   OPS; SEGIB. La Cooperación Sur-Sur y triangular en el sector de la salud en Iberoamérica, 2018. Washington, D.C.: OPS, SEGIB; 2018. Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/50514.

[14]   Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tabago.

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